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EL CONFLICTO DE INTERÉS EN LOS NOMBRAMIENTOS PÚBLICOS: EL CASO DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA.
COMENTARIO AL OFICIO Nº 30.176, DE
2019, DE LA CONTRALORÍA
CONFLICT OF INTEREST IN PUBLIC APPOINTMENTS: THE CASE OF
THE PUBLIC HEA
LTH
INSTITUTE. COMMENTARY TO LEGAL LY BINDING OPINION NO. 30,176 OF 2019 OF
THE COMPTROLLER’S OFFICE
David Sebastián Inda Costa1
Resumen
Comento el oficio Nº 30.176, de 2019,
en que la Contraloría General de la República, resolvió la existencia de conflictos de
intereses en el nombramiento de la directora del Instituto de Salud
Pública. Se analizará ese pronunciamiento de acuerdo al sistema argumentativo de
Toulmin.
Palabras clave: conflicto de interés – probidad administrativa –
Toulmin
Abstract
I comment
the legally binding opinion No. 30.176, of 2019, in which the
Office of the Comptroller General of the Republic, concludes the
existence of a conflict of interest in the nomination of the
director of Public Health Institute. The analysis will be based on
the Toulmin’s Argument Model.
Keywords: conflict of interest –
administrative integrity –Toulmin
1 Abogado, jefe del Área de Control de Personal de la
Administración del Departamento de Previsión Social y
Personal de la Contraloría General de la República.
Introducción
Se analizará el oficio Nº 30.176, de
2019, a través del cual la Contraloría General representó, por no
ajustarse a derecho, la designación de la directora del Instituto
de Salud Pública.
Dicho análisis se hará usando el
modelo argumentativo
de Toulmin (2003), toda vez
que, por medio de las reglas de argumentación que describe el
citado académico,
podremos encontrar
las evidencias que
fundamentaron la conclusión
a la que arribó el ente
fiscalizador.
Por tanto, revisaremos:
1) La tesis o conclusión del citado oficio.
2) Las evidencias fácticas que le dieron soporte a esa
conclusión.
3) Las garantías, esto es, la normativa que permite el
paso desde la evidencia hacia
la conclusión.
4) Los respaldos, que se componen de la doctrina e
informes que sirvieron de apoyo o refuerzo a la conclusión.
5) Las reservas o posibles objeciones que pueden
presentarse o formularse contra la conclusión (Toulmin, 2003).
1.
Conclusión del oficio Nº 30.176,
de 2019
Como se señaló previamente, la
Contraloría General representó el decreto Nº 38, de 2019, por medio
del oficio Nº 30.176, de la misma anualidad, por cuanto se
estimó que no se ajustaba a
derecho.
Dicho acto administrativo
materializaba el nombramiento de la directora del
Instituto de Salud Pública,
cargo que se encuentra adscrito al sistema alta dirección pública y que comprendía el período
entre el 12 de agosto 2019 y el 12 de agosto de 2022.
La hipótesis, conclusión, tesis o
aseveración de ese oficio fue que:
La persona designada se verá afectada
por conflictos de intereses
que pugnan con la probidad administrativa, consagrada
en el artículo 8º de la Constitución
Política y en la ley Nº 18.575, entre otras disposiciones.
No resulta procedente que se nombre
en un cargo público que, además, corresponde al del jefe del servicio, a una persona
respecto de la cual se tienen
antecedentes que objetivamente permiten concluir que le afectan
conflictos de intereses que inciden sustancialmente en el ejercicio
de sus potestades, por lo que se representa el acto administrativo
del epígrafe (dictamen Nº
30.176, 2019).
Se arribó a dicha conclusión al
efectuar el control previo de legalidad, o toma de razón, del
referido decreto Nº 38, de 2019, del Ministerio de
Salud.
2.
Evidencias, datos, pruebas
El sistema argumentativo de Toulmin
(2003) considera que un «argumento» es una estructura compleja de datos que involucra un
movimiento que parte de una evidencia —grounds—y llega al
establecimiento de una aserción —tesis, causa—.
En ese sentido, cabe recordar que, al
momento de efectuar el control previo de legalidad, el ente
fiscalizador está velando por el resguardo del principio de
juridicidad de los actos de la Administración del Estado, por lo
que debió realizar un estudio
acabado tanto de los antecedentes en torno al aludido nombramiento
como de la interpretación de
la normativa vigente sobre la materia.
De este modo, se tuvieron a la vista,
en primer término, diferentes antecedentes curriculares de la
persona designada, de lo que pudo desprenderse que:
1)
Desde diciembre de 2014 hasta el día
11 de agosto de 2019 —un día antes de su nombramiento—, la persona
designada se desempeñaba como subgerente de Negocios
Intrahospitalarios de Munnich Pharma Medical Limitada, empresa perteneciente al grupo
SOCOFAR.
2)
El holding económico SOCOFAR
opera en Chile las cadenas de farmacias Cruz Verde, la droguería
SOCOFAR y el laboratorio Mintlab.
3)
Los principales competidores del
holdingson las cadenas Salcobrand y Farmacias Ahumada.
4)
Entre las tres empresas controlan
alrededor del 90 % de las ventas totales del mercado repartiéndose
ese mercado en partes relativamente iguales. SOCOFAR, en efecto, posee un 30 % del mercado. Esta
repartición del
mercado es así a lo menos desde 2006.
Como bien sabemos, en un mercado concentrado, las posibilidades de
descubrir prácticas anticompetitivas son aun mayores. La
concentración del mercado farmacéutico es una realidad reconocida
documenta y advertida por la Fiscalía Nacional
Económica.
También se verificaron las labores
como lobista que ejerció en diversos asuntos relacionados con el mercado de medicamentos. En
efecto, registraba 42 audiencias ante servicios públicos o diputados, según se pudo
verificar en la nómina sistematizada que, conforme a la ley Nº
20.730, debe llevar para esos efectos el Consejo para la Transparencia.
Esos antecedentes, al ser
contrastados con las funciones que corresponden al cargo de
directora del Instituto de Salud Pública, daban cuenta de la
existencia de diversos
conflictos de intereses que afectarían su desempeño en dicho
cargo.
A modo de resumen, el Instituto de
Salud Pública es el encargado de:
1) fiscalizar los productos y los establecimientos
farmacéuticos, además de autorizarlos y acreditarlos;
2) permitir la importación de medicamentos y controlar
su propaganda;
3) intervenir en prácticamente toda la cadena de
producción de los establecimientos farmacéuticos —los cuales, como ya indicamos,
están especialmente concentrados en Chile, siendo 3 de ellos los
que abarcan el 90 % de la
oferta total—.
3.
Garantías
Al hablar de garantías, nos referimos
al principio, ley, teoría o regla que autoriza el paso desde las
evidencias reunidas a la conclusión o aserción. Es decir, las
garantías, para Toulmin (2003), funcionan como un puente que
establece la relación y
transición lógica entre ambas.
Pues bien, en el contexto del trámite
de toma de razón, la Contraloría aplicó los principios constitucionales y legales de:
1) Probidad administrativa.
2) Servicialidad del Estado.
3) Eficacia eficiencia.
4) Justa retribución.
Nos referiremos brevemente a cada uno
de ellos.
3.1.
Probidad administrativa
El ejercicio de las funciones
públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas
sus actuaciones (Constitución, artículo 8º).
El principio de probidad significa
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o
cargo. Con preeminencia del interés general sobre el particular (ley Nº 18.575, artículo
52, inciso segundo).
Vulnera especialmente el principio de
probidad administrativa participar en decisiones en que exista
cualquier circunstancia que les reste imparcialidad (ley
Nº 18.575, artículo 62, Nº
6).
Las autoridades y funcionarios
deberán abstenerse de participar en estos asuntos (ley Nº 18.575, artículo 62, Nº 6, inciso
tercero).
Las autoridades y funcionarios de la
Administración se abstendrán de intervenir en procedimientos
administrativos en que tengan interés personal en el asunto
de que se trate o en otro en
cuya resolución pudiera influir la de aquel (ley Nº 19.880, artículo 12, inciso segundo, Nº
1).
Existe conflicto de intereses en el
ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el
interés general propio del ejercicio de las funciones, con un
interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce
dichas funciones o de los terceros vinculados a él, determinados
por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan
imparcialidad en el ejercicio de sus competencias
(ley Nº 20.880, artículo 1º,
inciso final).
3.2.
Servicialidad del Estado
El Estado está al servicio de la
persona humana y su finalidad es promover el bien común (Constitución, artículo 1º, inciso
cuarto).
Los órganos públicos deben satisfacer
las necesidades de la población de un modo regular, continuo y
permanente (ley Nº 18.575, artículo 3º).
Las autoridades deben organizar los
medios de que disponen, para lograr la debida, eficiente y eficaz
ejecución de sus funciones (ley Nº 18.575, artículo 28).
3.3.
Eficacia y
eficiencia
La eficacia dice relación
con la finalidad primera de
la Administración, que
es la satisfacción de las necesidades
públicas. Esta se debe realizar en el menor
tiempo posible, con el máximo
aprovechamiento de los recursos que los funcionarios públicos tienen a su disposición para
ello (ley Nº 18.575, artículo 5º, inciso primero).
El principio de justa retribución
será abordado en el apartado de reservas.
4.
Respaldos
Al referirnos a los respaldos,
estamos haciendo mención a aquellos antecedentes que sirven de cimiento teórico, práctico o
experimental a la conclusión arribada.
Es necesario aclarar que nuestra
legislación contempla herramientas para prevenir los conflictos de intereses en consonancia
con las principales convenciones internacionales en esta materia, las que han sido
ratificadas por Chile:
1) Convención Interamericana contra la Corrupción, de
1996.
2) Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), adoptada en 1997.
3) Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, de 2003.
Ahora bien, es menester explicar que
ninguna de esas convenciones contiene un concepto de conflictos de
intereses, por lo que resulta útil recurrir a la Guía sobre el
manejo de conflictos de intereses en el sector público y
experiencias internacionales
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
4.1.
Guía sobre
el manejo de conflictos de intereses en el sector público y
experiencias internacionales
Esta guía (OCDE, 2003: 24) describe
la existencia de tres tipos de conflictos de intereses:
1) Conflicto real:
existe un inaceptable conflicto de
hecho entre los intereses individuales o privados del funcionario
público y sus obligaciones públicas.
2) Conflicto aparente:
se refiere a la situación en que
existe un interés personal que no necesariamente influiría en el
funcionario público, pero que podría dar lugar a que otros
consideren que puede influir en el cumplimiento de sus
deberes.
3)
Conflicto
potencial: alude al caso en el
que un funcionario público tiene un interés privado, que puede
convertirse en un conflicto de interés en el futuro.
4.2.
Conflictos
de intereses: normas y conceptos
Si bien existe gran cantidad de
material doctrinario relacionada con el tema de los conflictos de
interés, se prefirió buscar en las publicaciones nacionales, dentro
de las cuales el artículo del profesor Zalaquett Daher muestra las
normas y conceptos relativos
al tema.
Dicho autor sostiene que los
conflictos de intereses no son hechos sino situaciones de riesgo para determinados valores
públicos o colectivos que se hallan entregados a un resguardo
fiduciario, público o privado, así un conflicto de interés no configura un hecho irregular por
sí mismo, pues:
Puede haber una situación de
conflicto de intereses que nunca redunde en un hecho ilícito, sea por la rectitud de la persona
involucrada o por falta de ocasión. Si la ley y, en ausencia de
esta, solamente la moral pública, reprueban
la existencia de tales situaciones, es porque entrañan un peligro
para los intereses públicos o
colectivos (Zalaquett Daher, 2011).
De acuerdo al profesor Zalaquett
Daher (2011), lo que caracteriza, de manera principal, a los conflictos de intereses, es la
existencia de situaciones de riesgo objetivo para los intereses públicos en razón de que
una persona, que se encuentra sometida al deber de velar por dicho
interés general, mantiene intereses o relaciones de carácter
privado que le generan o podrían generar el incentivo de favorecer
estos en desmedro o por encima de aquellos.
4.3.
¿Puerta
giratoria? Análisis de la circulación público-privada en Chile
(2000-2014)
Este artículo, publicado dentro de los Documentos de
Trabajo PNUD, nos muestra
un primer panorama empírico
sobre el fenómeno de la circulación público- privada en Chile y
analiza tanto el paso del sector privado hacia lo público –que
corresponde a la «circulación público-privada»–, como
transiciones dentro
de un mismo sector económico,
fenómeno que se define como «puerta giratoria».
La figura de puerta giratoria inversa
—cuando el tránsito se da desde el mundo privado hacia cargos de
gobierno— constituye un conflicto de interés, como lo reconoce la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, puesto
que lo que subyace en esa «circulación público-privada, es que
estas tienen potencialmente un impacto sobre las decisiones de
organismos públicos y las
orientaciones de políticas públicas» (Maillet et al., 2016),
de lo que se desprende su
potencialidad lesiva para los intereses generales de la
sociedad.
4.4.
Historia
de la ley Nº 20.880
La ley Nº 20.880, publicada el 5 de
enero de 2016, estableció nuevas regulaciones sobre conflictos de
intereses, fijando altos estándares en los mecanismos que
buscan precaverlos, pues se
entiende que esta materia se relaciona directamente
con los principios de
transparencia y probidad, pues con ello se busca promover el bien
común (Historia de la ley Nº 20.880, mensaje
presidencial).
Debe existir una regulación de
dichos conflictos, independientemente de si se produce o no daño a intereses públicos o
colectivos, «porque entrañan, objetivamente, una amenaza de daño de
los mismos» (Historia de la ley Nº 20.880, mensaje presidencial).
4.5.
Estudio de
mercado sobre medicamentos
En 2018 la Fiscalía Nacional
Económica inició un estudio del mercado de medicamentos, especificándose que una de las
motivaciones para efectuarlo era el nivel de concentración que
existe en el canal de retail, lo que eleva el riesgo de
ocurrencia de prácticas anticompetitivas, produciendo
efectos negativos
para los
consumidores.
En ese sentido, se establece en dicho
estudio que, actualmente, participan tres competidores principales:
las cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand y, según la información pública
disponible, cada una de estas cadenas tiene aproximadamente un 30 % del mercado, situación
que se mantiene desde el año
2006 (Fiscalía Nacional Económica, 2019).
5.
Reservas
En este apartado trataremos las
posibles objeciones o refutaciones que se pueden hacer a la conclusión que sostiene el oficio
analizado.
5.1.
No está
regulada la figura de la puerta giratoria inversa
En nuestra normativa existen diversos
mecanismos de prevención de los referidos conflictos de intereses, a saber:
1) Inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de
la función pública;
2) protección al funcionario denunciante en el Estatuto
Administrativo y en el Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales;
3) regulación del conflicto de intereses
posempleo;
4)
declaración de intereses y
patrimonio;
5)
dedicación exclusiva, y
6)
el deber de abstención.
Como puede advertirse,
la
situación analizada no se encuentra resuelta por
nuestra legislación, la
que solo se ocupa de regular la denominada «puerta
giratoria» en el
posempleo.
La norma actual establece una
prohibición para funcionarios de organismos fiscalizadores, por
seis meses, de trabajar en empresas privadas que antes
fueron sus supervisadas (ley
Nº 18.575, artículo 56).
Se trata de una figura sin
indemnización y cuya infracción carece de sanción
efectiva, pues sería cometida
por quien ya no es funcionario público y, en consecuencia, escapa al poder disciplinario de la
Administración.
Dicha situación de vacío a nivel
legal no implica que la figura de puerta giratoria inversa deje de
constituir un conflicto de interés, pues como señala Maillet «El
motivo fundamental para interesarse en las trayectorias y, en
particular, en la circulación público-privada, es que estas tienen
potencialmente un impacto sobre las decisiones de organismos
públicos y las orientaciones de políticas públicas» (Maillet et al., 2016:
5).
En este sentido, la regulación del
período que sucede al ejercicio del cargo público —conocido como el «posempleo»—
dispone que «son
incompatibles las actividades de las exautoridades o exfuncionarios
de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades
del sector privado sujetas a
la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se
mantendrá hasta seis meses después de haber expirado funciones»
(ley Nº 18.575, artículo 56,
inciso final).
Por lo tanto, dicha norma establece
parámetros mínimos respecto a posibles conflictos de intereses durante un tiempo acotado
—seis meses— y un perímetro circunscrito a los actores del sector
privado en directa relación con la repartición pública en la cual se desempeñaba el ahora
exfuncionario.
Pues bien, reconociendo el referido
vacío legal y la existencia del deber de abstención, es relevante
preguntarse si esa circunstancia les resta fuerza
normativa a los principios de
la supremacía constitucional, de la probidad y transparencia
administrativa y de la servicialidad del Estado (Constitución,
artículos 1º, 6º y
8º).
Dado que a la persona designada le
afectarían, a lo menos, dos de los tres tipos de conflicto de
intereses que señala la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, cabía hacerse un segundo cuestionamiento
relacionado
con la efectividad del deber de
abstención para proteger los aludidos principios constitucionales y legales.
5.2.
Aplicación
del deber de abstención
Como se indicó en el párrafo
anterior, la existencia de conflictos de interés permitía aventurar que la aplicación del deber
de abstención habría sido de una amplitud muy importante, por lo que los
mencionados principios constitucionales se
habrían visto, a lo menos, mermados y el interés general de la
ciudadanía relegado a un
segundo lugar.
Para entender esto, cabe recordar el
concepto de conflicto de intereses de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y los mecanismos
legales existentes en nuestra
legislación para su prevención.
5.2.1.
Conflicto
real
Es cuando existe un inaceptable
conflicto de hecho entre los intereses individuales o privados del funcionario público y sus
obligaciones públicas (OCDE, 2003: 24). En el caso de la persona
designada, este tipo de conflicto se daría respecto de quienes fueron sus empleadores
directos.
5.2.2.
Conflicto
aparente
Se refiere a la situación en que
existe un interés personal que no necesariamente influiría en el funcionario público, pero que
podría dar lugar a que otros consideren que puede influir en el
cumplimiento de sus deberes (OCDE, 2003: 24).
Esta modalidad se presentaría en
relación a todo el mercado de medicamentos, dado que, por sus características de concentración e
integración vertical, cualquiera de los restantes actores relevantes de ese mercado
—SOCOFAR, Ahumada o Salcobrand— podrían, eventualmente sentirse
perjudicados por las decisiones que la persona nombrada, en cuanto
directora del Instituto de Salud Pública, pudo haber tomado a su respecto.
5.2.3.
Conflicto
potencial
Alude al caso en el que un
funcionario público tiene un interés privado, que puede
convertirse en un conflicto de
interés en el futuro (OCDE, 2003: 24).
Este se presentaría en relación con
las entidades integrantes del holding en el que se
desempeñaba, pues, si bien no fueron sus empleadores directos,
existe una integración vertical que, eventualmente, podría ser
alegada por terceros.
Como puede verse, dado el alto grado
de concentración existente en el mercado de medicamentos, se podía
razonar que la sola abstención respecto de sus exempleadores
directos y del holdingal que pertenecían, podría verse como
un
eventual favorecimiento para aquellos
y, por otra parte, un perjuicio para los otros actores de dicho mercado
Para evitar que la situación de
conflicto de intereses, en la que se encontraba la autoridad
designada, pusiera en tela de juicio al Instituto de Salud Pública,
habría tenido que abstenerse forzosamente respecto de todos los
actores del mercado de
medicamentos.
Además, dicha abstención implicaría
que la persona nombrada dejaría de participar en acciones propias y esenciales del servicio que
iba a dirigir, afectando con ello los estándares de eficiencia y
eficacia, y el normal funcionamiento del instituto de salud pública.
5.3.
Servicialidad del Estado y gestión eficaz y eficiente del
servicio
En virtud del principio de
servicialidad del Estado, los órganos públicos deben
satisfacer las necesidades de
la población de un modo regular, continuo y permanente (Constitución, artículo 1º; ley Nº 18.575,
artículos 3º y 28) y, además, las autoridades deben organizar los
medios de que disponen, para lograr la debida, eficiente y eficaz
ejecución de sus funciones (ley Nº 18.575, artículo 5º).
Como se explicó anteriormente, la amplitud de materias respecto de las cuales la persona
designada se vería en la obligación de inhibirse de actuar,
claramente impactaría la gestión eficaz y eficiente del servicio
que iba a dirigir, quedando el interés general, que debe primar,
supeditado al interés privado de aquellas personas y empresas para
las cuales ha trabajado en altos cargos de confianza
y representando sus
intereses.
Lo expuesto llevó a la Contraloría a
concluir que la sola abstención no resultaba suficiente para
disipar o reducir los conflictos de intereses que podrían
generarse. Ello, toda vez que, adicionalmente a todo lo reseñado,
era evidente la potencial influencia que podía ejercer sobre su
subrogante, en tanto su subordinado
—así como también lo es la
circunstancia de que aquel se transformaría en el
encargado de resolver acerca
de cualquier aspecto de la industria farmacéutica—,
pues su inhibición no la iba a
relevar del cumplimiento de su deber de ejercer el control
jerárquico permanente de su subrogante (ley Nº 18.834, artículo 64,
letra a).
5.4.
Principio
de justa retribución
Es menester anotar que el cargo de
director del Instituto de Salud Pública está adscrito al sistema de
alta dirección pública, correspondiendo al primer nivel jerárquico.
En consecuencia, ese empleo se encuentra sujeto a la obligación de
desempeño con
dedicación exclusiva (ley Nº
19.882, artículo sexagésimo sexto),
lo que implica que la persona
designada debía dedicar todos sus esfuerzos laborales solo al
ejercicio de la dirección del Instituto de Salud
Pública.
En todo caso, esa dedicación
exclusiva tiene como contrapartida una compensación económica, constituida por la asignación
de alta dirección pública,
emolumento que fue establecido por el legislador en favor de
quienes desempeñaran tales funciones, por considerarse que ellas
requieren una mayor eficiencia, probidad y transparencia en su
realización. En la especie, ella asciende a un 70 % de las
remuneraciones brutas de carácter permanente (ley Nº 19.882,
artículo sexagésimo quinto, inciso segundo; decreto Nº 1.187, de
2010).
Como puede deducirse, la persona que
se pretendía nombrar iba a recibir una remuneración que carecería
de parte importante de su fundamento y a la cual, además, no podía
renunciar por ser inherente al cargo, con lo que, además, se ponía
en entredicho el principio retributivo que caracteriza la función
pública.
En efecto, carecería de justificación
el pago de la referida asignación, respecto de un directivo que, dada su anterior vinculación al
mercado que debe ser fiscalizado por ese instituto, debía
abstenerse de intervenir en un número significativo de actuaciones que necesariamente
recaerán sobre su subrogante, el cual, por lo demás, no percibirá
dichos emolumentos, en atención a que esa remuneración solamente
corresponde al titular del cargo de que se trata.
Conclusiones
En definitiva, al efectuar el control
de juridicidad del acto administrativo que materializaba el
nombramiento de la directora del Instituto de Salud Pública,
la Contraloría debió
determinar si, en el caso en particular, se aseguraba el
cumplimiento y respeto los
principios constitucionales de servicialidad del Estado, primacía constitucional y probidad
administrativa.
Teniendo en consideración los
antecedentes laborales de la recurrente y los conflictos de
intereses existentes, fue necesario
cuestionarse si el
ejercicio del deber de abstención en todos los aspectos del
negocio farmacéutico
—que, como directora del Instituto de
Salud Pública, debía atender y fiscalizar— era factible, sin poner en riesgo los referidos
principios.
Adicionalmente, se tuvo que tener en
consideración que las funciones del Instituto de Salud Pública son fundamentales para la
promoción y protección de la salud de la población, a través del
control sanitario que está llamado a efectuar.
Con esos antecedentes o evidencias,
se podía concluir que el interés general quedaría puesto en peligro, producto de la ausencia
de una definición legal expresa, cuestión que pugna con los fundamentos de nuestra
institucionalidad, pues ante esa situación son los principios
constitucionales los que deben primar, para el logro del bien común, salvo que se pretenda
entender que el artículo 6º, inciso 2º,
de la Constitución sea una norma de
carácter programática, de manera tal que no es posible aplicar directa e inmediatamente,
cualquiera de sus disposiciones.
Entonces, el oficio Nº 30.176, de
2019, de la Contraloría, no impuso inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones fuera de las establecidas en la
ley. Por el contrario, aplicó directamente los preceptos contenidos
en la Constitución, especialmente el de probidad administrativa, que la llevó a concluir
que el nombramiento afectaba el interés público, por lo que
correspondía su representación.
Tampoco se creó una regla nueva, pues
lo que se hizo fue utilizar directamente el principio de probidad administrativa.
Finalmente, tampoco puede
entenderse la representación del
nombramiento en comento, como un
cuestionamiento acerca de la integridad ética o calidad profesional
de la persona afectada, sino que se trató de otorgar preeminencia
al interés general por sobre
el particular.
Referencias
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https://www.fne.gob.cl/wp-
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•
Maillet,
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(2016). ¿Puerta Giratoria?
Análisis de la circulación público-privada en Chile (2000-2014).
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•
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•
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http://johnnywalters.weebly.com/
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•
Zalaquett
Daher, J. (2011). Conflictos
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HISTORIA
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https://www.bcn.cl/
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Normativa
•
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https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=210676
•
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de la República de Chile, 5 de enero de 2016. Última modificación
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•
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con fuerza de ley Nº 29, de 2004, flja texto refundido, coordinado
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República de Chile, 16 de marzo de 2005. Última modificación 5 de junio de 2018.
https://www.bcn.cl/leychile/
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•
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de Hacienda (2010). Decreto
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la escala única de sueldos, el cual corresponde al primer nivel
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•
Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (2001). Decreto con fuerza de ley Nº 1/19653, de 2000,
flja texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. Diario Oficial de la República de Chile, 17 de
noviembre de 2001. Última
modificación 15 de febrero de 2018.
https://www.
bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=191865&idParte=8562353
•
Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (2005). Decreto Nº 100, de 2005, flja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política
de la República de Chile. Diario Oficial de la República de Chile, 22 de septiembre de
2005. Última modificación 28 de abril de 2021.
https://www.
bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
Jurisprudencia
Contraloría General de la República. Dictamen:
•
Nº 30.176
(2019).
