E D I T O R I A L
A modo preliminar, aprovechamos esta instancia para presentar a la División de Fiscalización, la que fue creada a fines del año pasado, mediante la resolución exenta Nº 2.529, de 2023, con el propósito de velar por que las entidades bajo la fiscalización de la Contraloría sujeten su actuar al ordenamiento jurídico, respeten el principio de probidad administrativa y resguarden el patrimonio público.
Anteriormente, dicha función estaba a cargo de la División de Auditoría Administrativa, la que experimentó, en 2018, una reestructuración que implicó que sus labores de control externo directo fuesen separadas y encomendadas a nuevos departamentos de fiscalización fuera de su dependencia y a las unidades de auditoría de las contralorías regionales metropolitanas. Ante este escenario, surgió la necesidad de reestructurarla bajo en nombre de División de Fiscalización, con funciones más amplias que las de su antecesora.
Las principales consisten en dictar orientaciones generales de fiscalización para toda la Contraloría General; alertar a la jefatura de servicio acerca de riesgos transversales presentes tanto en la normativa como en las políticas, planes, programas u operaciones sometidas a su revisión y proponer controles y mejoras para la emisión de instrucciones; examinar las cuentas de ingresos y gastos de quienes gestionen recursos estatales; y efectuar auditorías, investigaciones especiales, inspecciones y seguimientos, respecto de los organismos públicos o privados que administren caudales públicos.
Asimismo, le compete atender las denuncias de autoridades, de funcionarios y de la ciudadanía, respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. Otra de sus atribuciones es proponer a las jefaturas de tales servicios resoluciones, instrucciones, programas y capacitaciones para los encargados del control interno.
Pasando específicamente al contenido de esta publicación, en este número de la Revista Chilena de la Administración del Estado, abordaremos temas como el acompañamiento del ciclo de vida del alto directivo público chileno; la influencia de los actores políticos y técnicos en la Política de Modernización de la Gestión
Pública Chilena 1990-2010; el teletrabajo en el sector público chileno; y algunas reflexiones en torno a la entrada en vigencia de la Ley Karin.
Como es habitual, difundimos los dictámenes más significativos del período, que compilamos mensualmente en nuestro boletín jurídico y trimestralmente en nuestro boletín financiero-contable, los que serán de provecho para los estudiosos de la jurisprudencia de la Contraloría General.
En la sección de actualidad, publicamos la primera sesión del Congreso de Auditoría Internacional que contó con destacados expositores internacionales. En relación con el mismo, informamos que, a partir del jueves 4 de septiembre, nuestra Contraloría General de la República inició su gestión como auditora de la Organización Panamericana de la Salud, función que fue desempeñada por auditores del Reino Unido. Para preparar el traspaso, se realizaron jornadas de trabajo entre los equipos de ambos países entre el 2 y 4 de septiembre. La delegación británica, compuesta por los auditores Damian Brewitt y Simon Irwin, se reunió con el equipo auditor de nuestra entidad fiscalizadora, a cargo de la División de Fiscalización, oportunidad en la cual los auditores británicos realizaron una exhaustiva presentación, compartiendo sus metodologías de trabajo, experiencias, enfoques de riesgos y asuntos que consideraron relevantes durante sus seis años de servicio. Además, respondieron las preguntas del equipo chileno, proporcionando valiosa información para su futura labor.
También nos complace divulgar los artículos ganadores del Tercer Congreso Estudiantil de la Alianza Anticorrupción, consistentes en el análisis de la adopción de las NICSP y su influencia en la percepción de corrupción en Chile período 2016-2023 y el ecosistema de la corrupción municipal en Chile. Relacionado con esta materia, es muy importante referirse a la tercera versión de la encuesta «¿Qué piensas de la corrupción en Chile?», cuyos resultados dio a conocer la contralora en el seminario «Percepción de la corrupción y confianza en Chile: un desafío pendiente», donde un 71 % de los encuestados manifestó tener un conocimiento bueno o muy bueno sobre temas de corrupción. Respecto a la percepción de este flagelo, un 72,22 % de la muestra calificó a Chile como un país bastante o totalmente corrupto, mientras que los municipios (91,1 %), gobiernos regionales (47,8 %) y Fuerzas Armadas y de Orden (47,2 %) fueron los sectores que consideraron más vulnerables a estos hechos.
Al respecto, la contralora, señora Dorothy Pérez, señaló que «la confianza es uno de los elementos más importantes donde descansa la legitimidad del sistema democrático de cualquier país y, por eso, es alarmante cuando se ve vulnerada». Por esta razón, agregó que recuperar la fe en las instituciones es un trabajo de todos y todas, de manera que «tenemos que partir por nosotros, en el rol de ciudadanos y como funcionarios».
Finalmente, se reseña el reciente libro de Gabriel Bocksang Hola, sobre el impulso sistemático del derecho administrativo chileno entre 1861 y 1890, que
es una obra muy valiosa al abordar un período clave de la jurisprudencia y donde se forjaron las primeras doctrinas del derecho administrativo, que nos invita a comprender cómo estos precedentes esenciales siguen influyendo en nuestro marco legal actual, como se expuso en su presentación.
Esperamos así contribuir a la reflexión de nuestros lectores.
Ricardo Provoste
Acevedo
Jefe
de la División de Fiscalización
Contraloría General de la República