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El ecosistema de la corrupción municipal en Chile: dilemas éticos, políticos
y
judiciales
The ecosystem of municipal corruption in Chile: ethical,
political and judicial dilemmas
Andrea
Riquelme Miño1
y Martina Alarcón Salvatierra2
Resumen
Este ensayo explora la corrupción en los municipios chilenos, abordando las tensiones éticas, políticas y judiciales que emergen de este problema de alto impacto social. Factores como el clientelismo, la eficiencia percibida y la afinidad ideológica pueden influir en el apoyo de los votantes a políticos formalizados, pero no condenados en delitos de corrupción. Asimismo, se examinan los desafíos del sistema judicial, donde la lentitud, poca capacidad técnica del sistema y la influencia mediática distorsionan la percepción pública y electoral. La conclusión subraya que, en un Estado de derecho donde prevalece la presunción de inocencia, los ciudadanos no deberían ser responsables de juzgar a los políticos formalizados si la justicia no ha llegado a una decisión oportuna respecto de su culpabilidad.
Palabras clave: corrupción – municipalidades – justicia – elecciones locales – votantes
Abstract
This essay explores corruption in Chilean municipalities, addressing the ethical, political and judicial tensions that emerge in this problem of high social impact. Factors such as clientelism, perceived efficiency, and ideological affinity may influence voter support for politicians who have been formalized but not
1 Es
administradora pública, investigadora en Grupo de Investigación en
Administración Pública de la
Universidad de Talca y estudiante del Magíster en Criminología y Gestión de la
Seguridad Ciudadana de la Universidad
de Chile.
2 Es estudiante de Administración Pública en la Universidad de Talca y asistente de investigación en el Centro
de Análisis Político de la Universidad de Talca.
convicted of corruption offenses. It also examines the challenges of the judicial system, where slowness, low technical capacity of the system and media influence distort public and electoral perception. The conclusion underlines that, in a rule of law where the presumption of innocence prevails, citizens should not be responsible for judging formalized politicians if justice has not reached a timely decision regarding their guilt.
Keywords: corruption – municipalities – justice – local elections – voters
1.
Introducción
En Chile, la corrupción en el ámbito municipal ha sido un problema recurrente que representa un desafío constante para la Administración pública. En el último año, una decena de alcaldes han sido formalizados por delitos de corrupción, incluyendo cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al fisco (Cooperativa, 2024). Este fenómeno, particularmente en año de elecciones locales, ha desatado un debate sobre la responsabilidad de los votantes que continúan respaldando a políticos formalizados y sobre la capacidad del sistema judicial para responder de manera efectiva frente a estas acusaciones.
La presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier sistema democrático, garantiza que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una condena definitiva. Sin embargo, este principio enfrenta desafíos cuando se aplica a figuras políticas sometidas al escrutinio público, especialmente en casos de corrupción. En Chile, la legislación permite que políticos formalizados sigan ejerciendo sus funciones y se postulen a elecciones, lo que genera un conflicto entre la percepción pública de probidad y los derechos democráticos. La lentitud de los procesos judiciales añade incertidumbre y permite que políticos bajo investigación continúen en sus cargos o busquen la reelección, lo que también genera interrogantes sobre la responsabilidad de los votantes y la eficiencia del sistema judicial.
Este ensayo se centrará en analizar las razones que podrían motivar a los ciudadanos a votar por candidatos formalizados, pero no condenados, y cómo la combinación de procesos judiciales prolongados y juicios mediáticos puede influir en la percepción pública y en los resultados electorales. Se presentarán casos emblemáticos de alcaldes condenados y formalizados y se examinarán los factores que inciden en las decisiones de los votantes. Además, se discutirán los desafíos del sistema judicial y los dilemas éticos y políticos que surgen en un contexto de incertidumbre legal y percepción de corrupción. Con esta estructura, se busca ofrecer una comprensión más profunda de las tensiones entre justicia, política y opinión pública en casos de corrupción en el ámbito municipal chileno.
2.
Desarrollo
Las investigaciones muestran que el apoyo de los votantes a políticos corruptos se basa en un cálculo de costo-beneficio, donde el clientelismo y el patrocinio juegan un papel clave, especialmente en áreas desfavorecidas. En estos contextos, los votantes optan por candidatos que ofrecen beneficios inmediatos como trabajos o acceso a bienes públicos, lo que refuerza la idea de que una buena provisión de servicios puede compensar la corrupción (Winters & Weitz-Shapiro, 2013; Bøttkjær & Justesen, 2020). Desde esta lógica clientelar, los recursos se distribuyen a cambio de lealtad, con la figura del «patrón» gestionando estas redes (Lomnitz, 1988). En Chile, se ha observado que más del 80 % de las audiencias entre ciudadanos y alcaldes en 2015-2016 se centraron en solicitudes personales, en lugar de temas de política pública, lo que evidencia un enfoque no programático que se intensifica en años de elecciones locales (Belmar & Morales, 2020). En estos espacios, los votantes justifican su apoyo en función de la eficiencia percibida y el acceso a recursos, con diferencias entre hombres jóvenes, que priorizan la competencia del político, y mujeres y personas mayores de 45 años, quienes prefieren la honestidad (Martínez, 2016).
En Chile, el clientelismo ha demostrado ser persistente a pesar de dos décadas de reformas administrativas; opera en un contexto de baja estatalidad y se consolida en redes que se entrelazan con la corrupción, beneficiándose mutuamente (Moya & Paillama, 2017). Estas prácticas persisten en el ámbito electoral y también en el reclutamiento burocrático, donde la eficiencia administrativa ha sido priorizada sobre la legalidad (Moriconi, 2011). Además, el clientelismo se sostiene mediante vínculos personalizados que prevalecen entre autoridades locales y ciudadanos, promovidos por incentivos políticos y factores institucionales (Belmar & Morales, 2020). No obstante la reputación de Chile de tener una Administración pública relativamente eficiente, estas prácticas clientelistas continúan siendo una característica estructural del sistema político, especialmente en contextos locales.
Otro factor que influye en la tolerancia hacia la corrupción es la afinidad ideológica entre el votante y el candidato. Esta cercanía puede distorsionar la percepción de la gravedad de los actos corruptos y reducir la disposición a castigarlos, ya que los votantes justifican el comportamiento bajo la lógica de que los beneficios superan los costos morales (Barros et al., 2019). Además, la desconfianza en las instituciones y en la veracidad de las acusaciones refuerza esta tendencia.
La falta de alternativas políticas percibidas como «limpias» favorece la reelección de políticos corruptos. En contextos donde la corrupción es vista
como generalizada, los votantes tienden a preferir candidatos considerados competentes, independientemente de su historial (Winters & Weitz-Shapiro, 2013; Martínez, 2016). Esto se agrava por factores socioeconómicos, donde votantes con mayores ingresos son más indulgentes si perciben una gestión eficaz, lo que refleja cómo factores individuales, institucionales y contextuales moldean las decisiones electorales.
La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal, reconocido universalmente y consagrado en Chile en el Código Procesal Penal, que establece: «Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme» (Código Procesal Penal, artículo 4º). Este principio, pilar del sistema de justicia penal acusatorio, es esencial para garantizar el debido proceso y la defensa del Estado de derecho en cualquier democracia (Mackor & Geeraets, 2013; Martín Diz, 2018). No solo se trata de una garantía procesal, sino también de un derecho fundamental que emana de la dignidad de la persona humana (Felices, 2021).
La presunción de inocencia contrarresta un sesgo social hacia la culpabilidad, influido por factores socioculturales y psicológicos. Ante una acusación, la sociedad tiende a considerar culpable al acusado incluso antes del juicio (Martín Diz, 2018). Dicho sesgo se intensifica con el «efecto bandwagon», donde los medios refuerzan esa percepción (Nieva, 2016). Esta tendencia se origina en el antiguo sistema inquisitivo, donde el juez que instruía también dictaba sentencia, haciendo de la audiencia una mera formalidad. De ahí surge la creencia popular de que una imputación casi siempre lleva a una condena (Nieva, 2016).
Se puede debilitar la presunción de inocencia bajo la presión social y las narrativas mediáticas, en especial en casos de alto perfil que involucran corrupción o violencia de género (Neto & Santiago, 2024; Martín Diz, 2018). Un ejemplo significativo de esta erosión se dio en la «Operación Lava Jato» en Brasil, donde los discursos anticorrupción permearon tanto en la opinión pública como en las decisiones judiciales, socavando las protecciones constitucionales y promoviendo la flexibilización de la presunción de inocencia para avanzar en la lucha contra la corrupción (Neto & Santiago, 2024).
La democracia tiene como soberano legítimo al pueblo, independiente de las formas que adopte para elegir a sus representantes. En este marco, el sufragio permite a los ciudadanos seleccionar a quienes representarán sus intereses y alcanzarán acuerdos con otras figuras políticas, a fin de tomar decisiones legítimas que protejan el bien común en beneficio de todos los sectores de la sociedad (Salazar & Woldenberg, 1997). Una concepción generalizada sobre
el sufragio es su aspecto pasivo —el acto de elegir—, pero también posee una dimensión activa que es el derecho de ser elegible, por lo tanto, el derecho de poder presentarse a candidato a las elecciones (Aragón, 2007). De este modo, las personas gozan de la libertad tanto de votar como de ser elegidas dentro de un sistema democrático. Cada Estado establece las normativas que rigen los procesos de elección popular y define los requisitos para postular a los cargos públicos, así como las inhabilidades correspondientes, determinando en consecuencia quiénes pueden ser elegidos por la ciudadanía.
En Chile, el sistema legal establece que las personas condenadas por crímenes con penas aflictivas, superiores a tres años y un día, quedan inhabilitadas para ejercer cargos públicos o presentarse como candidatos por un tiempo determinado. Esto significa que los ciudadanos no pueden votar por políticos condenados por corrupción, ya que una sentencia implica la pérdida de derechos políticos. Sin embargo, los incumbentes formalizados, pero no condenados, pueden ser elegibles para nuevas elecciones, ya que la inhabilidad se aplica solo tras una sentencia definitiva.
El sistema de persecución penal en Chile ha creado un enfoque especializado para delitos de corrupción mediante la Unidad Especializada en Anticorrupción, que apoya y asesora a los fiscales para optimizar las investigaciones. A su vez, las fiscalías regionales, con unidades especializadas, son los principales órganos operativos para enfrentar estos delitos de manera coordinada y eficiente a nivel local. Sin embargo, la efectividad de este diseño institucional se ve limitada por varias deficiencias estructurales. Duce et al. (2019) señalan que, si bien existen estas unidades especializadas, la falta de recursos y la insuficiente capacitación sistemática de los fiscales comprometen la calidad de las investigaciones. No se han implementado programas de mejora continua que permitan actualizar y reforzar las competencias de los fiscales a lo largo del tiempo, lo que conduce a una pérdida de especialización cuando los fiscales experimentados dejan los equipos de trabajo. Esta situación, sumada a un enfoque formativo no sistemático y a la falta de tribunales dedicados exclusivamente a los casos de corrupción, crea un desfase entre las capacidades de los fiscales y las exigencias de los casos que enfrentan.
El sistema también enfrenta obstáculos operativos relacionados con la labor de las policías. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que la policía chilena presenta una baja especialización en áreas críticas como la contabilidad forense y la investigación tecnológica, aspectos fundamentales en la recolección de pruebas en delitos de corrupción. Esto ralentiza los procesos y afecta la capacidad de las fiscalías para avanzar de manera efectiva en las investigaciones, dejando en evidencia la necesidad de un
fortalecimiento institucional más profundo para mejorar la persecución penal de estos delitos (Duce et al., 2019).
Desde el ámbito político, se han planteado diversas medidas para enfrentar la corrupción en las candidaturas a cargos públicos. El diputado Leonardo Soto, por ejemplo, ha señalado la gravedad de permitir que personas formalizadas por corrupción se presenten a elecciones, sugiriendo que los partidos establezcan normas más estrictas que impidan esta situación. Sin embargo, esta propuesta toca un punto delicado, ya que imponer restricciones de este tipo sin una condena definitiva socavaría el principio de presunción de inocencia y podría ser utilizado de manera estratégica para descalificar políticamente a candidatos mediante denuncias que busquen solo la formalización.
En respuesta a esta problemática, se ha presentado un proyecto de ley que busca responsabilizar a los partidos políticos en caso de que sus candidatos electos resulten condenados por delitos de corrupción durante su ejercicio. Esta propuesta pretende establecer sanciones para los partidos, promoviendo así una mayor responsabilidad en la selección de sus candidatos y reforzando el compromiso con la transparencia. No obstante, su efectividad dependerá de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad política de los partidos y el respeto por los derechos fundamentales de los candidatos, evitando la manipulación de las formalizaciones para fines políticos.
Los recientes casos de corrupción municipal en Chile revelan la compleja relación entre justicia, política y votantes. Un ejemplo es Martín Arriagada, exalcalde de Sagrada Familia, cuya gestión fue cuestionada desde 2015 por irregularidades en la venta de permisos de circulación, lo que llevó a su formalización en 2020 por fraude al fisco, con un perjuicio de más de
$ 805.000.000. Sin embargo, Arriagada ganó las elecciones municipales de 2021 y pasó a ejercer un tercer período como alcalde, con más del 53 % de los votos, a pesar de su formalización en curso. Finalmente, a fines de 2023 fue condenado a tres años de presidio, tras una prolongada demora en el sistema de justicia, que permitió su continuidad en el cargo casi hasta completar un tercer mandato.
Karen Rojo fue alcaldesa de Antofagasta entre 2012 y 2020, enfrentando varios procesos judiciales por corrupción. En 2018, fue formalizada por usar fondos municipales para contratar una consultora para su campaña de reelección de 2016, instancia en la que ganó con el 28 % de los votos, superando a seis candidatos, lo que plantea dudas sobre lo que valoraron los votantes o la posible influencia del fraude en los resultados. En 2019, fue formalizada y en 2020 el tribunal electoral la suspendió e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad denunciadas por los concejales de la comuna, lo que le impidió postularse a un
tercer período, garantizando que la decisión no recayera en los votantes. Sin embargo, la dilación del proceso judicial le permitió permanecer casi todo su segundo mandato. Finalmente, en 2022, fue condenada a cinco años y un día de presidio por fraude al fisco.
En la actualidad, los casos de Mario Meza, alcalde de Linares, y Miguel Araya, alcalde de Buin, ilustran cómo la permanencia de alcaldes formalizados por delitos de corrupción genera una tensión entre los derechos democráticos y la percepción de probidad. Ambos han sido formalizados, enfrentan medidas cautelares y continúan en sus cargos mientras buscan la reelección, dado que no han sido inhabilitados por el tribunal electoral. Meza fue formalizado en 2024 por fraude al fisco debido a irregularidades en contratos durante la pandemia, mientras que Araya fue formalizado en 2023 por cohecho y fraude al fisco, acusado de favorecer a contratistas mediante acuerdos irregulares. Ambos casos han desatado cuestionamientos en sus respectivas comunas, donde algunos ciudadanos justifican su apoyo por la eficiencia demostrada en la gestión y la falta de opciones políticas percibidas como «limpias».
La ausencia de una condena firme y la posibilidad de que estos alcaldes continúen en funciones crean un ambiente de incertidumbre legal. Los votantes tienden a respaldarlos en parte por afinidad ideológica y los beneficios tangibles que han proporcionado, reflejando un escenario en el que los lazos clientelares y la percepción de eficiencia prevalecen sobre la probidad. A esto se suma el rol de los medios de comunicación, que intensifican la cobertura de estos casos, generando juicios mediáticos que influyen en la opinión pública antes de que existan sentencias definitivas.
El análisis de casos de corrupción local en Chile muestra cómo la duración de los procesos judiciales afecta la percepción pública y las decisiones electorales. La demora en los juicios y la tardanza en detectar irregularidades dificultan que los ciudadanos tengan una referencia clara sobre la culpabilidad de las autoridades. Ante esta incertidumbre, los votantes se enfocan en evaluar aspectos tangibles de la gestión municipal, como obras o mejoras locales, que pueden percibir directamente. Sin embargo, juzgar si un político ha cometido corrupción es una tarea que debe recaer en la justicia y es necesario mantener clara la distinción entre la evaluación de la gestión pública y el juicio penal. Flexibilizar la presunción de inocencia no puede ser una vía en un sistema democrático, ya que impedir a los candidatos sin sentencia participar en las elecciones violaría sus libertades civiles. Lo ideal es que los votantes juzguen la gestión del candidato, mientras que la culpabilidad debe ser decidida por los tribunales respectivos.
Es fundamental profundizar en estudios que exploren cómo la gestión municipal puede enmascarar o compensar las percepciones de corrupción, especialmente en comparación con los juicios mediáticos que pueden influir en la opinión
pública antes de que existan sentencias definitivas. Evaluar la eficacia percibida como un factor determinante en la decisión electoral permitiría entender mejor las tensiones entre probidad y eficiencia.
Asimismo, es imprescindible invertir en el fortalecimiento de los sistemas de persecución penal a nivel regional, para que puedan atender los casos locales con mayor celeridad y eficacia. La falta de recursos y especialización en los tribunales y fiscalías locales actualmente ralentiza los procesos y afecta la confianza pública en la administración de justicia. Un sistema de justicia más ágil y especializado puede contribuir a reducir la percepción de impunidad al mismo tiempo que permite fortalecer los mecanismos de control en el ámbito local, protegiendo la integridad de la Administración pública. Además, la vigilancia y el control ejercido por los concejales pueden ser útiles si el tribunal electoral se pronuncia, permitiendo actuar de manera paralela al sistema procesal penal en garantía de la ciudadanía.
Más allá de las implicancias legales, la corrupción y el clientelismo representan un alto costo para la Administración pública, no solo por la pérdida de recursos, sino también porque socavan la eficiencia y la confianza en las instituciones. Estas prácticas tienden a priorizar los intereses individuales por sobre el bienestar colectivo, perpetuando un ciclo de impunidad y desviando el uso adecuado de los recursos públicos. Por ello, es fundamental avanzar hacia un modelo de gestión que sea transparente y eficiente, capaz de conciliar las expectativas ciudadanas y los derechos democráticos con la probidad y la buena gobernanza.
Referencias
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