CONFLICTOS DE
COMPETENCIA E INTERPRETACIÓN EN MATERIA
PÚBLICO-ADMINISTRATIVA ENTRE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE
JUSTICIA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
CONFLICTS OF COMPETENCE AND INTERPRETATION IN PUBLIC ADMINISTRATIVE MATTERS
BETWEEN THE HIGH COURTS OF JUSTICE AND THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
María Alexandra Manríquez Paredes1
Resumen
El
propósito de este estudio es analizar la problemática que ocasionan
los criterios disímiles que aplican la Contraloría General de la
República y los tribunales superiores de justicia para la resolución
de ciertas controversias. Esta situación confunde a los
destinatarios de sus decisiones, quienes experimentan la sensación
de incerteza jurídica y de transgresión al principio de igualdad
entre los administrados. En este sentido, comprender los conceptos
de competencia, precedente y jurisprudencia administrativa es
fundamental para delimitar sus atribuciones específicas de
interpretación de las normas de derecho público.
Palabras
clave: Contraloría General de la República – Corte Suprema –
jurisprudencia – dictámenes – derecho
administrativo
Abstract
The
purpose of this study is to analyze the problems
caused by
the dissimilar criteria applied by
the Comptroller
General of
the Republic
and the
superior courts
of justice
for the
resolution of certain controversies. This
situation confuses the recipients
of their
decisions, who experience
the feeling
of legal uncertainty and
1
Es abogada de la Tesorería General de la República,
Tesorería Provincial de Angol, región de La Araucanía.
m.alexandra.manriquez@gmail.com
transgression of the principle of
equality in the administered. In
this sense,
it is
imperative to understand the
scope of
the concepts of
competence, precedent and
administrative jurisprudence in
order to
define their specific powers
to interpret the rules
of public
law.
Keywords:
Comptroller General
of
the
Republic –
Supreme Court –
jurisprudence – rulings – administrative law
1.
Introducción
En Chile,
cada institución pública tiene un rol preponderante en el ámbito
de funciones que le ha sido asignado por mandato constitucional o
legal. Con todo y de acuerdo con la teoría de los poderes del Estado
—ejecutivo, legislativo y judicial—, su misión y visión
deben armonizar con los principios fundantes de organización y
administración del país.
El capítulo
VI
de
la
Constitución Política de la República
indica que:
la
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni
el presidente de la república ni el Congreso
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a
causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus
resoluciones o hacer
revivir procesos fenecidos (Constitución, artículo
76).
Luego, los
tribunales —superiores e inferiores— son los llamados a
impartir justicia a través del ejercicio previo que es determinar el sentido y alcance de las leyes que nos rigen. Esto es de público
conocimiento y no conlleva discusión alguna.
Sin
embargo, existe otra institución que no pertenece a ninguno de los
poderes del Estado mencionados anteriormente y que es
totalmente independiente, orgánica y funcionalmente
hablando, según las atribuciones que le ha conferido la
propia Constitución en su capítulo X. Ella ha tomado
un
rol
preponderante
—desmedido, a juicio de algunos—
en lo que a materias jurisdiccionales refiere, pues en ninguna de
sus facultades2 se vislumbra la de impartir
justicia o la de resolver controversias
con atribuciones propias de un tribunal —salvo en lo relativo a los juicios de cuentas (ley n.º 10.336,
artículo 107 y siguientes)—, resolver contiendas que se puedan producir y entre
particulares y la Administración del Estado en el ámbito público,
ni mucho menos derogar leyes vigentes.
Más allá
de lo dicho, existen fallos de la Corte Suprema y dictámenes de
la Contraloría General de la República con posiciones
contrapuestas, poniéndonos así en la disyuntiva de cuál tiene más
argumentos para decidir una contienda jurídica; en simple: cuál
dispone de más fuerza interpretativa para resolver el
caso
concreto.
2
Controlar la legalidad de los actos administrativos,
fiscalizar el ingreso y la inversión de fondos de los organismos
del Estado, llevar la contabilidad de la nación y demás que las
leyes le puedan encomendar (Constitución, artículo 98, inciso
primero).
Este
trabajo da cuenta de hechos o actos que han puesto en
constante discordancia a los fallos de los tribunales de alzada
y los pronunciamientos de la Contraloría General de la
República.
2.
Contrariedades: interpretación
y competencia
A lo largo
del tiempo, las contiendas de competencia entre el Poder Judicial y
la Contraloría de la República han sido tan evidentes que la propia
Corte Suprema, en uno de sus fallos, señala tajantemente
que:
debe
dejarse establecido una vez más que la Contraloría debe
inclinarse
frente a la jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental
para el orden institucional y particularmente válido cuando esta
es uniforme y permanente en el tiempo, por cuanto la
jurisprudencia, con mucho mayor énfasis que en otras ramas del
derecho, es fuente del derecho administrativo, por lo que si ella
establece —interpretando la ley— que las sociedades
de
inversión deben pagar patente municipal, este criterio
jurisprudencial constituye fuente del derecho y como tal
integra el denominado bloque de la legalidad, siendo obligatoria
para el ente contralor; naturaleza de la que carecen los
dictámenes de la Contraloría, que son únicamente
constitutivos de la
«jurisprudencia administrativa» como señala el artículo 6[,]
inciso final[,] de su ley orgánica (rol
5984/2012).
Por su
parte, el ente contralor aduce que: «si en fallos judiciales se
resuelve un caso concreto en forma diversa a lo sostenido por
la jurisprudencia administrativa, esta última se mantiene vigente para
aquellos que no han sido parte en el respectivo juicio» (dictamen
6512/2012), realizando una indicación sobre el alcance general que
tienen sus pronunciamientos, en relación con los efectos relativos
que producen los fallos de los tribunales de justicia.
La
afirmación de la Corte Suprema toma partido en una
controversia jurisprudencial y doctrinaria que ha existido siempre, pero el caso específico que da pie para hablar del tema es un recurso
de protección interpuesto por la Municipalidad de Zapallar, en
contra del ordinario 648/2012, de la Contraloría
Regional de Valparaíso, que
obligaba a esta última a restituir los dineros percibidos por el cobro de patentes
municipales por parte de sociedades de inversión pasiva, conforme
al artículo 23 del decreto ley n.º 3.063, de 1979, sobre rentas
municipales.
En efecto
y tal como lo señala la Corte Suprema, la jurisprudencia
administrativa había llegado a la conclusión de que la empresa no
realizaba actividades que hicieran pertinente el cobro de patentes
municipales, pues para ello se requerían ciertos requisitos o
exigencias que, en la especie, no se cumplían.
La sola
lectura del fallo (rol 2791/2012, considerando 7.º) permite
percibir un conflicto en materia de interpretación y de fuerza obligatoria entre las potestades de la Contraloría General y las de la Corte
Suprema. A juicio de ese tribunal, la jurisprudencia judicial
pareciera tener mayor relevancia que la administrativa, en
consideración al bloque de legalidad que esta última puede realizar
en contra de actuaciones que pudiesen infringir garantías
constitucionales de particulares o administrados.
El máximo
tribunal distingue 3 tipos de dictámenes del órgano administrativo
de control, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley
n.º 19.880:
a)
Dictámenes que constituyen decisiones,
pero que no son actos terminales.
b)
Dictámenes que dan lugar a otros actos administrativos
posteriores, asociados a actos de trámites.
c)
Dictámenes que no son creadores de derechos y que tienen por
objeto la instrucción de una determinada forma de actuar de los
órganos de la Administración en relación con la interpretación que
previamente realiza el órgano administrativo de
control.
La corte
hace hincapié en que estos últimos no constituyen una declaración
de juicio, asimilándolos a meras circulares, máxime cuando tienen forma de oficios. Por ende, no serían, por definición,
constitutivos de actos administrativos.
La Corte
Suprema indica que el ordinario 648/2012, que exime del pago
de patentes municipales a la empresa en cuestión, fue calificado
en todo momento como un oficio que contiene una decisión de carácter
terminal, pese a que ningún tipo de clasificación de
las que señala le otorga tal carácter: el de ordenar un actuar o
proceder a la municipalidad recurrente, asumiendo entonces
una posición de carácter resolutiva, como lo describe el jurista
francés Maurice Hauriou una décision exécutoire, un acto de voluntad de la
Administración dotado, per
se, con fuerza de obligar, y no de interpretación o alcance de
una norma.
El
análisis de la Corte Suprema subraya que sus fallos tienen un rango
superior a los dictámenes de la Contraloría. Estos últimos, en
palabras del Poder Judicial, no serían vinculantes u
obligatorios para aquel poder del Estado, sino que solo servirían
como meros antecedentes orientadores, en oposición a lo que
constituyen sus resoluciones que, cuando han sido uniformes y
permanentes en el tiempo, constituyen precedentes reconocidos
como fuente normativa relevante del derecho público
administrativo.
Otro caso
donde se produjo este tipo de conflicto fue con los
funcionarios de la Dirección General de Aguas, quienes, al no
obtener el pronunciamiento que satisficiese sus pretensiones de
parte de la Contraloría, concurrieron a los tribunales de justicia
para que determinasen el régimen previsional a que
estaban
sujetos.
La
Contraloría estimaba que su afiliación correspondía al régimen
previsional civil, esto es, a las AFP, y no a Capredena como
pretendían los funcionarios. Con el
propósito de evitar una decisión diferente del Poder Judicial, promovió un conflicto de competencia ante el Tribunal
Constitucional (rol 3283/2016), el cual, sin pronunciarse sobre el
fondo —la competencia—, se limitó a interpretar las normas
constitucionales y legales que habilitaban a la Contraloría a
decidir el conflicto, otorgándole, por tanto, la razón al órgano
administrativo.
Finalmente, el Senado, al conocer la contienda, se pronunció a favor de la entidad fiscalizadora.
2.1.
¿Qué dice la ley al respecto?
Nuestra
Constitución Política, en su artículo 98, entrega a la Contraloría
General de la República la facultad de fiscalizar la legalidad de las decisiones que adoptan los órganos de la Administración del Estado.
Esto se reduce básicamente a potestad dictaminante y de toma de razón que realiza aquella para interpretar el sentido y alcance de un precepto legal que
rige a la Administración pública, sin perjuicio de otras herramientas otorgadas
por mandato legal para el cumplimiento de tales fines como las
auditorías y los exámenes de cuentas.
Pese a lo
que pueda afirmar la Corte Suprema en el fallo citado, la ley
reconoce a la Contraloría las potestades antes indicadas, siendo la
vía idónea para fiscalizar la legalidad de los actos de
los órganos de la Administración del Estado. En consecuencia,
sus decisiones son imperativas
para los funcionarios públicos3 y constituyen jurisprudencia
administrativa —se aplican de modo general e imperativo—. Por tal
razón, este sistema de precedente general y obligatorio
para la
Administración es la fuente más relevante del derecho
administrativo chileno.
Del mismo
modo y reafirmando lo anteriormente expuesto, los abogados,
fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la
Administración pública o instituciones sometidas al control de la
Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial,
quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya
jurisprudencia y resoluciones deberán ser
observadas por esos funcionarios. El contralor dictará las
normas del servicio necesarias para hacer expedita esta disposición
(ley n.º 10.336, artículo 19).
3
De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y
dictámenes de la Contraloría General de la República serán los
medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la
jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere al
artículo 1 (ley 10.336, artículo 6, inciso final).
2.2.
Alcance de la potestad
dictaminante de la Contraloría General
de la República
Se trata,
como lo indica el máximo tribunal de nuestro país, «de una
prerrogativa para interpretar la preceptiva legal que incide en el
ámbito administrativo plasmada en informes vinculantes
para toda la Administración del Estado que se encuentra sometida a
su fiscalización» (rol 22023/2018).
Por su
parte, Manuel Daniel Argandoña (1981) sostiene que la facultad de
dictaminar no es jurídicamente más que la manifestación de la
opinión del contralor sobre una cuestión. A mi parecer, esta
postura es riesgosa, toda vez que un acto quedaría sujeto a
las distintas interpretaciones del contralor de turno. No obstante,
ello no atentaría contra la seguridad jurídica, considerando que
los dictámenes pueden ser modificados siempre y cuando se exprese
en términos claros y precisos la razón para ello. Además, no se
trata solo de una simple valoración o parecer personal, sino de un
acto administrativo de carácter fundado que, por su vigencia
sostenida en el tiempo, configura un precedente que pasa a integrar las fuentes del derecho
administrativo al crear jurisprudencia con efectos generales. Tiene asimismo un carácter
vinculante para los funcionarios de la Administración del
Estado.
Esta
potestad está íntimamente relacionada con el principio de
legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el
control que ejerce al respecto la entidad fiscalizadora sobre el
actuar de los organismos
públicos.
Hasta aquí
parece no existir una controversia que vaya más allá de
distintas interpretaciones o nociones del significado de la
potestad dictaminadora de la Contraloría. Lo que llama
poderosamente mi atención es que esa atribución de interpretar o
informar, en ningún caso lleva aparejada la de resolver ni avocarse
facultades jurisdiccionales, máxime cuando la propia ley se
lo prohíbe expresamente al indicar que: «la Contraloría no
intervendrá ni informará los asuntos que por su
naturaleza sean propiamente de carácter litigioso» (ley n.º 10.336,
artículo 6, inciso tercero).
Para
comprender bien la diferencia entre interpretar y resolver,
necesariamente debemos remitirnos a su significado.
Según el diccionario, interpretar sería:
«explicar
o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto»
(Real Academia Española, s.f., definición 1) y, en derecho, sería,
por tanto: determinar el significado
y alcance de las normas jurídicas. En cuanto a resolver,
significa
«solucionar un problema, una duda, una dificultad o algo que
los entraña» (Real Academia Española, s.f.,
definición 1). Entonces, si del tenor literal de las
palabras mencionadas nos
damos cuenta de que no le ha sido asignada a la Contraloría una
facultad decisoria sino solo interpretativa, ¿a qué debemos hoy en
día esta especie de extralimitación de funciones de parte del
órgano contralor?
En
términos simples, la Contraloría General de la República solo
ejerce el control formal respecto de la legalidad
de ciertos actos, sin que pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Al respecto, la Corte de Apelaciones de Santiago se
ha
pronunciado diciendo que:
No parece
adecuado pensar que el órgano contralor pueda entrar a calificar la
legalidad del fondo de todos los asuntos que pasan por su revisión,
pues ello lo transformaría en un [supraorganismo] que tendría siempre la última
decisión sobre cualquier materia vinculada al derecho público,
aun cuando estuvieren involucrados derechos de particulares
(rol 5711/2006, considerando 11.º).
Dicho lo
anterior, podríamos perfectamente entender que la Contraloría
ejercería una especie de jurisdicción a medias, carente de algunos de los principios básicos de un procedimiento racional y justo
—rendición de prueba, emplazamiento del interesado y bilateralidad del proceso—. Tal como lo ha
señalado la doctrina innumerables veces, ella suple la
inexistencia de
los tribunales de lo contencioso administrativo. Como es sabido, la ley no los
contempla, pero dados los ribetes que ha alcanzado la potestad
dictaminadora, podríamos creer con fundamento que efectivamente ha excedido sus facultades
para convertirse en un ente cuasijuridiccional.
3.
¿La Contraloría General de la República como organismo jurisdiccional?
En el
presente trabajo no me referiré a las facultades jurisdiccionales
del Poder Judicial, toda vez que no hay discusión respecto a cuál
es su objetivo principal, como uno de los tres poderes del Estado:
el encargado de impartir justicia en una sociedad (Constitución,
artículo 76 y siguientes).
A
diferencia del Poder Judicial —donde la facultad de impartir
justicia y resolver contiendas jurídicas está expresamente
contemplada—, en el caso de la Contraloría esto es polémico,
ya que ella juega un rol preponderante en la resolución de contiendas
entre los particulares y los órganos del Estado y, en
ocasiones,
también con particulares, cuestión que, por lógica y más aún
por mandato constitucional, estaría entregada en su totalidad al
órgano judicial.
Por
mandato constitucional, a la Contraloría General de la República
solo se le imponen determinados deberes:
1)
ejercerá el control de la legalidad de los actos de la
Administración;
2)
fiscalizará el ingreso y la inversión de los
fondos del Estado;
3)
examinará y juzgará las cuentas de
las
personas que tengan a su cargo bienes
públicos;
4)
llevará la contabilidad general de la nación; y
5)
desempeñará las demás funciones
que
le
encomiende la ley orgánica constitucional respectiva
(Constitución, artículo 98).
La falta
de un órgano que ejerza jurisdicción sobre lo contencioso
administrativo ha decantado en que la Contraloría General de la
República sea, por excelencia, el organismo de control de los
decretos y las resoluciones de los órganos de la Administración del
Estado. Si se considera, además, el fácil y rápido acceso para
hacer presentaciones ante ella, particulares y funcionarios
preferirán esta vía antes que requerir la intervención de los
tribunales de justicia.
La
resolución de conflictos jurídicos a través de la potestad
dictaminante resulta controvertida por
su sentido y alcance, pues, en principio, se concibió
solo para
realizar un correcto análisis de las normas legales. En la
práctica, las normas rectoras de la Administración del Estado en
mayor medida son confusas y ambiguas y no siempre existe
una regulación indiscutiblemente aplicable al caso particular. Por
esta razón, es deber de la Contraloría General de la
República
desarrollar una tarea hermenéutica en un contexto específico,
pero sin establecer derechos en favor de las partes comprometidas.
La doctrina critica este actuar, toda vez que:
La
Contraloría comenzó a subjetivar el control jurídico y,
en
consecuencia, la interpretación de la ley administrativa,
legitimando su intervención no solo con un estándar de
control objetivo y abstracto, sino extendiéndolo a la protección
de situaciones jurídicas subjetivas concretas, funcionando
como un tribunal administrativo (Cordero Vega, 2010:
186).
En opinión
del profesor Cordero Vega (2010), «la Contraloría General de
la República no solo estaría realizando un control formal de las
normas jurídicas, sino también un control sustancial»,
infringiendo, a mi parecer, el principio de juridicidad instaurado
en nuestra carta magna, pues subsume la resolución de una
controversia jurídica dentro de su facultad dictaminadora y, en el
proceso, excede sus propias atribuciones.
Sin
embargo, el ente contralor defiende esta atribución, sosteniendo
que toda cuestión sometida a su conocimiento puede implicar un
conflicto subjetivo y, en consecuencia, le estaría entonces siempre
vedada la facultad de pronunciarse sobre el asunto (dictamen
64951/2014). Esto es efectivo, toda vez que cualquier
solicitud de pronunciamiento lleva aparejada una pretensión o algo querido por
el
solicitante, lo que, en cualquier supuesto, restringiría el ámbito de acción de la
Contraloría y otorgaría solo a los tribunales de justicia la
competencia para conocer del asunto, soslayando la facultad
dictaminadora.
Lo mismo
ocurre con el derecho de petición —el derecho de presentar
peticiones
a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o
privado, sin otra limitación que la de proceder en términos
respetuosos y convenientes (Constitución, artículo 19, n.º
14)—. En su virtud, resulta imperativo para la autoridad
administrativa —en este caso, la entidad fiscalizadora—
pronunciarse, incluso cuando se trate de particulares, lo que
justificaría la intromisión de la Contraloría en controversias que
no solo tengan que ver exclusivamente con conflictos
entre funcionarios y órganos de la Administración del
Estado.
Por otro
lado, el propio Tribunal Constitucional ha sostenido que ciertos
órganos de la Administración del Estado sí pueden ejercer
jurisdicción, pues esta no se encuentra limitada solo al
actuar de los tribunales de justicia (rol 176/1993,
considerando 6.º).
Sin embargo, la Constitución es clara
en
tal
sentido y determina que:
La
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente
a los tribunales establecidos por ley. Ni el presidente de la
república ni el Congreso pueden, en caso
alguno, ejercer funciones
judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o
contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos
(Constitución, artículo 76).
En
consecuencia, el Tribunal Constitucional extendería dicha
competencia a órganos a los cuales la Constitución no los dotó
expresamente con tal potestad (rol 176/1993). Eso si
entendiéramos la jurisdicción en sentido restringido, limitada a la
sola potestad del Poder Judicial.
4.
Jerarquización de
ambas instituciones como fuente del derecho administrativo
Las
fuentes del derecho público son la Constitución Política de la
República, los tratados internacionales, la ley, reglamentos,
normas infrarreglamentarias,
jurisprudencia y la doctrina.
Respecto
de la jurisprudencia, tanto los fallos de los tribunales de
justicia como los dictámenes de la Contraloría
General de la República son fuentes
del
derecho
administrativo. Entonces, cabe la duda razonable sobre cuál de
los dos posee mayor fuerza vinculante tanto para los órganos de la
Administración como para los administrados.
Según la
Corte Suprema, «la
Contraloría debe
inclinarse frente a
la jurisprudencia»,
«este
criterio jurisprudencial constituye fuente del derecho»,
«siendo obligatoria para el ente contralor; naturaleza de la que
carecen los dictámenes de la Contraloría, que son
únicamente constitutivos de la jurisprudencia administrativa». De
esta manera, la Corte Suprema se atribuye una especie de
prerrogativa en cuanto a ser precedente en el derecho
administrativo.
Lo
anterior no obsta a que el órgano contralor deba someterse a lo que
resuelva el tribunal supremo, puesto que, en un sentido o el
otro, lo dictaminado por Contraloría no es vinculante
para los tribunales. Se produce también el mismo efecto en sentido
opuesto, dado el efecto relativo de las sentencias
judiciales:
es útil
anotar que, de acuerdo con lo preceptuado en el inciso
segundo
del artículo 3 del Código Civil, que establece el efecto
relativo
de las sentencias, estas obligan solo a las partes que
han
intervenido en un proceso jurisdiccional. En ese contexto si en
fallos judiciales se resuelve algo concreto en forma diversa
de la
sostenida por la jurisprudencia administrativa, esta última
se
mantiene vigente para aquellos que no han sido parte del presente
juicio (dictamen 6512/2012).
Creo que
la frase: «la Contraloría debe inclinarse ante los tribunales
superiores de justicia» es un tanto desafortunada, toda vez que
se hace evidente que la Corte Suprema pasa por
alto que las facultades otorgadas a la Contraloría no son antojadizas ni autoimpuestas, sino que operan
por un mandato constitucional y legislativo.
Asimismo,
nos encontramos ante otro problema de fondo: el carácter
zigzagueante de los fallos de la Corte Suprema, lo que genera
igualmente incerteza jurídica, afectando los principios de
igualdad y seguridad jurídica.
Es así
como Alejandro Vergara Blanco, contrastando lo anteriormente
dicho, indica que:
Paradojalmente, la propia Tercera Sala de la Corte
Suprema tiene esta misma convicción —sala que, como sabemos,
suele ofrecer muchos zigzags—, pero cuando se trata de juzgar
la conducta de otros órganos... En efecto, como he recordado en
una columna anterior, en un caso de 2019…, afirma dicha sala
en una
sentencia suya que debe ser calificado como «ilegal» un
dictamen de la Contraloría… «por haber contradicho
sus
propios
pronunciamientos anteriores, vulnerando [así] el derecho de la
igualdad ante la ley de la recurrente»; esto es como decir:
si
la
Contraloría contradice sus pronunciamientos
anteriores
—algo
apenas similar a un zigzag, pues una mera variación no es
necesariamente un vaivén—, incurre en una actuación antijurídica.
Criterio que cabe recordar cuando son las salas de la propia Corte
Suprema las que incurren en una conducta agravada: zigzaguear, esto
es, no solo variar la jurisprudencia en una ocasión, sino cambiar los
votos una y otra vez en casos similares (Vergara Blanco,
2021).
¿Pero
entonces, qué valor le asignamos a la jurisprudencia administrativa
de la Contraloría General de la República?
Es
fuente del derecho administrativo,
indudablemente. Por lo menos así
lo
afirma la ley (ley n.º 10.336, artículo 6, inciso cuarto). Y
también es claro que, hasta la fecha, tanto la Contraloría como
los tribunales atribuyen a sus decisiones el carácter de precedente,
esto es, fuente del derecho administrativo.
En los
fallos citados anteriormente, la Corte Suprema ha dejado
sumamente claro que sus sentencias, pese a carecer de efectos
generales y poseer solo relativos, es decir, entre las partes,
—salvo la sorpresa del caso isapres—,
sí tendrían, prima
facie, efecto general como fuentes generales del
derecho.
Por su
parte, la Contraloría defiende su posición como generadora
de pronunciamientos que constituyen fuente formal del derecho, es decir, obligatorios y vinculantes, por la confianza legítima y la
seguridad jurídica que otorgarían. A mayor abundamiento, sus
decisiones son consideradas precedentes generales aplicables
imperativamente a los órganos de la Administración del
Estado.
Así, por ejemplo, ha señado lo siguiente:
Esta
potestad, que importa una valiosa creación intelectual
de nuestra
Contraloría, permite la elaboración de una doctrina
administrativa conformada por un sistema de precedentes
obligatorios y favorece la unidad del sistema normativo mediante
su interpretación uniforme y
consistente, donde cada decisión contribuye a orientar otras múltiples
decisiones posibles, haciendo que la regulación aplicable a los
entes públicos sea más
coherente, íntegra y estable (dictamen
35397/2007).
4.1.
Precedente administrativo
En
materia administrativa, un precedente es el supuesto ya resuelto anteriormente en un caso similar y, para
que pueda tener significación o relevancia jurídica, debe tener un grado de fuerza vinculante (Cordero Vega, 2010: 169). Los dictámenes
de la
Contraloría cumplen con los requisitos para ser considerados como
tales, pues en virtud de los efectos generales de la potestad
dictaminante, los criterios jurídicos
que expresan pueden extenderse a casos similares, siendo al mismo
tiempo de cumplimiento obligatorio. Son una fuente fundamental del
derecho público administrativo.
Precisamente aquí está la diferencia sustancial con los fallos
de los tribunales de alzada: la uniformidad de sus resoluciones permite
que la Administración gane en previsibilidad (Cordero
Vega, 2010: 173), lo que genera en los ciudadanos «la legítima
expectativa… de que la Administración tome decisiones
que sean
armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en
situaciones equivalentes» (Cordero Vega, 2010: 173). Para los
administrados, los dictámenes gozan por ese simple hecho de
confianza legítima, la cual se relaciona íntimamente con el
principio de la igualdad y la no arbitrariedad.
Sin
embargo, hay autores en derecho comparado que estiman que el componente de continuidad en el tiempo no sería la
principal característica del precedente administrativo:
no es
necesaria la existencia de una cantidad plural de
decisiones
previas para establecer un precedente. Basta con una sola decisión,
aun contradictoria de otras anteriores, ya que para el administrado
que lo invoca lo que le interesa es la última decisión de la
Administración, previa a su caso. Naturalmente, la existencia de una
cantidad de precedentes en el tiempo le brindará al interesado una
mayor fuerza argumental, pero de ninguna manera puede exigirse
tal continuidad para ampararse en el precedente (Barra, 1998:
666).
Dicha
concepción me parece errada, puesto que es la continuidad temporal
del criterio la que determina que pueda ser considerado como
precedente. Para la seguridad jurídica de los destinatarios, uno de
los elementos fundamentales de un Estado de derecho son los actos
reiterados en un mismo sentido dentro del ámbito de la
Administración, pasando a ser, en definitiva, «la clave de
bóveda sobre la que se articula el derecho a la certidumbre» (Villar
Ezcurra & Villar Palasí, 1993: 101).
4.2.
Contiendas de competencias, conflictos de
interpretación. Casos
«Las
decisiones divergentes de casos análogos [son el] oprobio de
la administración de justicia» (Bello, 1839).
Se
ha afirmado de manera categórica que, en nuestro sistema, la Administración no solo está sujeta al derecho que dice el
juez, una vez que sus actos han nacido a la vida del derecho, sino también está sujeta al derecho que dice la Contraloría
(Soto
Kloss, 2012: 188). Pero ¿qué ocurre
cuando fallan de manera diversa, adoptando cada uno una posición
incompatible con la del otro?
4.3.
La confianza legítima
La
Contraloría General aplicó dicho principio en materia de personal
de la Administración del Estado en el dictamen 22766/2016, en un
caso de no renovación de la contrata de un funcionario que
desempeñó funciones por 15 años ininterrumpidos en la
Municipalidad de Santiago, basándose solo en el término de ese
vínculo al 31 de diciembre de 2015. El ente contralor, como bien
podrán saber, indica que las reiteradas renovaciones del empleado
generan en el mismo la confianza legítima desde la segunda
renovación.
En
consecuencia, ordena finalmente reincorporar al funcionario y
pagarle las remuneraciones por el tiempo que estuvo separado del
cargo.
Con ese
dictamen se produjo la reconsideración de todos los otros
dictámenes atingentes a la materia, en virtud del cual la entidad
fiscalizadora indicaba que la culminación del empleo a contrata
ocurría solo por la llegada del plazo previsto para su
finalización, esto es, al 31 de diciembre de cada año, sin más
trámite.
Por su
parte, la Corte Suprema realizó su propia interpretación en
2023 (rol 139496/2022), al conocer de la apelación de un recurso de
protección interpuesto por un funcionario en contra de un órgano
de la Administración del Estado, que puso término a su
contrata sin fundamentar el correspondiente acto terminal. Aquí invocó
el principio de la confianza legítima como elemento
temporal
estabilizador.
Para que
operase señaló que, de acuerdo con un criterio unificador, debían
transcurrir 5 años —frente a los 2 años de la Contraloría—, y que
a contrario
sensu, si la persona lleva
desempeñándose por un plazo inferior a 5 años, este
principio
no le sería aplicable, siendo procedente entonces que la
autoridad pueda poner término a su contrata de manera
anticipada (rol 139496/2022).
La Corte
Suprema expresó que el objetivo de dicha sentencia es dar
certeza jurídica a los justiciables, pero lo cierto es que la misma va
en total contradicción con el órgano contralor, pese a haber
recurrido a idénticos argumentos de fondo para proteger al funcionario público. Su sentencia dista mucho de establecer un criterio coherente y unificador, toda vez
que los plazos a partir de los cuales los funcionarios podrían
invocar la confianza legítima son significativamente
superiores, desatendiendo de esta forma lo ya resuelto por la Contraloría General de la República en los dictámenes atingentes.
Ese mayor plazo fue establecido sin fundamentos y se constituyó para el Poder
Judicial en un precedente en la materia, a través de la
reconsideración de anteriores fallos.
Siendo
así, si un funcionario desvinculado con más de 2 y menos de 5 años
en el servicio recurre ante la Contraloría, obtendrá el reintegro y
recibirá la remuneración que dejó de percibir
el
tiempo que estuvo fuera. En este
caso,
¿podría la entidad empleadora
reclamar contra la decisión ante la corte de apelaciones respectiva
para que revierta lo decidido?
En este
caso puntual, podemos ver claramente que la Contraloría se aleja de
su propósito final que es interpretar la ley, adoptando otros
mecanismos de resolución de conflictos como lo son los principios
jurídicos.
4.4.
Plazos de investigación en los sumarios
administrativos
El
capítulo V de la ley n.º 18.834 establece las normas de
responsabilidad administrativa de los funcionarios de la
Administración del Estado. Por otro lado, la ley de procedimientos
administrativos indica que: «salvo caso fortuito o fuerza
mayor, el
procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses desde su
inicio hasta la fecha en que se emita la decisión final» (ley n.º
19.880, artículo 27).
Al
respecto, la Contraloría ya ha realizado la labor interpretativa
respecto de la dilación excesiva de los sumarios por más de 6 meses
(dictamen 27450/2019), indicando que la demora en su
tramitación no acarrea un vicio que pudiera afectar su validez, puesto
que no recae en un elemento esencial del mismo, pero
que sí
podría originar una responsabilidad administrativa para el
funcionario encargado de llevarlo a cabo.
Sin
embargo, la Corte Suprema en reiterados
fallos (roles 7554/2015, 2639/2020, 119193/2020) ha manifestado que el debido
proceso, además de racional y justo, debe ser oportuno.
Otras veces el máximo tribunal
ha
sido más categórico, indicando que
los
plazos
son fatales,
declarando por lo tanto la ilegalidad
de
la
demora en la tramitación.
Al
respecto, la corte ha vacilado respecto de la demora en la
tramitación de un sumario administrativo:
1)
El plazo de 6 meses no sería fatal, sin embargo, el acto
adolecería de ilegalidad y correspondería la restitución del
imperio de derecho, para lo cual otorga un plazo prudente para su
posterior finalización (rol 137842/2022).
2)
La instrucción del sumario sería ineficaz como acto
administrativo al exceder de plazo legal, provocando su extinción.
Ello, pues la demora en la decisión final afecta su contenido
jurídico, tornándolo ilegítimo y lesivo para el afectado. En otras
palabras, producto del tiempo excesivo transcurrido, la
sanción se vuelve inútil, considerando que su principal finalidad es
preventivo- represora,
siempre y cuando la demora sea injustificada (rol
14298/2021).
4.5.
Restituciones inmuebles fiscales
La Corte
de Apelaciones de Arica conoció un recurso de protección
contra la resolución exenta n.º 39, de 2017, de la Gobernación
Provincial de Arica, que disponía la restitución administrativa y
desalojo de los bienes fiscales pertenecientes al serviu en el sector de cerro Chuño. En este caso,
la corte declaró ilegal el acto por no ajustarse a derecho, dado
que la atribución de los gobernadores provinciales
para requerir el desalojo administrativo alcanza solamente a los
bienes nacionales de uso público y no a los bienes fiscales,
calidad
esta última que corresponde a las viviendas construidas por los
servius y que no han sido entregadas a
particulares (rol 118/2017).
La
decisión fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema (rol 10203/2017), por 3 votos a 2. El voto de la disidencia
básicamente argumentaba que el gobernador actuó dentro de la esfera
de sus atribuciones y que el acto se encontraba
justificado.
En
reiterados fallos el máximo tribunal sostuvo el mismo razonamiento
(roles 88979/2021, 25468/2021, 29300/2019).
Por
otro lado, la Contraloría General de la República ha aplicado simultáneamente el artículo 26, letra f, del decreto con
fuerza de ley n.º 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, y el
artículo 4, letra h, de la ley n.º 19.175, indicando
expresamente que ambos
«otorgan a la mencionada autoridad la facultad de exigir
administrativamente la restitución
de cualquier bien del Estado». Así lo ratifica el dictamen
E428353/2023, donde se concluye que los delegados
presidenciales provinciales
y regionales cuentan con las atribuciones previstas en la
ley n.º 19.175 y en el
referido decreto con fuerza de ley para exigir la restitución
administrativa de los inmuebles fiscales.
Siendo
entonces así, ¿quién tiene la razón? ¿la Corte Suprema por ser
fuente general del derecho o la Contraloría General de la República
por ser fuente especializada de derecho administrativo?
Los
ejemplos traídos a colación en el presente trabajo son un claro
ejemplo de antinomias en materia de interpretación jurídica, no
entre leyes, ni reglamentos, como es utilizado el término, si no
entre la facultad de impartir justicia y la de interpretar la
misma.
5.
Breve comentario al
recurso de protección y lo contencioso
administrativo
En materia
de derecho público, todos los actos son susceptibles de revisión,
ya sea por la Contraloría General de la República, a través de su
control preventivo de legalidad, o después de ser expedido el acto
terminal. La misma situación ocurre en relación con los tribunales
de justicia, dado que:
Cualquier
persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del
Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar
ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que
hubiere causado el daño (Constitución, artículo 38, inciso
segundo).
Los
actos emitidos por los órganos de la Administración del Estado —incluida la Contraloría General de la República— son
susceptibles de revestir el carácter de arbitrarios e ilegales y, por ende, de
causar agravio a los destinatarios. No el acto en sí, pero sí su
contenido, lo que hace procedente la reclamación o impugnación,
siendo el recurso de protección la herramienta quizás no más
idónea, pero sí más eficaz por su tramitación
rápida.
A pesar de
que la ley n.º 10.336 dispone que las resoluciones dictadas por
el ente contralor dentro de la esfera de sus atribuciones no
serán objeto de recurso alguno ante otra autoridad
—incluida la jurisdiccional—, aquello no es cierto, puesto que, en
la práctica, es perfectamente posible y es un hecho además
que no
admite discusión alguna, ni jurisprudencial ni doctrinaria. No
obstante, existen opiniones en contrario, donde se deja entrever la desnaturalización de la
herramienta jurisdiccional, toda vez que se trata de un recurso de
carácter excepcional,
naturaleza cautelar o de tutela diferenciada (Cappelleti, 1974).
Es
importante señalar que el recurso de protección no da lugar a un procedimiento que decante en un litigio propiamente tal
entre las partes. Claramente no respeta la garantía del debido proceso legal
del artículo 19, n.º 3, inciso quinto, de la Constitución, toda vez que su naturaleza esencialmente desformalizada y su tramitación sucinta impiden la
contradictoriedad y no admite pruebas
ni garantías
procedimentales.
Pese a
todos estos inconvenientes, en la actualidad este recurso-remedio
es la vía ordinaria de impugnación de los actos administrativos,
puesto que no solo tutela derechos fundamentales
sino también meros derechos legales e intereses legítimos (Ferrada Bórquez et al., 2003:
67-68).
6.
Conclusiones
En primer
lugar, es importante dejar en claro que el presente trabajo no
pretende dar un remedio al problema expuesto. Sin perjuicio de
ello, es importante reflexionar en torno a las
posiciones jurídico-doctrinarias atingentes.
Es
indiscutible el rol que juega la Contraloría General de la
República, no solo por sus dictámenes como fuente del derecho
administrativo, sino por ser un órgano independiente y
especializado, a falta de un tribunal que ejerza
jurisdicción. Respecto a su fuerza vinculante, indiscutiblemente su
jurisprudencia es obligatoria para todos los funcionarios, jugando un
rol trascendente en el control de legalidad de los actos de la
Administración del Estado.
Por otro
lado, está fuera de discusión que «si en fallos judiciales se
resuelve un caso concreto en forma diversa a lo sostenido por
la jurisprudencia administrativa, esta última se mantiene vigente para
aquellos que no han sido parte en el respectivo juicio» (dictamen
6512/2012), apostando, en este caso, por la generalidad y
obligatoriedad que le asigna la ley a las interpretaciones
dadas por
la Contraloría General, considerando su indiscutible especialidad
en la materia en cuanto a los efectos de las mismas, versus el
carácter relativo de las sentencias de la Corte
Suprema.
La
autonomía de la Contraloría General de la República respecto de la
tríada tradicional de poderes del Estado la hace confiable ante la
ciudadanía y, por ende, goza de una autoridad
para pronunciarse sobre el actuar de los órganos de la Administración
del Estado que va más allá de las facultades que el
derecho positivo le otorga. Pese
a
que
para muchos su competencia
debiese ser
«limitada» para determinar el sentido
y
alcance de los preceptos administrativos
—derechos subjetivos— su jurisprudencia
ha
asumido un carácter hermenéutico y resolutorio
de
los
conflictos de terceros ajenos a la Administración
que
«litigan»
ante ella, pasando a ser una de las instituciones con mayor
confianza y credibilidad ante el país.
Sin
perjuicio de lo anterior, la Contraloría carece de fuerza
vinculante frente a los tribunales superiores de justicia, no
obstante su competencia técnica
innegable y a diferencia de su fuerza vinculante para con los
órganos de la Administración del Estado, que le otorgan una
especie de confianza legítima (Cordero Vega, 2010: 172) respecto de las
personas a quienes sus dictámenes afectan. Como ya se expresó, su
función es meramente ilustrativa, siendo ese el principal
problema que se detecta en cuanto a las justificaciones o criterios desiguales en los
fallos de una controversia sometida a su
conocimiento.
Cada día
somos testigos de las controversias entre ambas instituciones,
las cuales no han consensuado las
atribuciones que cada una
posee como fuentes
del
derecho administrativo. Según sea el caso, una y otra esgrimen una
extensa gama de justificaciones acerca de cuál tiene la competencia
absoluta para pronunciarse. Lo anterior trae aparejada incerteza,
traducida en la inconsistencia entre las resoluciones de uno y
otro órgano.
Hay que
recordar que «una jurisprudencia desordenada, caótica, zigzagueante
o vacilante, como se quiera llamar, no es coherente con valores democráticos como la igualdad ante la ley y la certeza; sí lo es
una jurisprudencia de precedentes vinculantes» (Vergara Blanco,
2021).
El
panorama actual no parece muy alentador, pues, por muchas
prerrogativas que posea la Contraloría, toda actuación que, según
el interesado, infrinja cualquier derecho subjetivo será
susceptible de revisión a través del recurso de protección ante las
cortes de apelaciones respectivas. Es el juez precisamente quien
tiene la última palabra, quien finalmente resolverá y su sentencia
sí tendrá el efecto de cosa juzgada (De la Cruz Millar, 2018: 219);
distinto del caso de los dictámenes de
Contraloría.
Un avance
significativo en el problema podría ser definir, mediante una
reforma legal, el concepto de dictamen y los alcances concretos de la
jurisprudencia administrativa, para que esta no se encuentre sujeta
a interpretaciones de índole formal. De esta forma, la Contraloría
no solo tendría la facultad de interpretar la norma administrativa,
sino que también la de resolver y disponer las consecuencias
jurídicas que tendrán sus pronunciamientos para los involucrados,
todo esto a partir de la vasta jurisprudencia administrativa
acumulada a través del tiempo.
Sin duda
alguna, una reforma a la normativa orgánica de la Contraloría
debería ampliar sus atribuciones para conocer
de
asuntos de derecho público, otorgando
el
carácter de vinculante a sus dictámenes, de ser precedentes y
fuentes del derecho administrativo. Respecto de las sentencias
dictadas por la Corte Suprema, en caso de no
concordar con lo dictaminado, estas deberán contener
las
razones de su discrepancia.
Por otro
lado, es relevante qué órgano del Estado dirime los conflictos
de competencia, puesto que, a mi parecer, no sería correcto otorgar competencia a un ente estrictamente político, como lo es
el Senado, y no a un organismo técnico, por ejemplo el Tribunal Constitucional, el cual, por lo
demás, también goza de
independencia en sus decisiones.
De igual
modo, es necesario ahondar en lo que se entiende por
precedente administrativo y sus características, a fin de
establecer qué órgano posee las mayores cualidades para ser un
generador de jurisprudencia de derecho público administrativo.
Ante la
ausencia de un procedimiento contencioso administrativo de carácter
general, se ha hecho cada vez más usual el empleo del recurso de
protección, desnaturalizando el fin para el que fue creado, al operar como un mecanismo de control de legalidad de las
actuaciones de la Administración del Estado. Tal vez con un mayor
rigor en su admisibilidad, restringiendo consecuencialmente
su procedencia sobre la base del
derecho fundamental invocado, podría lograrse que se «descongestionen» un poco las
solicitudes y, en definitiva, se limiten a los casos en que
realmente se priven, perturben o amenacen derechos
fundamentales.
Por otro
lado, ayudaría mucho la implementación del proceso
contencioso general, con un procedimiento racional y justo, que
contemple contradictoriedad,
rendición
de pruebas, bilateralidad y rapidez en la tramitación. Esto
implica retomar la conversación sobre la creación e
implementación de los tan anhelados tribunales de lo
contencioso administrativo, como se contempló en la Constitución de
1925.
Por
último, en el funcionamiento del Poder Judicial hay un factor que
atenta contra la seguridad jurídica: la diversidad de criterios de
las cortes y de los jueces que integran las salas,
dictando fallos contradictorios o zigzagueantes como los denomina el
profesor Vergara Blanco. Esto entorpece la formación de precedentes
en la materia, en contraste con la estabilidad que otorga la
Contraloría General de la República con sus
dictámenes.
A modo de
conclusión, es indiscutible que la cosa juzgada en las
sentencias determina que la última palabra la tienen los
tribunales de justicia, ofreciendo por este hecho una mayor certeza
a la resolución del asunto controvertido. Los dictámenes de la
Contraloría General, por ahora, carecen de un efecto
parecido.
7.
Referencias
Argandoña,
M. D. (1981). Control jurisdiccional sobre las decisiones de
la Contraloría General de la República. Revista de Derecho Público,
(29/30), 239-264.
https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/
article/view/43948
Barra, R. C. (1998). Tratado de derecho
administrativo. Ábaco.
Bello, A.
(10 de noviembre de 1839). La
necesidad de fundar las sentencias. El Araucano n.º
479.
Cappelleti, M. (1974). Proceso ideologías, sociedad.
Ediciones Jurídicas Europa- América.
Cordero
Vega, L. (2010). La
jurisprudencia administrativa en perspectiva: entre
legislador positivo
y juez activista. Comentario desde el dictamen sobre la píldora del día después.
Anuario de
Derecho Público, (1), 165-188
De la Cruz
Millar, A. (2018). La
Contraloría General de la República como contencioso administrativo
general [tesis de doctorado]. Universidad de Chile.
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/185378
Ferrada
Bórquez, J. C.; Bordalí Salamanca, A.
& Cazor Aliste, K. (2003). El
recurso de protección como mecanismo de control jurisdiccional
ordinario de los actos administrativos: una respuesta inapropiada a
un problema jurídico complejo. Revista de Derecho de la Universidad
Austral de Chile, 14, 67-
81.
http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/2718
Real
Academia Español. (s.f.). Diccionario de la lengua española,
23.ª edición [versión 23.8 en línea].
https://dle.rae.es
Soto
Kloss, R. (2012). La toma de razón y el
poder normativo de la Contraloría General de
la República. En La
Contraloría General de la República. 50 años de vida institucional (1927-1977). Contraloría General de la
República y Universidad de
Chile.
Villar
Ezcurra, J. L. & Villar Palasí, J. L. (1993). El derecho a la
certidumbre jurídica y la incertidumbre de nuestro derecho. En L.
Martín-Retortillo Baquer
(coordinador), La
protección jurídica del ciudadano (procedimiento
administrativo y garantía
jurisdiccional): estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez, 1. Civitas.
Vergara
Blanco, A. (2021). Vacilaciones jurisprudenciales de la Corte
Suprema: retroceso en 2020 y discusión
valórica tras los zigzags. El Mercurio Legal.
8.
Normativa
Ley n.º
19.880, establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado. Diario Oficial de la
República de Chile, 29 de mayo de 2003.
https://bcn.cl/2f82e
Ministerio
de Hacienda. (1959). Decreto
con fuerza de ley n.º 22, de 1959, que flja
el texto
de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la
República; deroga la Ley de Régimen Interior, de 22 de diciembre de 1885.
Diario Oficial de la República de Chile, 19 de noviembre de
1959. https:// bcn.cl/2pdlc
Ministerio de Hacienda. (1964). Decreto n.º 2.421, de 1964, flja el texto coordinado, sistematizado y refundido de la Ley de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República: ley n.º
10.336. Diario Oficial
de la República de Chile,
10 de julio de 1964. https://bcn.cl/2f904
Ministerio
del Interior. (2005). Decreto
con fuerza de ley n.º 1-19.175, flja el
texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley
n.º 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
Diario Oficial de la República de Chile, 8 de noviembre de
2005. https://bcn. cl/2f96z
Ministerio
Secretaría General de la Presidencia de la República. (2005).
Decreto n.º 100, de 2005,
flja el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Constitución Política
de la República de Chile. Diario Oficial
de la República de Chile, 22 de septiembre de 2005.
https://bcn.cl/2f6sk
9.
Jurisprudencia
9.1.
Tribunal Constitucional, causas roles números:
176/1993,
ejerce control de
constitucionalidad del proyecto de ley que modiflca la ley n.º 18.168, General
de Telecomunicaciones, sentencia del 22 de
noviembre
de 1993.
3283/2016, contienda de competencia suscitada entre la Contraloría General de la República y el 29.º Juzgado de Letras en
lo Civil de Santiago, en proceso sobre declaración de mera certeza de que conoce el 29.º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el rol
C-25213/2016, sentencia
del 18 de enero de
2017.
9.2.
Corte Suprema, causas roles números:
2791/2012,
caratulada «Municipalidad de
Zapallar/Contraloría Regional de Valparaíso», sentencia del 3
de julio de 2012.
5984/2012,
caratulada «Municipalidad de
Santiago/contralor general de la república»,
sentencia
del 6 de noviembre de 2012.
7554/2015,
caratulada «Hidroeléctrica La
Confluencia S.A./Superintendencia de Electricidad y
Combustibles», sentencia del 17 de septiembre de
2015.
10203/2017, caratulada «Instituto Nacional de Derechos
Humanos/Gobernación Provincial de Arica y general jefe de la XV
Zona de Carabineros de Arica y Parinacota», sentencia del 26 de octubre de
2017.
22023/2018, caratulada
«Beals/contralor regional de Valparaíso», sentencia del
4 de
diciembre de 2012.
2639/2020,
caratulada «UC Christus Servicios Clínicos SpA/Superintendencia de Salud», sentencia del 28 de
julio de 2020.
119193/2020, caratulada «Instituto de Diagnóstico
SA/Intendencia de Prestadores de Salud (LTE)», sentencia del 9 de noviembre de
2020.
14298/2021, caratulada «Fierro/Policía de Investigaciones
de Chile», sentencia del 13 de mayo de 2021.
137842/2022, caratulada
«Cifuentes/Universidad de Santiago de Chile», sentencia
del 5 de
octubre de 2023.
139496/2022, caratulada «Pinto/Municipalidad de Pudahuel», sentencia del 11 de
abril de 2023.
9.3.
Corte de Apelaciones de Arica, causa rol
número:
118/2017,
caratulada «Instituto
Nacional de Derechos Humanos/Gobernación Provincial de Arica y
general jefe de la XV Zona de Carabineros de Arica y
Parinacota»,
sentencia del 10 de marzo de 2017.
9.4.
Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol
número:
5711/2006,
caratulada «Sociedad
Inmobiliaria Club de Campo Limitada y CpA/ contralor general de la
república».
9.5.
Contraloría General de la República, dictámenes
números: 35397/2007.
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/035397N07/html
6512/2012.
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006512N12/html
64951/2014.
https://www.contraloria.cl/buscadorpdf/dictamenes/064951N14/html
22766/2016.
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/022766N16/html
27450/2019.
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/027450N19/html
E428353/2023.
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E428353N23/html