EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO CHILENO

Resumen

El Ministerio Público es una institución que goza de un estatuto de autonomía constitucional fundado en la esencialidad de su función para la existencia del régimen democrático, esto es, ser un organismo profesional que investiga de manera exclusiva los hechos que revisten carácter de delito y ejerce la acción penal pública. Esta autonomía constitucional no significa que se encuentre al margen de los principios de control y de responsabilidad, sino que atendido su diseño institucional sus Fiscales deben someter sus actuaciones, internas y externas, a la Constitución Política y al Ordenamiento jurídico en general, respetando los derechos y garantías del artículo 19, Nº 3 de la Constitución, particularmente el debido proceso. De la normativa aplicable al régimen de responsabilidad disciplinaria de los Fiscales, es posible aseverar que aquella cumple con estándares razonables de respeto del principio de legalidad de las sanciones, al estar establecidas en normas legales los órganos que ejercen las potestades disciplinarias, definidas en la ley las sanciones aplicables, lo mismo que las bases generales del procedimiento aplicable. No obstante, resulta mejorable por ejemplo para el Fiscal Nacional, quien ostenta la facultad reglamentaria, y no legal, de la Reformatio in peius en carácter de absoluta, ya que está facultado, incluso sin mediar recurso alguno, para revocar de oficio una decisión absolutoria por una condenatoria, con el sólo mérito de la investigación. En cuanto al debido proceso en el ámbito adjetivo, su actual regulación no resulta coherente con el derecho a un justo y racional procedimiento, pues los plazos del único procedimiento sancionatorio; la Investigación administrativa; son de tal modo breves que se erigen en un serio obstáculo al ejercicio de un adecuado derecho a defensa por parte de los Fiscales inculpados.