La ciudadanía demanda crecientemente mayor transparencia e integridad a quienes ejercen una función pública. Esto sienta sobre los hombros de cada una de las personas funcionarias una gran responsabilidad, ya que implica la realización de su trabajo con altos estándares de compromiso, competencia y calidad. Asimismo, obliga a que las decisiones y acciones que se adopten se apeguen irrestrictamente a la probidad y a la lucha contra el flagelo de la corrupción en todos los espacios y ámbitos de acción de quienes se desempeñan en la Administración.