La Revista Chilena de la Administración del Estado ha llegado a su décima publicación. Desde sus comienzos en 2019, junto a los artículos jurídicos característicos de este tipo de publicaciones, ha dado cabida a autores de otras ramas de las ciencias sociales que se animaron a enviar sus trabajos. Esta decisión ha traído como consecuencia la acumulación de un conocimiento multidisciplinario que nos ha permitido ofrecer enfoques más amplios para nuestros lectores.

Cuando en el primer número de esta revista, hace ya más de cuatro años, escribí sobre la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios, lo hacía con la motivación y esperanza de saber que todas las innovaciones que traería aparejadas llevaban por el camino correcto. En ese entonces, nuestro Portal de Atención de Reclamos Funcionarios y la tramitación digital de estos, recién se daban a conocer entre la comunidad y, la aplicación de la ley Nº 19.880 al procedimiento de la unidad inspiraba interés y expectativa. También lo hacía el examen de admisibilidad que la unidad realizaría, algo totalmente novedoso e innovador en la función jurídica de la Contraloría General.

Este año se conmemora el décimo aniversario de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. A raíz de ello, la Revista Chilena de la Administración del Estado presenta esta edición especial. La alianza busca impulsar la implementación y difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –UNCAC– a través de acciones y estrategias que den cumplimiento a sus principios. Fue creada en 2012 como un grupo de trabajo intersectorial, que actualmente está compuesto por 33 instituciones públicas, privadas, internacionales, académicas y de la sociedad civil.

Para avanzar en el cuidado y buen uso de los recursos públicos, la Contraloría General de la República ha desarrollado distintas iniciativas, las que, basadas en su Plan Estratégico 2017-2020 y 2021-2024, han orientado el rumbo de su administración. Entre las diversas ideas desarrolladas, un elemento común que se ha establecido como prioritario es la colaboración con las entidades auditadas.

La ciudadanía demanda crecientemente mayor transparencia e integridad a quienes ejercen una función pública. Esto sienta sobre los hombros de cada una de las personas funcionarias una gran responsabilidad, ya que implica la realización de su trabajo con altos estándares de compromiso, competencia y calidad. Asimismo, obliga a que las decisiones y acciones que se adopten se apeguen irrestrictamente a la probidad y a la lucha contra el flagelo de la corrupción en todos los espacios y ámbitos de acción de quienes se desempeñan en la Administración.

En tiempos de incertidumbre política, a medio camino entre un ciclo histórico fenecido y uno naciente que no acaba por estructurarse y definirse, los órganos administrativos han de seguir funcionando para satisfacer las necesidades de la comunidad. Junto con el cambio, aparece con más fuerza la necesidad de revisar los distintos elementos que componen ese entramado complejo que identificamos como Administración del Estado. Dentro de ellos, el régimen jurídico de su componente humano —esto es, los hombres y mujeres al servicio de esa entidad abstracta— reclama una actualización urgente a la luz del rol que la sociedad demanda del Estado, en un país recientemente marcado por la insatisfacción de los ciudadanos con el sector público, pero también con el mercado dominado por actores privados.

La publicación del cuarto número de la Revista Chilena de la Administración del Estado coincide con una nueva estrategia institucional que tiene a la confianza como valor central y a la transformación de la Contraloría en una institución impulsada por datos entre sus objetivos.

El uso de tecnología para promover la confianza en las instituciones públicas es altamente valorado. Según la reciente publicación titulada Perspectivas económicas de América Latina 2020, «Las tecnologías digitales pueden ayudar a restaurar la confianza en las instituciones públicas, al hacer que sean más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras» (OECD, 2020, p. 8).

La promoción del debate e investigación sobre la Administración del Estado que orienta a esta revista resulta particularmente compleja en momentos como los actuales, en que a partir de la pandemia del COVID-19, desde hace varios meses se han transformado nuestras vidas, en los diferentes aspectos de nuestros quehaceres. Hemos ido aprendiendo nuevas formas de relacionarnos en lo laboral, lo académico y lo personal; todo ello de manera sorpresiva y vertiginosa.

La Administración pública se sustenta en el conocimiento generado por múltiples disciplinas, para disponer eficientemente de los recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos colectivos, bajo los principios de legalidad y probidad.

Desde sus orígenes, allá por el siglo XIX, uno de los temas relevantes del derecho administrativo ha sido la relación entre la Administración pública y la clase política. 

El Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) es una iniciativa creada en 2016 al alero de la Contraloría General de la República. Tiene dentro de sus objetivos apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas y colaborar en la formación transversal de funcionarios de nivel central y local. Para esto, se han desarrollado actividades de formación destinadas a entregar los conocimientos necesarios a quienes se suman a la función pública. Además, se han entregado certificaciones en materias específicas que contribuyen a fortalecer las labores que desarrollan los servicios.