En tiempos de incertidumbre política, a medio camino entre un ciclo histórico fenecido y uno naciente que no acaba por estructurarse y definirse, los órganos administrativos han de seguir funcionando para satisfacer las necesidades de la comunidad. Junto con el cambio, aparece con más fuerza la necesidad de revisar los distintos elementos que componen ese entramado complejo que identificamos como Administración del Estado. Dentro de ellos, el régimen jurídico de su componente humano —esto es, los hombres y mujeres al servicio de esa entidad abstracta— reclama una actualización urgente a la luz del rol que la sociedad demanda del Estado, en un país recientemente marcado por la insatisfacción de los ciudadanos con el sector público, pero también con el mercado dominado por actores privados.