Cuando en el primer número de esta revista, hace ya más de cuatro años, escribí sobre la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios, lo hacía con la motivación y esperanza de saber que todas las innovaciones que traería aparejadas llevaban por el camino correcto. En ese entonces, nuestro Portal de Atención de Reclamos Funcionarios y la tramitación digital de estos, recién se daban a conocer entre la comunidad y, la aplicación de la ley Nº 19.880 al procedimiento de la unidad inspiraba interés y expectativa. También lo hacía el examen de admisibilidad que la unidad realizaría, algo totalmente novedoso e innovador en la función jurídica de la Contraloría General.