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¿QUÉ PIENSA LA CIUDADANÍA SOBRE LA PROBIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA?
WHAT DO CITIZENS THINK ABOUT PROBITY IN THE NEW POLITICAL
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC?
Equipo Estrategia Nacional Anticorrupción CGR1
Resumen
El
proceso constituyente, comenzado en Chile durante los últimos meses, es una oportunidad para
perfeccionar los estándares de probidad y transparencia en la función
pública. En este contexto, este artículo sintetiza las intervenciones de
1.554 personas,
quienes, en el marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría
General de la República, dieron su opinión sobre cómo la nueva constitución debiese abordar el
combate a la corrupción en el país. Las respuestas de la ciudadanía se articulan en cuatro ejes:
1)
la regulación de normas avanzadas
en materia de probidad,
2)
el establecimiento de sanciones que acaben con la percepción de impunidad,
3)
el robustecimiento de la Contraloría y
4)
el resguardo de la autonomía
de las instituciones anticorrupción.
Palabras clave: integridad — probidad
— corrupción — Constitución — ciudadanía
Abstract
The constituent process, begun in Chile in recent months,
is an opportunity to improve
standards of probity and transparency in public service. In this context, this article summarizes the interventions
of 1,554 people who gave their opinion on how the new constitution should address the fight against corruption in the
1
Equipo conformado por: Gabriela Andrades,
socióloga, analista de la Unidad
de Estudios y Datos; Nayareth Calfulaf, administradora pública,
analista de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales; María José Gómez, administradora pública, analista del Gabinete; Nicolás
Lagos Machuca, administrador
público, magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile,
analista de la Unidad de Estudios y Datos; y Tamara Loyola,
administradora pública, oficial
de Integridad de la Contraloría General de la República.
country. All of that within the framework of the National
Anti-Corruption Strategy of the
Office of the Comptroller General of the Republic. The responses of the citizens are organized in four axes:
1)
the regulation of advanced standards
in matters of probity,
2)
the establishment of sanctions that put an end to the perception
of impunity,
3)
the strengthening of the Comptroller’s Office, and
4)
the protection of the autonomy
of anti-corruption institutions.
Keywords: integrity — probity — corruption — constitution — citizenship
Introducción
Ningún país es inmune a la corrupción. Las formas en que este fenómeno se presenta son cada vez más complejas y
exigen a los Estados adoptar mecanismos oportunos y eficientes para reducir que los efectos
que este flagelo
tiene en los sectores más vulnerables. Es por esto,
que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU, 2004), la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1996), la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017), entre otras, alientan
a los países a generar
estrategias anticorrupción
—a
través de las cuales se defina una serie de objetivos e iniciativas— para destinarlas a fortalecer una cultura de integridad en la sociedad
en su conjunto.
En
este marco, la Contraloría General de la República de Chile, desde su rol de entidad
fiscalizadora superior, asumió el desafío de generar una Estrategia Nacional Anticorrupción que permita alinear las medidas de probidad nacionales a las mejores
prácticas internacionales. El objetivo de este proyecto radica en fortalecer el aporte que la institución realiza en la construcción de un Estado
más probo y transparente, a través del desarrollo de acciones
coordinadas de prevención y control de la corrupción.
Consciente
de que la formulación de las políticas, planes y programas del sector público
debe considerar una participación ciudadana
activa y vinculante, la Contraloría definió
como un eje transversal en la elaboración de esta estrategia nacional, la generación de espacios de
diálogo entre funcionarios y funcionarias de la Contraloría y la ciudadanía. De esta manera, el proceso se alinea
a propuestas teóricas
en que establecen que la política pública
debe concebirse
«más
como acción que involucra activamente a los actores sociales que como mera intervención gubernamental» (Canto Chac, 2008) y, al mismo tiempo,
a
buenas prácticas
internacionales que promueven
el desarrollo de alianzas con la
ciudadanía como una herramienta indispensable para enfrentar el combate contra la corrupción
(OCDE, 2020; UNODC, 2017).
Para
cumplir con lo anterior, durante los meses de febrero y marzo de 2021 se realizaron 151 actividades participativas
con la concurrencia de 1.554 personas de
todo el país. En estos encuentros, se discutió sobre qué medidas concretas son necesarias implementar para combatir
la corrupción en el país y qué rol debería tener la Contraloría en la materia. Al mismo tiempo, las
personas participantes
discutieron sobre cómo la nueva constitución debe fortalecer la probidad y la lucha contra la corrupción.
Los comentarios obtenidos en esta temática serán abordados en este artículo.
La
primera sección de este documento describe la metodología implementada para el levantamiento de información de la Estrategia
Nacional Anticorrupción. A continuación, en el segundo apartado, se
describen en detalle los comentarios de la ciudadanía agrupados
en cuatro temáticas:
a)
la regulación de normas avanzadas
en materia de probidad,
b)
el establecimiento de sanciones que acaben con la percepción de impunidad,
c)
el robustecimiento de las atribuciones de la Contraloría y
d)
el resguardo de la autonomía
de las instituciones anticorrupción.
Finalmente, en el tercer apartado, se presentan brevemente algunas conclusiones sobre cómo las normas de probidad y
anticorrupción podrían ser consideradas en la nueva constitución.
1.
Metodología
En
el marco del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República, se desarrollaron 151 jornadas de diálogo que tuvieron por objetivo recoger las opiniones de la
ciudadanía, organizaciones
de la sociedad civil y personas funcionarias públicas sobre la lucha contra la corrupción en el país.
Cada actividad tuvo una duración de dos horas
y estuvo a cargo de una persona funcionaria de la Contraloría General quienes
fueron especialmente capacitadas para moderar el taller.
En
total se contó con la asistencia de 1.554 personas, de los cuales 734 se identificaron como
mujer, 814 como hombre y 6 personas no se reconocieron como pertenecientes a ninguna de estas categorías.
En
términos globales, las 151 jornadas se pueden desagregar según la siguiente categorización:
•
20 jornadas de diálogo con contrapartes técnicas de
la Contraloría, quienes son usuarias permanentes de los productos
de la institución. Estas contrapartes
corresponden a las áreas de auditoría interna; contabilidad y finanzas; jurídica
y fiscalía; gestión
de personas; y compras y abastecimiento.
•
23 jornadas de diálogo con contraloras y
contralores ciudadanos. Este grupo corresponde
a personas que han sido certificadas por la Contraloría en este rol, luego de aprobar
un curso de 27 horas de duración
impartido por el Centro de Estudios de la
Administración del Estado. Por lo tanto, son ciudadanas y ciudadanos que cuentan con algún grado de
conocimiento sobre el rol de la Contraloría y su labor anticorrupción.
•
27 jornadas de diálogo con personas funcionarias
públicas y municipales, quienes no
necesariamente son usuarias directas de los productos de la Contraloría y que voluntariamente decidieron participar de estos encuentros.
•
12 jornadas de diálogo con grupos prioritarios que
provienen de algún sector de la población que habitualmente es marginado de los procesos
de participación ciudadana. Concurrieron organizaciones de la sociedad civil que trabajan
las temáticas de: niños, niñas y adolescentes; tercera edad; migrantes; mujeres; pueblos
originarios; defensa del medio ambiente; discapacidad;
LGBTIQ+; personas privadas de libertad; pacientes de salud mental; usuarias y usuarios del sistema de
salud; y derechos humanos y ciudadanía.
•
68 jornadas de diálogo con personas funcionarias de
la Contraloría quienes voluntariamente se inscribieron a participar y dar su opinión sobre las temáticas consultadas.
A
las jornadas anteriormente descritas, se suma el desarrollo de una consulta ciudadana en línea que estuvo disponible para ser respondida durante las últimas
dos semanas de marzo, en la que participaron 454 personas.
La
Contraloría General realizó convocatorias abiertas para la inscripción en las actividades respectivas, seleccionando a las personas participantes con criterios de paridad de género. El detalle de cada una de las actividades
efectuadas en cada
región puede ser consultado en el sitio web de la Estrategia Nacional Anticorrupción2.
Las jornadas de diálogo y la consulta ciudadana constaban de una
serie de preguntas referidas a las
temáticas de probidad, corrupción y las acciones que pueden adoptar tanto la ciudadanía
como la Contraloría General para combatir
2 Disponible en: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/estrategia-nacional-anticorrupcion
este flagelo.
La última pregunta
de cada una de las jornadas realizadas
fue:
¿Cómo debería la nueva constitución política de la república fortalecer la probidad y la lucha contra la corrupción?
Cada
uno de los comentarios recibidos fue sistematizado en una base de datos que luego ha sido categorizada y
transparentada en el sitio web de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Para la revisión
de la información levantada, se utilizó el tipo de análisis de material narrativo. Según Bernasconi Ramírez
(2011) «lo que se narra es inseparable de las condiciones de producción de la narración, así como de los propósitos que la inducen»
(página 12). De esta manera, no se separa lo mencionado por las personas
participantes de sus realidades regionales y como ellos entienden la
corrupción como un fenómeno nacional y también territorial.
En la siguiente sección,
se presentan los resultados de esta sistematización y que permiten entender las principales ideas que la ciudadanía
menciona en relación con la
probidad y la nueva constitución.
2.
Nueva constitución: una oportunidad para luchar contra la corrupción
La
personas que asistieron a las jornadas de diálogo expresan que si bien la lucha contra la corrupción, las normas de
probidad que rigen el funcionamiento del
sector público o las sanciones asociadas a la ocurrencia de irregularidades deben estar reguladas
en leyes de menor rango, la constitución es una oportunidad para establecer el
marco general a través del cual el Estado se compromete a promover valores como la transparencia, la
probidad o la rendición en cuentas como ejes de la democracia.
A
partir de lo anterior, es posible señalar que las personas participantes mencionaron cuatro ideas generales
como los elementos
que la nueva constitución debería abordar. Estos pueden ser entendidos como las
bases a partir de las cuales el Estado articula la lucha contra la corrupción en el país.
2.1.Integridad: la consagración de un principio
más allá de la probidad
La probidad
es un principio consagrado constitucionalmente en nuestro ordenamiento
jurídico. Al analizar los comentarios de la ciudadanía, es posible observar
que hay una alta valoración y reconocimiento a la importancia que este valor tiene en el funcionamiento del aparato estatal,
lo que lleva a que la mayoría de los
comentarios recibidos apunte a mantener este principio en la nueva constitución.
Sin
embargo, las personas identifican que es necesario ampliar el alcance del principio de probidad, pues en la
actualidad está vinculado especialmente al ámbito administrativo. Para las personas
participantes esto es un problema, ya que hoy en día la corrupción trasciende
lo público y es posible encontrar múltiples casos de corrupción en empresas proveedoras del Estado o incluso en empresas
privadas. Casos como la colusión del papel higiénico, de las farmacias o de los pollos son mencionados como ejemplos de corrupción donde se antepuso el interés particular por sobre el general.
Todo lo anterior, se evidencia en el siguiente
comentario emitido en la jornada
de diálogo de contrapartes técnicas en la región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo:
Una nueva constitución debería
recoger la importancia de la probidad y la lucha contra la corrupción,
ya que esta afecta no solo al sector
público, sino que también al privado. Se recalca que los recursos públicos son de todos y por eso es importante el respeto a la
probidad por parte de todos los funcionarios,
especialmente los que se desempeñan en cargos directivos.
Ante esto,
gran parte de los comentarios recibidos apuntan a que es fundamental que la nueva constitución consagre un
principio que favorezca un comportamiento ético de todas las personas
en la esfera pública. En esto, no importaría si su labor la
realizan desde una entidad pública, una empresa privada o una organización de la sociedad civil. Anteponer el interés
general por sobre el particular requiere un compromiso más allá de la ley, incorporando elementos
valóricos basados en la ética, el respeto
cívico y el compromiso con los principios democráticos. El concepto
de integridad recoge estas ideas y, por tanto, es reconocido como un
concepto más amplio que promovería un compromiso activo por combatir la corrupción más allá de las instituciones públicas.
En este sentido, transitar desde un principio con alcance administrativo, como lo es la
probidad, hacia el concepto de integridad en que se incorporan valores éticos como rectores
de actuación, tendría múltiples beneficios:
1)
Consagrar el principio
de integridad a nivel constitucional significa plasmar el compromiso político por el combate contra la corrupción
al más alto nivel.
2)
Vinculado a lo anterior, genera un efecto
amplificador de la ética en el resto del
ordenamiento jurídico, al favorecer que las normas de menor rango se alineen al combate contra la corrupción como eje rector del Estado.
3)
Permite regular en el largo plazo y de manera amplia actuaciones
contrarias a los valores de la vida en comunidad, situaciones que en la actualidad podrían
ser simples faltas éticas, pero en el futuro, con
la evolución del fenómeno, podrían ser consideradas como casos de corrupción.
2.2. Sanción: acabar
con la percepción de impunidad
La sensación de impunidad ante la ocurrencia de irregularidades administrativas y
actos de corrupción es uno de los principales problemas que mencionan quienes asistieron a las jornadas de
diálogo. Esto surge, ya que, según las personas
participantes, existe poca o nula visibilidad de las posibles sanciones que reciben aquellas
personas que cometen
actos de corrupción.
Esto se condice con los
resultados de la consulta ciudadana ¿Qué piensas de la corrupción en Chile? realizada en 2020 por la
Contraloría General. En este estudio, el
47,4 % de las personas participantes señalan no denunciar casos de corrupción por desconfianza con las organizaciones pertinentes
y el 39,9 % cree que esta acción no tendrá
consecuencias (Contraloría General de la República de Chile, 2020). Estos dos puntos, deben
ser analizados en conjunto, porque
la sensación de impunidad tiene como
una de sus consecuencias más directas, la generación de desconfianza ciudadana
hacia las instituciones; lo que aumenta
el desinterés por el buen funcionamiento de la
institucionalidad pública y desincentiva que las personas denuncien aquellas situaciones irregulares de las
cuales son víctimas o testigos (CAF, 2019; Engel Göetz et al., 2018).
Las personas que participaron en las jornadas
de diálogo identifican la necesidad de aplicar sanciones eficaces y que
jueguen un rol ejemplificador en el resto de la sociedad como un problema grave y que debe ser resuelto de
manera prioritaria. Esta idea se evidencia en
la jornada de diálogo con contralores ciudadanos de la región
de Arica y Parinacota: «Incorporar penas efectivas y ejemplificadoras para los funcionarios que cometan actos de
corrupción… falta dureza en los castigos,
ya que se observan casos mediáticos en que los responsables no fueron sancionados».
A partir de lo anterior, se
establece que es necesario que la constitución
promueva
como principios generales la posibilidad de aplicar sanciones en tres niveles: administrativo, penal y político.
En primer lugar, las personas participantes advierten la ineficiencia administrativa
que se produce por la imposibilidad de que la Contraloría aplique sanciones directas a las autoridades, funcionarios o
funcionarias que cometen irregularidades, de
manera que muchos procedimientos disciplinarios no tienen efectos
reales en la práctica. En otras palabras,
el hecho de que las medidas que la Contraloría establece
terminen siendo solo recomendaciones o sugerencias, cuya
implementación depende de la decisión final de la autoridad, aumenta la percepción de impunidad al interior de las
organizaciones. Considerando esto, dentro
de las jornadas de diálogo, se plantea que la Contraloría General debería contar con las competencias necesarias para condenar
las infracciones que involucren una falta al principio de probidad.
En
segundo lugar, las personas asistentes a los talleres señalan que las sanciones de nivel administrativo deben ser complementadas con mayores castigos que tengan un efecto
ejemplificador para el resto de la sociedad. Por ejemplo, sanciones basadas en clases de
ética son mencionadas reiteradamente como un ejemplo de procesos penales que terminan en penas bajas para aquellas personas
involucradas en casos de corrupción. En este sentido,
para las personas
participantes de las jornadas de diálogo, la constitución debiese reflejar que los delitos de corrupción
tienen un impacto mayor que otros, por lo que
sería necesario un marco general sancionatorio con mayores penas para aquellos. Dotar de mayores facultades,
competencias y recursos al Ministerio Público y a las policías encargadas de investigar estas irregularidades
son mencionados como elementos indispensables para impulsar medidas
que acaben con la sensación
de impunidad en los casos de corrupción.
En tercer lugar, los comentarios recibidos enfatizan aquellas irregularidades que implican a autoridades y las sanciones
de nivel político que se les debiesen aplicar.
Ejemplos de alcaldes, diputados y diputadas o senadores y senadoras comprometidos en casos de corrupción que
se mantienen en sus cargos o son reelectos una y otra vez generan
un aumento en la sensación de impunidad. A partir de esto, las
personas asistentes a los talleres identifican como una prioridad de la nueva constitución el ordenar un sistema de
inhabilidades e incompatibilidades de nivel político
para aquellas personas
sancionadas por casos de corrupción. Esto podría ocasionar
obstáculos o la imposibilidad de que personas
envueltas en delitos
contra la probidad
puedan ocupar un cargo de elección popular, estableciendo una
señal clara y determinada por penalizar aquellas conductas que dañan la democracia y ser un disuasivo para el
desarrollo este tipo de comportamientos.
A modo de síntesis,
las opiniones recogidas destacan no solo la importancia de prevenir la corrupción, sino que la constitución es la plataforma a través de la
cual se fija un marco de sanciones apropiadas para disuadir la ocurrencia de nuevos casos de corrupción. Sanciones de
nivel administrativo, penal y político son
tres niveles que se debiesen considerar para acabar con la sensación de impunidad que las personas participantes
evidenciaron en las conversaciones sostenidas.
2.3. Control: robustecimiento de la labor de la Contraloría General
La
prevención y la aplicación de sanciones efectivas son dos piedras angulares de la lucha contra la
corrupción en el país. A estos dos puntos, las personas participantes adicionan la relevancia de implementar mecanismos eficaces, ágiles y
oportunos para detectar irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Para lo anterior, uno de los temas más reiterados en los diálogos
realizados fue la importancia de contar con un sistema
integral de control y supervigilancia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas, el comportamiento ético del
personal de la Administración del Estado y el buen uso de los recursos públicos.
Considerando que la actividad fue organizada por la Contraloría General, era
esperable que gran parte de los comentarios sobre este ámbito apunte precisamente al rol de este ente de control.
En términos concretos, las personas participantes subrayaron la relevancia de robustecer a la institución como un modo de fortalecer transversalmente la
prevención, detección, investigación y sanción de casos de corrupción. La siguiente cita —proveniente de una jornada de diálogo con contrapartes técnicas en la región
de Arica y Parinacota— ejemplifica esta idea: «Mantener
a Contraloría en la Constitución,
incorporando nuevas herramientas que permitan un control preventivo y mayores facultades de fiscalización a las unidades
del Estado que son fiscalizadas hoy».
Siguiendo
las ideas mencionadas anteriormente, es posible reconocer que el robustecimiento de la Contraloría General
debiese incorporar y perfeccionar sus labores
en cuatro áreas: prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción.
En términos
de prevención, los principales comentarios radican en la importancia de que la Contraloría
cuente con facultades normativas claras para apoyar las competencias humanas y técnicas de las instituciones del sector público
y municipal. A modo de
ejemplo, se menciona la conveniencia de aumentar las capacitaciones en áreas altamente expuestas a riesgos a la
probidad, como lo son: compras públicas, remuneraciones o gestión de personas.
Al mismo tiempo, se sugiere entregar
lineamientos técnicos a las direcciones de control municipal y auditoría interna
de las organizaciones públicas como una
manera de fortalecer los mecanismos de control interno del sector público. Por otro lado, se destaca la experiencia
que han tenido decenas de municipios a través
de los «convenios de revisión previa de juridicidad» como un mecanismo efectivo para fortalecer el control ex ante en los actos administrativos municipales, rol de
prevención similar al que cumple la toma de razón en las instituciones del nivel central
del gobierno.
En referencia a las labores
de detección, las personas asistentes concentran sus comentarios en dos ámbitos:
«declaraciones de intereses
y patrimonio» y
«denuncias
de corrupción». En primer lugar, se evidencia una valoración positiva al rol que las declaraciones de intereses
y patrimonio juegan en la identificación de
conflicto de intereses en funcionarios, funcionarias y autoridades. A partir de esto, se establece la
conveniencia de avanzar hacia un mayor número de sujetos obligados
a declarar y asegurar que otros poderes
e instituciones autónomas
cuenten
con entidades de fiscalización externa que verifiquen la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones. En segundo lugar, existe un sentimiento generalizado de lo imperioso
que es crear un sistema
que promueva y proteja a aquellas
personas que denuncian casos de
corrupción. Permitir que la Contraloría,
el Ministerio Público o las policías reciban denuncias de carácter anónimo es mencionado como un mecanismo
que podría incentivar que más personas alerten la ocurrencia de irregularidades administrativas.
En
relación con la investigación de casos de corrupción, las personas
participantes señalaron
la relevancia de que la Contraloría cuente con mayores atribuciones para fiscalizar oportunamente las
sofisticadas maneras en que la corrupción se
manifiesta. En este sentido, se propone que la entidad de control posea
mayores atribuciones que le permitan
acceder a las bases de datos de las organizaciones públicas, conocer los saldos y movimientos de las cuentas
corrientes de las instituciones del
sector público y poder disponer de más información sobre la ejecución
de los contratos de compras y obras públicas. Con más información, la Contraloría podría avanzar hacia mecanismos más eficaces y
oportunos de control que propendan a
fortalecer el rol disuasivo de las fiscalizaciones y tener mayores
insumos para la persecución penal o administrativa de irregularidades.
Finalmente,
y tal como se mencionó en el punto anterior de este artículo, un número considerable
de los comentarios recibidos apunta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de aplicación de sanciones administrativas. Para esto, las personas participantes subrayan la pertinencia de dotar a la Contraloría de las facultades
suficientes para aplicar sanciones directas en los casos de faltas a la probidad
ocurridas en la Administración del Estado.
Si bien muchas de estas ideas no requieren
necesariamente un rango constitucional
y, por tanto, podrían escaparse del objetivo central de este análisis, han sido
incorporadas en este documento por dos razones principales. En primer lugar, ya que representan una
gran proporción de los comentarios recibidos
en las jornadas y, en segundo lugar, dado que pueden significar un insumo relevante en la discusión
constitucional respecto a la mejor manera de
articular un sistema de control de los recursos públicos que prevenga y
permita sancionar la ocurrencia de irregularidades.
2.4. Autonomía: procurar la independencia de los órganos anticorrupción
Otra
de las ideas más reiteradas en las jornadas de diálogo —realizadas en el marco del proceso de elaboración de la
Estrategia Nacional Anticorrupción— guarda
relación con el rol que le cabe a la Contraloría General en el resguardo de la probidad al más alto nivel. Para
cumplir con esto, las personas participantes
recalcan la importancia de asegurar la autonomía orgánica, política y
financiera de la institución como una
manera de asegurar que su labor sea cumplida con elevados
estándares de independencia y objetividad.
El
mismo análisis efectúan las personas participantes para las instituciones encargadas de investigar y sancionar los casos de corrupción,
como son las policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Esto puede apreciarse en el siguiente comentario realizado en una jornada de diálogo con personas funcionarias públicas
y municipales de la región de Coquimbo: «[la nueva constitución] debe replicar el artículo 8º de la carta fundamental... mantener la autonomía de la Contraloría y de los demás órganos persecutorios de
la corrupción».
Cuatro
son las principales ideas referidas a asegurar la independencia de los órganos anticorrupción:
1)
mecanismo de designación de su titular,
2)
capacidades humanas,
3)
gestión financiera y operativa, y
4)
rendición de cuentas.
La designación del titular y los cargos directivos de las instituciones
anticorrupción es una piedra angular
de la articulación de una entidad independiente y libre de presiones políticas que resten
imparcialidad a sus acciones. Un elemento prioritario para las personas
participantes de los talleres es asegurar que los más altos cargos de los organismos
encargados de combatir la corrupción sean designados
según criterios técnicos. Al mismo tiempo, es indispensable regular las causales de cesación e inhabilidades en el cargo
y los plazos de carencia
una vez que dejen su cargo como una manera de garantizar el máximo nivel
de integridad, imparcialidad e
independencia de quien sea la persona encargada de liderar la organización.
Un siguiente
conjunto de ideas mencionadas en los talleres guarda relación con las capacidades humanas del personal
que conforman las instituciones anticorrupción. La evolución de este flagelo
hacia irregularidades cada vez intrincadas y sofisticadas exige que las entidades cuenten
con el personal suficiente, pero también con que este posea un alto nivel profesional y
de especialización. Lo anterior exige que las organizaciones destinen
todos los recursos que sean necesarios para
capacitar y formar a su personal en aquellas
materias, técnicas y habilidades relevantes para desarrollar su labor
con altos estándares de calidad.
Complementario
a lo anterior, las personas participantes destacan que para asegurar que las entidades desarrollen sus
funciones de manera eficiente y eficaz,
los organismos anticorrupción deben contar con rangos suficientes de autonomía financiera y operacional. En
primer lugar, la autonomía financiera disminuye las posibilidades de limitar el trabajo de la Contraloría a través del
recorte
del presupuesto a las instituciones, lo que sería un modo indirecto que obstaculiza e impide su labor. En segundo lugar, la autonomía
operacional asegura que los
entes cuenten con la libertad suficiente para determinar sus planes de trabajo
interno, sin que se vean expuestos a presiones indebidas que resten
imparcialidad a las labores de control, investigación y sanción de irregularidades. Abordando
estos dos aspectos,
las organizaciones anticorrupción
podrían asignar y distribuir los recursos económicos de acuerdo con sus áreas de
priorización de forma ágil y teniendo en consideración la contingencia del país.
Una
mayor autonomía de los organismos anticorrupción requiere también de mayores dispositivos de control hacia las
entidades. Es por ello que, de manera anual, deben aumentarse y profundizarse los mecanismos de rendición de cuentas de estas instituciones ante instancias de control y representación popular como el Congreso Nacional. La
incorporación de reportes periódicos sobre el funcionamiento presupuestario, operacional y estratégico de la organización son reconocidos como buenas prácticas
que es necesario profundizar para establecer los márgenes de discrecionalidad y posible opacidad que la autonomía podría
promover.
En
síntesis, la lucha contra la corrupción requiere procesos flexibles que permitan enfrentar de modo efectivo
y oportuno las múltiples formas
en que la corrupción se presenta en la actualidad. Sin embargo, se
requieren al mismo tiempo instituciones sólidas que aseguren
un trabajo independiente, objetivo y de largo plazo
por el fortalecimiento de la integridad.
En
consecuencia, a todo lo señalado en este apartado y reiterando las ideas generales expresadas por las personas
participantes de las jornadas de diálogo, la redacción de una nueva constitución es una oportunidad en muchos sentidos. La determinación de
los principios y valores que debieran regir nuestra vida en sociedad es una coyuntura para establecer
un compromiso al más alto nivel por el
combate contra la corrupción. Según la opinión de la ciudadanía, avanzar en elevar
los estándares de integridad, promover
sanciones efectivas, robustecer los sistemas de control de los recursos públicos y fortalecer la
autonomía de los organismos
anticorrupción debieran ser el punto de partida para consolidar una democracia con tolerancia cero a la corrupción.
Conclusiones
Un
combate decidido y eficaz contra la corrupción solo será posible si se involucran de manera vinculante las preocupaciones y demandas de la población. Las políticas anticorrupción, como cualquier otra política pública,
estarán condenadas al fracaso si
no se posiciona a la ciudadanía como el centro de la acción
estatal. Este documento, resultado de un largo proceso de elaboración participativa y transparente de la Estrategia
Nacional Anticorrupción de la Contraloría es un esfuerzo
en este sentido.
Luego de un proceso de ocho
semanas, la colaboración de 60 monitores y monitoras de la
Contraloría General, 151 actividades ciudadanas y la participación de 1.554 personas de todas las regiones del país; es
posible reconocer que la redacción de
una nueva constitución, según los ojos de la población, es una oportunidad única para el fortalecimiento de la probidad.
En esta línea, se detectan cuatro
ideas generales a partir de los diálogos con la ciudadanía:
1)
La
necesidad de regular de manera amplia el concepto de probidad, avanzando hacia el establecimiento de un principio
de integridad que involucre a todos los sectores de la sociedad y promueva el desarrollo
de una democracia basada en la responsabilidad cívica, el respeto
y la confianza pública.
2)
El
perfeccionamiento de las sanciones asociadas a los delitos de corrupción, disminuyendo la sensación de impunidad en los casos
de corrupción, a través de la
fijación de penas efectivas y oportunas para las autoridades, personas funcionarias y empresas que cometan irregularidades.
3)
El robustecimiento de las facultades de la Contraloría General de la República como una forma
de instaurar los pilares de un sistema de control administrativo
que apunte hacia una efectiva protección de los recursos públicos.
4)
El fortalecimiento de la autonomía
de las instituciones que combaten
la corrupción en el país, a través de la dictación de normas claras que disminuyan la exposición de estas organizaciones a las presiones
que resten
independencia en su labor.
Muchas de estas ideas no son
nuevas. No es necesario buscar exhaustivamente
para encontrar propuestas teóricas (Dye & Stapenhurst, 1998; Huberts
& Van Montfort, 2020;
Rose-Ackerman
& Palifka, 2016),
institucionales
(CAF, 2019; INTOSAI, 2016; ONU, 2021) o de la
sociedad civil (Arís Alonso et al., 2020; Aninat Sahli & Razmilić Burgos, 2017; Chile Transparente,
2021) que apunten a estas mismas
temáticas. El valor de este ejercicio, por tanto, radica en que es un primer esfuerzo
por realizar un proceso participativo amplio, con un enfoque de abajo hacia arriba, perspectiva regional y
paridad de género, con el objetivo de reflexionar sobre las preocupaciones e ideas ciudadanas relacionadas con el
combate a la corrupción.
La consolidación de una democracia con tolerancia cero a la corrupción no depende exclusivamente del sector público ni tampoco del sector privado. La lucha contra la corrupción solo será
posible a través de mecanismos de coordinación
multisectorial donde se ponga en el centro a las preocupaciones y demandas ciudadanas.
Referencias
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Estudios Públicos. https://www.cepchile.cl/cep/libros/libros-digitales/un-estado- para-la-ciudadania-informe-de-la-comision-de-modernizacion
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Engel Göetz, E., & Jaraquemada, M. (2020). Reformas anticorrupción en
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