UN PRIMER ACERCAMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: PANORAMA GENERAL Y

DESAFÍOS EN LA MATERIA

AN INITIAL APPROACH TO THE FUNCTIONING OF REGIONAL GOVERNMENT INTEGRITY

SYSTEMS: OVERVIEW AND CHALLENGES IN THIS AREA

Constanza Pineda Campos1

Resumen

El enfoque de integridad es esencial para prevenir la corrupción. Para materializarlo, se han creado los sistemas de integridad, que son modelos de gestión que buscan fortalecer la confianza y promueven el comportamiento ético dentro de las organizaciones, aunque su efectividad está sujeta a su diseño, implementación y evaluación. Han sido aplicados en todos los niveles de gobierno del país; sin embargo, el análisis del plano regional ha quedado relegado. En este panorama, se analizó el funcionamiento de los sistemas de integridad en todos los gobiernos regionales del país, identificando sus avances y desafíos.

Para poder generar conocimiento sobre este mecanismo de prevención contra la corrupción a nivel regional, se empleó una metodología cualitativa con carácter exploratorio descriptivo. Se sistematizó la información disponible en los sitios web de los gobiernos regionales y se realizaron entrevistas semiestructuradas a los funcionarios responsables de integridad. Los resultados muestran una desigual adopción del modelo, predominando los casos donde no se ha implementado, aludiendo a una falta de publicidad. En los casos en que se ha llevado a cabo, existen dificultades organizacionales y falta de evaluación continua, lo que limita la efectividad de la medida.

Palabras clave: sistema de integridad – gobiernos regionales – políticas de integridad - corrupción

1 Es licenciada en Ciencia Política, estudiante de magíster en Ciencia Política con mención en Gobierno y Políticas Públicas. constanza.pineda@uc.cl

Abstract

An integrity approach is essential to prevent corruption. To achieve this, integrity systems have been created, those are management models that seek to strengthen trust and promote ethical behavior within organizations, although their effectiveness is subject to design, implementation, and evaluation. They have been applied at all levels of government in the country, but analysis at the regional level has been neglected. In this panorama, the functioning of integrity systems in all regional governments in the country was analyzed, identifying their progress and challenges.

To generate knowledge about this mechanism for preventing corruption at regional level, a qualitative methodology with an exploratory descriptive nature was used. The information available on regional government websites was systematized, and semi-structured interviews were conducted with officials responsible for integrity. The results show uneven adoption of the model, with a predominance of cases where it has not been implemented, citing a lack of publicity. Furthermore, although the measure has been implemented in some cases, there are organizational difficulties and a lack of ongoing evaluation that limit its effectiveness.

Keywords: integrity system – regional governments – integrity policies – corruption

1. Introducción

La lucha contra la corrupción exige la promoción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero también de estándares éticos (Transparencia Internacional, s.f., en Guajardo Espinoza, 2023). En los últimos años, atender este desafío se ha vuelto relevante para el país debido a los casos de corrupción que han mermado la confianza. Especialmente en el plano regional, donde se han visto escándalos financieros que han involucrado transferencias irregulares, como fue el caso Convenios, en el cual un 83 % de los montos correspondieron a transferencias desde los gobiernos regionales (Comisión de Integridad Pública y Transparencia, 2023).

Aunque para enfrentar este fenómeno se han promovido en todos los niveles de gobierno enfoques de integridad, entendidos como una perspectiva que compromete acciones conformes a principios éticos (Lagos Machuca & Jaraquemada Hederra, 2025), los gobiernos regionales los han implementado de manera reciente, traduciéndose en una limitada disponibilidad de herramientas conceptuales y prácticas. Luego, el presente trabajo busca establecer una

primera aproximación al funcionamiento en los gobiernos regionales sobre los sistemas de integridad, modelo de gestión que busca fortalecer la confianza pública mediante la promoción y orientación de un comportamiento íntegro (Maesschalck et al., 2024, en Lagos Machuca & Jaraquemada Hederra, 2025).

La descentralización en el país ha permitido reformas relevantes como el cambio en la figura regional. No obstante, es urgente atender sus aspectos más finos como lo son los mecanismos que aseguran una gestión ética. De no abordarse, la efectividad de las reformas permanecerá limitada y constantemente cuestionada. Esta urgencia se acentúa por la escasa atención que ha recibido el fenómeno en la literatura, dificultando el abordaje de medidas a nivel político, dada la vaga evidencia empírica. Por consiguiente, el valor de este trabajo se fundamenta en contribuir a la comprensión de este tipo de mecanismos para reflexionar sobre propuestas que fortalezcan la cultura de la integridad.

En cuanto a la estructura de esta investigación, se abordará cinco capítulos, en los cuales, respectivamente:

1) Se presentarán los antecedentes de este trabajo referentes a la contextualización, el problema de investigación y los objetivos.

2) Se revisará la literatura relevante sobre el rol de los sistemas de integridad en la gestión regional.

3) Se explicará la metodología exploratoria descriptiva utilizada.

4) Se mostrarán los principales hallazgos en conjunto con una breve discusión de estos.

5) Se expondrán las conclusiones y reflexiones más relevantes de este trabajo.

2. Antecedentes de la investigación

2.1. Planteamiento del problema de investigación

La integridad en el sector público se ha vuelto una necesidad clave (Pliscoff Varas & Lagos Machuca, 2021). Pese a que se ha profundizado la descentralización, el control de la corrupción no ha ido acompañado de una reforma profunda en materia de transparencia, control y probidad (Consejo para la Transparencia, 2019). Este panorama se ha mantenido en el plano regional, incluso tras la última reforma que estableció la transferencia de competencias administrativas.

Aunque organismos como la Contraloría General de la República y la Alianza Anticorrupción han impulsado diversas iniciativas para promover un enfoque de

integridad en el nivel regional2 , los efectos de dichas acciones aún no han sido sistemáticamente abordados, a diferencia del plano nacional (véase Pliscoff Varas & Lagos Machuca, 2021) y el local (véase Lagos Machuca & Jaraquemada Hederra, 2025). Esto ha impedido conocer cómo se ha desarrollado —o incluso si se ha concretado— la implementación de mecanismos de integridad, así como los resultados.

La ausencia de información sobre estos procesos limita tanto el conocimiento ciudadano respecto del desempeño de los gobiernos regionales como la capacidad de la política pública de incidir en las áreas grises. Frente a esta problemática, la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta:

¿de qué manera se implementan y funcionan los actuales sistemas de integridad en los gobiernos regionales?, con el propósito de identificar tendencias que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de integridad en este contexto.

Para abordar esta pregunta, el estudio analizará el escenario de los dieciséis gobiernos regionales del país durante el período 2025-2029. No obstante, considerando la posibilidad de reelección de las autoridades, también se examinarán antecedentes del intervalo 2021-2024. El análisis se concentra en el nivel administrativo, dado que desde este se implementan las principales medidas de integridad hacia el resto de la organización.

2.2. Objetivos generales y específicos

El objetivo general de esta investigación es analizar el funcionamiento de los sistemas de integridad en los gobiernos regionales 2025-2029. Para lograr esto, los objetivos específicos son:

1) examinar el panorama de las regiones sobre las medidas,

2) identificar el funcionamiento de la gestión del sistema de integridad,

3) analizar las principales dificultades que enfrentan en la implementación y

4) proponer consideraciones que fortalezcan el desarrollo de un sistema de integridad.

2 La Contraloría General de la República (2021) ha impulsado eventos como la «Jornada de Integridad y Transparencia para los Gobiernos Regionales» para fortalecer la integridad y planes de trabajo para implementar sistemas de integridad. Desde la Alianza Anticorrupción (2022), se elaboró el documento «Buenas prácticas de integridad» para fortalecer el combate contra la corrupción.

3. Contexto teórico de la investigación

La corrupción es un fenómeno que compromete la buena administración. Por ende, promover que los funcionarios públicos actúen con integridad se ha vuelto esencial para combatirla (Pliscoff Varas & Lagos Machuca, 2021). Siguiendo a Huberts (2018), el concepto de integridad se ha entendido como la capacidad de actuar en coherencia con los valores, normas y principios morales. Coherente con esta visión, la integridad pública ha buscado resguardar el interés público por sobre el privado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2020). Desde este marco de entendimiento, se vulnera la integridad cuando se ejercen prácticas que comprometen a la ética como el uso indebido de los recursos, soborno, trato no respetuoso, entre otras (Huberts, 2018).

Implementar un enfoque de integridad pública es promover una coherencia en los valores que orientan el actuar ético al interior de la cultura organizacional. Esta perspectiva toma un valor agregado en ciudades y municipios, ya que los gobiernos locales son responsables de un gran gasto público en áreas de prestación de servicios que a menudo son conocidas por su vulnerabilidad a las violaciones de integridad (Six & Huberts, 2008, en Hoekstra et al., 2022). Para poner en práctica este planteamiento, se han puesto en marcha sistemas de integridad, una política pública anticorrupción que combina normas y elementos de motivación para promover la integridad (Heywood, 2012 y 2017, en Pliscoff Varas & Lagos Machuca, 2020).

Aunque la literatura no ha establecido una definición común sobre esta medida, se entiende ampliamente como el conjunto de políticas, prácticas e instituciones destinados a contribuir al desempeño en integridad (Six & Lawton, 2013; OCDE, 2020). En el caso de la literatura nacional, los trabajos sobre este tema han adoptado definiciones complementarias. Pliscoff Varas y Lagos Machuca (2021) sostienen que un sistema de integridad es un conjunto de instrumentos internos y externos de control ético. Por su parte, Lagos Machuca y Jaraquemada Hederra (2025) lo comprenden como un modelo de gestión que fortalece la confianza pública. Ambas coinciden en que la implementación de la integridad es una estrategia clave para consolidar una cultura ética.

La efectividad de un sistema de integridad depende de tres elementos fundamentales. En materia de diseño, Hoekstra et al. (2022) subrayan la importancia de adoptar un enfoque sistémico que asegure coherencia y consistencia entre las distintas medidas, evitando actuar fragmentadamente. En esa misma línea, Huberts y Hoekstra (2016) identifican tres componentes esenciales con los que debe contar un sistema de integridad: el cultural, el normativo y el operacional. La interacción equilibrada de estos tres componentes

posibilita que un sistema de integridad se traduzca en una práctica consistente en la gestión.

En materia de implementación, Maesschalck y Bertók (2009) consideran que estará sujeta al cumplimiento de cuatro funciones:

1) determinar lo que se entenderá por integridad,

2) guiar hacia la integridad,

3) monitorear la integridad y

4) aplicar sanciones (en Pliscoff Varas & Lagos Machuca, 2021).

Complementariamente, Hoekstra et al. (2022) han puesto énfasis en la efectividad de las medidas, prestando atención a que estas sean debidamente socializadas y fortalezcan la toma de decisiones éticas. Finalmente, sobre la etapa evaluativa es esencial que se aplique una reflexión continúa orientada a consolidar una cultura de integridad.

Recapitulando, la literatura revisada sostiene que el enfoque de integridad y los sistemas de integridad que lo operacionalizan son herramientas centrales para fortalecer la buena gobernanza y prevenir la corrupción, al centrarse en la ética del comportamiento y en la búsqueda de una cultura organizacional orientada a la integridad. No obstante, su efectividad depende del diseño, implementación y evaluación continua de las medidas, las cuales deben mantener coherencia y consistencia en el tiempo. Cuando alguna de estas etapas resulta deficiente, se tiende a perder efectividad en su conjunto.

A pesar de que lo revisado no se vincula directamente con el estudio en el nivel regional, los aportes conceptuales orientan la comprensión del problema para entender cómo los principios y herramientas de este enfoque pueden traducirse en la gestión pública subnacional. Se genera entonces una base analítica para examinar la capacidad de los gobiernos regionales para diseñar, implementar y sostener sistemas de integridad, identificando tanto sus avances como limitaciones. Esta perspectiva adquiere especial relevancia, pues, dado el proceso de fortalecimiento de los gobiernos regionales, se requiere consolidar prácticas institucionales coherentes con la integridad.

4. Metodología

Para analizar el funcionamiento de los sistemas de integridad en los gobiernos regionales, se empleó una metodología cualitativa de carácter exploratorio, dada la escasa literatura disponible, y descriptivo, con la finalidad de caracterizar la

dinámica institucional sobre la promoción de la integridad. La unidad de análisis fueron los dieciséis gobiernos regionales para el período actual —2025-2029—, aunque también se examinaron antecedentes del período anterior —2021-2024— cuando se mantuvo la misma administración.

La recolección de información consideró una revisión sistemática de los sitios web de los gobiernos regionales para recopilar antecedentes sobre sus sistemas de integridad. Este levantamiento se complementó con contactos telefónicos y por correo electrónico para identificar al funcionario responsable en cada caso. Solo en tres regiones —Valparaíso, Maule y O’Higgins— no fue posible establecer comunicación, mientras que para la región de Ñuble fue indicado que se debía presentar una solicitud de acceso a la información.

Por último, se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas con los gobiernos regionales que confirmaron su participación. Estas se dirigieron a los encargados del sistema de integridad en Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Los Lagos con el propósito de conocer su implementación y principales desafíos. Para resguardar los estándares éticos, se entregó un consentimiento informado a cada participante. Las entrevistas se efectuaron por videollamada debido a la distancia, salvo en el caso metropolitano que fue presencial.

5. Datos, resultados y discusión

5.1. Panorama regional sobre medidas normativas de integridad

En términos generales, al observar la información recopilada —ver tabla 3—, se advierte un panorama heterogéneo respecto a las medidas normativas de integridad adoptadas, pues si bien algunas regiones han avanzado en la adopción de sistemas y políticas de integridad —37,5 %—, la mayoría no cuenta con dichos instrumentos normativos —62,5 %—. De todas maneras, es importante considerar que aquellos organismos catalogados negativamente podrían disponer de alguno de estos instrumentos, pero al no encontrarse información disponible no fue posible verificarlo. En este sentido, toma relevancia la publicidad de esta información para el conocimiento ciudadano, a pesar de no ser obligatorio.

Con respecto a los códigos de ética —uno de los componentes normativos claves dentro de un sistema de integridad—, la mayoría de los gobiernos regionales lo ha subido a sus páginas de internet y solo en tres casos no se ha obtenido información —Arica, O’Higgins y Maule—. Este comportamiento general es positivo, porque evidencia una disposición a transparentar las normas de conducta esperadas. Sin embargo, esto no resta importancia al problema relacionado con la desactualización de algunos de estos códigos, lo que reduce

su vigencia y limita su adecuación a los nuevos marcos normativos y desafíos éticos que enfrentan las administraciones regionales bajo la figura del gobierno regional.

5.2. Marco normativo adoptado para el establecimiento de un sistema de integridad

Sobre el análisis de los gobiernos regionales que han implementado tanto una política como un sistema de integridad —Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Biobío, Los Lagos y Magallanes—, se tiene una tendencia clara a integrar el establecimiento del sistema de integridad en el diseño mismo de la política adoptada, formalizando estos mecanismos. Ahora bien, sobre la adopción de estas medidas, se pueden encontrar algunas diferencias explicables por factores asociados a trayectorias previas, el apoyo de organismos externos y el compromiso político de las autoridades regionales.

3 Notas:

* La política de integridad no está publicada en la web, se hizo llegar por correo.

** En la página web no se cuenta con información actualizada sobre la vigencia del sistema.

*** Se tuvo que realizar una solicitud de acceso a la información.

**** La información no estaba publicada en la web, se hizo llegar por correo.

Por una parte, para tres de los casos —Tarapacá, Metropolitana y Los Lagos—, los sistemas de integridad fueron implementados en el marco de la gestión de las intendencias. No obstante, con la llegada de los gobiernos regionales, estos sistemas fueron incorporados en sus políticas de integridad e impulsados por distintas motivaciones. Se pudo identificar desde las entrevistas realizadas que, en el caso del gobierno regional norteño, la medida fue parte de la planificación estratégica de mejora continua puesta en marcha por la Administración; en el caso metropolitano, confluyó tanto la iniciativa del gobernador como la del comité de integridad conformado; y, para el caso del gobierno regional laguino, fue la continuidad del compromiso establecido previamente.

Por otra parte, para los otros tres gobiernos regionales —Antofagasta, Biobío y Magallanes—, sus políticas de integridad indican que la adopción de los sistemas de integridad fue apoyada por la Contraloría desde los programas de integridad destinados a los gobiernos regionales durante el primer período de gestión —2021 2024—. En el caso del gobierno regional antofagastino, se puso de relieve durante la entrevista que, si bien un motor inicial fue el compromiso del gobernador, el rol que adquirió el organismo externo para la implementación del sistema fue clave para concretar la medida, debido a la metodología que contemplaba talleres de evaluación y recomendaciones.

Tras estos procesos de adopción, el marco normativo formalizado en las distintas políticas de integridad estableció objetivos internos y externos en relación con la ciudadanía (ver figura 1). En el plano interno, estos sistemas buscan consolidar una cultura organizacional orientada a la integridad, fortaleciendo las capacidades. Mientras que, para el plano externo, se ha procurado esencialmente generar condiciones de confianza respecto a la gestión. En definitiva, los sistemas de integridad se configuraron no solo como un instrumento administrativo, sino también como un mecanismo con impacto ciudadano.

5.3. Componentes funcionales, normativos y culturales de los sistemas de integridad

Los componentes de los sistemas de integridad adoptados son bastante similares entre los casos que efectivamente cuentan con este mecanismo (ver anexo 1). Esta homogeneidad responde probablemente a la existencia de lineamientos comunes promovidos a nivel central y a la referencia compartida de modelos desarrollados por organismos externos. En concreto, se define que para todos los casos se ha explicitado formalmente lo que se determinará y definirá por integridad, los responsables del modelo, los mecanismos normativos y culturales, y la vigencia de la medida.

También, aunque solo se ha podido verificar para dos de los organismos, se cuenta con canales de denuncia implementados y en funcionamiento. En el Gobierno Regional de Los Lagos, este mecanismo está restringido a nivel interno. En contraste, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago destaca por avanzar más allá de este modelo, mediante la creación de un portal de denuncias y consultas éticas que permite a cualquier persona presentar solicitudes confidenciales. En los demás casos, aún la medida está diseñándose.

Sobre los elementos culturales —aquellos que guían hacia la integridad—, se observa que, por lo general, se materializan con menor regularidad que la esperada. Las capacitaciones se efectúan cada tres o más meses y las campañas de difusión internas tienen lugar sin una frecuencia establecida, se han tenido que pausar o no se han realizado. Más aún, en ninguno se pudo reconocer un mecanismo evaluativo formal4 que se aplique periódicamente para conocer la percepción de los funcionarios sobre las medidas.

Por último, en cuanto a la implementación práctica del sistema, las entrevistas evidenciaron dificultades organizacionales que han limitado su consolidación en algunos gobiernos regionales. En el caso del Gobierno Regional de Antofagasta, el comité de integridad ha enfrentado desde sus inicios problemas para convocarse, lo que ha obstaculizado el desarrollo y fortalecimiento del sistema. Por su parte, en el Gobierno Regional de Los Lagos, el comité de integridad ha debido pausar sus actividades rutinarias para rediseñar la política, dado el cambio de administración.

4 Al consultar tanto por la satisfacción de los funcionarios por el sistema como por las medidas implementadas, se pudo detectar que no se ha implementado un mecanismo evaluativo persistente en el tiempo que evalúe constantemente sobre la materia. Esto es distinto a la implementación de encuestas esporádicas, las cuales sí se han efectuado en algunos casos. Este comportamiento dificulta la reflexión continua que se debe adoptar desde el organismo para una mejora del sistema.

5.4. Discusión de los resultados y desafíos sobre los sistemas de integridad regional

A la luz de los resultados, es posible discutir ciertos aspectos que dan cuenta de los avances y limitaciones en la incorporación de los sistemas de integridad regionales. Teniendo en cuenta el primer punto revisado, los resultados han indicado una adopción de medidas normativas sobre integridad heterogénea. Este hallazgo evidencia que, aunque existe una conciencia sobre la relevancia de la integridad pública, su materialización o difusión ha sido limitada.

En este contexto, la disponibilidad y la publicidad se vuelven centrales para el conocimiento ciudadano. Los gobiernos regionales deben hacer el esfuerzo de publicar esta información de forma accesible, entendible y actualizada constantemente. Lo anterior, ya que no todos los organismos han publicado esta información, pese a poseer un sistema de integridad, como es el caso del Gobierno Regional de Antofagasta y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Este comportamiento evidencia una debilidad en la institucionalización de prácticas proactivas de apertura, restringiendo a la ciudadanía la posibilidad de comprender cómo operan los sistemas de integridad en la práctica. Esto se agrava si consideramos el caso de la mayoría de estos organismos, de los cuales se desconoce si existen o no este tipo de medidas que buscan prevenir la corrupción. A partir de esto, se recomienda considerar los ejemplos a seguir en la materia, como el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, el cual posee una plataforma interactiva.

Adicionalmente, se observan importantes problemas organizacionales en la puesta en marcha de los sistemas. Los gobiernos regionales han adoptado medidas normativas, pero estas han ido acompañadas de irregularidades en su operatividad, las cuales han entorpecido el funcionamiento. Esta situación condiciona la efectividad de los sistemas implementados, ya que compromete la capacidad institucional en la materia. En suma, la existencia de políticas de integridad debe tener coherencia con los recursos disponibles, pero también debe promoverse constantemente con los funcionarios para que sea efectiva.

En síntesis, varios gobiernos regionales evidencian avances significativos en el establecimiento de sistemas de integridad, aunque en baja proporción. De igual manera, el impacto efectivo en la operacionalización de este sistema para cada uno de los casos ha dependido de la coherencia entre el diseño, implementación y evaluación. Dado esto, para fortalecer la gobernanza ética es fundamental no solo formalizar las medidas, sino también mantenerlas permanentemente en revisión. Además, se deben aplicar procedimientos evaluativos internos para garantizar una difusión con los funcionarios y con la ciudadanía.

6. Conclusiones y reflexiones finales

Esta investigación se propuso analizar el funcionamiento de los sistemas de integridad en los gobiernos regionales. Tras emplear una metodología exploratoria descriptiva, la evidencia revela patrones significativos que contribuyen al conocimiento regional respecto a prácticas que buscan prevenir la corrupción. Principalmente, los resultados muestran que la adopción de políticas y sistemas de integridad es desigual entre las regiones, predominando una implementación normativa fragmentada y con escasa publicidad. En el plano operativo, los gobiernos regionales que cuentan con estos mecanismos deben mejorar el desempeño sobre los componentes culturales y evaluativos del sistema. En otros casos, se deben solucionar los problemas de gestión que han limitado la efectividad.

La lucha contra la corrupción, desde cualquier nivel, exige mecanismos coherentes y consistentes en el tiempo. En este sentido, la implementación de sistemas de integridad efectivos debe evitar la aplicación aislada o discontinua de herramientas. Considerando los resultados, estos permiten reflexionar que la construcción de una cultura de integridad en el plano regional requiere más que marcos normativos o meros instrumentos formales, demanda liderazgo político constante, capacidades institucionales fuertes y una estrategia de sostenibilidad para que funcione con el tiempo. Con esto en mente, surgen preguntas orientadas a comprender:

a) cómo los gobiernos regionales pueden asegurar la continuidad de estos sistemas,

b) cómo evaluar su impacto real en la conducta organizacional y

c) de qué manera promover su apropiación entre los funcionarios.

Las buenas prácticas relacionadas con la integridad que se han podido identificar en unos cuantos gobiernos regionales deben valorarse sin duda alguna. No solo porque reflejan compromisos éticos, sino también porque contribuyen a la descentralización. Sin embargo, debe prestarse atención a las debilidades reconocidas. En este sentido, algunas recomendaciones que se ofrecen se relacionan con:

1) la implementación o actualización del sistema de integridad;

2) el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo; y

3) el mejoramiento de la periodicidad de las capacitaciones y campañas de difusión sobre la materia.

En definitiva, consolidar las estrategias relacionadas con la ética del comportamiento. Todo ello, contribuirá al tránsito desde una gestión enfocada en el cumplimiento formal a una gobernanza regional con énfasis en la integridad.

7. Referencias

Comisión de Integridad Pública y Transparencia. (2023). Informe Comisión Asesora Ministerial para regulación de la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado. https://www.integridadytransparencia.gob.cl/ wp-content/uploads/2023/09/Informe-Comision-Asesora.pdf

Consejo para la Transparencia. (2019). Propuesta de un acuerdo nacional sobre integridad pública y anticorrupción. https://www.consejotransparencia. cl/wp-content/uploads/2019/07/Propuesta-anticorrupcion.pdf

Guajardo Espinoza, D. (2023). Transparencia, ética y gobernanza: estrategias de prevención para la corrupción. Revista Chilena de la Administración del Estado, (10), 117-127. https://doi.org/10.57211/revista.v10i10.175

Gobierno Regional de Antofagasta. (2023). Política de integridad institucional.

Gobierno Regional de Los Lagos. (2023). Política de integridad institucional. https://www.goreloslagos.cl/resources/descargas/acerca_de_gore/doc_ gestion/2023/ORE_4217_2023_Politica_Integridad_GORE.pdf

Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2023). Política de integridad institucional.

Gobierno Regional de Tarapacá. (2023). Política de integridad institucional.

https://www.goretarapaca.gov.cl/politica-integridad/

Gobierno Regional del Biobío. (2023). Política de integridad institucional. https: // gor ebi obi o.cl / wp-con ten t/ u pl oads/ 2025/ 10/ Res. PoliticaIntegridadGore2023.pdf<

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. (2022). Política de integridad institucional.https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/ uploads/2023/11/R.e.2427-Politica-de-Integridad.pdf

Hoekstra, A.; Huberts, L. W. J. C. & Van Montfort, A. J. G. M. (2022). Content and Design of Integrity Systems: Evaluating Integrity Systems in Local Government. Public Integrity, 25(2), 137-149. https://doi.org/10.1080/10

999922.2021.2014204

Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and Why it is Important. Public Integrity, 20, 18-32. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404

Huberts, L. W. J. C. & Hoekstra, A. (editores). (2016). Integrity management in the public sector: The Dutch approach. BIOS.

Lagos Machuca, N. & Jaraquemada Hederra, M. (2025). De la teoría a la práctica: sistemas de integridad local en Chile. Estado, Gobierno y Gestión Pública, 23(44), 156-192. https://doi.org/10.5354/0717-8980.2025.78120

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2020). Manual de la OCDE sobre integridad pública. OECD Publishing. https://doi. org/10.1787/8a2fac21-es

Pliscoff Varas, C. & Lagos Machuca, N. (2020). Implementando los sistemas de integridad en el sector público chileno: reflexiones a partir del manual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre integridad pública. Revista Chilena de la Administración del Estado, (3), 35-48. https://doi.org/10.57211/revista.v3i03.65

Pliscoff Varas, C. & Lagos Machuca, N. (2021). Implementación de sistemas de integridad como estrategia de control de la corrupción en el Gobierno central de Chile. Gestión y Política Pública, 30, 81-114. https://doi. org/10.29265/gypp.v30i3.961

Six, F. & Lawton, A. (2013). Towards a Theory of Integrity Systems: A Configurational Approach. International Review of Administrative Sciences, 79(4), 639-658. https://doi.org/10.1177/0020852313501124