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E D I T O R I A L


 

 

 

 

La ciudadanía demanda crecientemente mayor transparencia e integridad a quienes ejercen una función pública. Esto sienta sobre los hombros de cada una de las personas funcionarias una gran responsabilidad, ya que implica la realización de su trabajo con altos estándares de compromiso, competencia y calidad. Asimismo, obliga a que las decisiones y acciones que se adopten se apeguen irrestrictamente a la probidad y a la lucha contra el flagelo de la corrupción en todos los espacios y ámbitos de acción de quienes se desempeñan en la Administración.

La integridad se ha convertido en un eje esencial para el desarrollo de la función pública y en un elemento primordial para combatir las malas prácticas y la corrupción, incluso se ha planteado como una condición fundamental para que la esfera pública se transforme en un ambiente confiable. Un desempeño íntegro involucra aspectos legales —por ejemplo, ejercer apegados al principio de probidad—, éticos —en la incorporación de valores a nuestras decisiones— y estéticos —cuestionando cómo se ven nuestras acciones, procurando que no se generen dudas sobre la forma de proceder—. En este sentido, resuena la frase:

«actuar de manera íntegra implica hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté observando».

Lo anterior trae consigo que, ante las decisiones y acciones en el ejercicio de una función pública, se pueda distinguir qué es lo importante y qué es lo correcto en momentos determinados. Debido a esto, se hace necesaria la reflexión, para posteriormente pasar al desempeño y la acción. Dicha introspección genera conciencia de las acciones que se ejecutan y de que las personas que ocupan un cargo en la Administración no actúan solo por ellas, si no que obran también en nombre de la entidad pública a la cual representan.

Considerando lo anterior, es importante que se reconozca una corresponsabilidad por parte de las instituciones para estimular esta reflexión en quienes las componen. En efecto, por una parte, las personas funcionarias deben estar atentas y conscientes respecto de los riesgos de su accionar y no sucumbir ante tentaciones. Pero las organizaciones también deben hacer lo que esté a su alcance para promover las condiciones que incentiven un apego a un actuar íntegro: prevenir, detectar y responder de manera oportuna. Es así como los


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sistemas de integridad son reconocidos como una herramienta efectiva para propiciar la generación de una cultura de probidad, ética y de lucha contra la corrupción.

Adicionalmente, la construcción de una cultura ética e íntegra en la función pública también surge desde el conocimiento, así se plantea en el estudio

«Radiografía de la corrupción: ideas para fortalecer la probidad en Chile», el cual sostiene que la generación de conocimiento científico sobre el funcionamiento de la Administración pública, sus capacidades institucionales y el fenómeno de la corrupción permitirá atacar este problema, siendo la revista del Centro de Estudios de la Administración de Estado un aporte robusto a la consolidación de este relevante nexo.

El sexto número de la revista incorpora cuatro artículos, los cuales analizan distintas temáticas y retos actuales de la Administración pública: el derecho de acceso a la información pública; la conciliación de la vida personal y laboral de las personas funcionarias en tiempos de emergencia sanitaria; los estándares para el diseño de programas de cumplimiento para sociedades anónimas del Estado; y la fiscalización a los sistemas de compras públicas. Todas áreas y materias que son susceptibles de faltas e irregularidades y en cuyos procesos se puede atentar contra la integridad.

La reflexión sobre estos temas cimienta un camino hacía una acción íntegra. Permite cuestionar, pensar y examinar lo público, otorgando una mirada reflexiva sobre el quehacer institucional, teniendo siempre como una máxima el apego y la constante búsqueda de dar satisfacción y respuesta al interés general por sobre la obtención de beneficios personales.

 

 

Tamara Loyola Fuentes

Oficial de Integridad de la Contraloría General de la República