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IV SEMINARIO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN: EL FUTURO DE


LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

Organizador:

Centro de Estudios de la Administración del Estado, de la Contraloría General de la República, en conjunto con Alliance for Integrity y el apoyo de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria

Fecha:

16, 18 y 20 de noviembre de 2020

Lugar:

Seminario web

 

 

Presentación


 

El Seminario Internacional Anticorrupción es una iniciativa impulsada por la Contraloría General de la República de Chile y Alliance for Integrity, organización global que trabaja por la integridad en las empresas mediante el perfeccionamiento de sus estructuras de compliance y que, a nivel nacional, es implementada por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (Camchal).

En la edición 2020, la cuarta versión de este seminario tuvo por objetivo generar un espacio de reflexión, en el cual expertos de nivel internacional interactuaron con ciudadanos latinoamericanos para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que la crisis del COVID-19 presenta para el futuro de la lucha contra la corrupción. Para lograr lo anterior, se abordaron los retos que enfrenta la región en el fortalecimiento de la democracia y las capacidades institucionales de los gobiernos, la recuperación económica de manera sostenible a nivel global y la focalización de medidas anticorrupción con enfoque de género.

En el plano local, la Contraloría desarrolla un trabajo constante con distintos sectores, como la sociedad civil y organismos internacionales comprometidos con el fortalecimiento de la integridad, a fin de fomentar el cuidado y buen uso de los recursos públicos teniendo como ejes de la gestión institucional la eficiencia, eficacia y economicidad.


 

Panel 1: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SU VINCULACIÓN CON

LA DEMOCRACIA


 

 

Introducción


 

       La crisis del COVID-19 ha evidenciado con mayor fuerza los problemas que la democracia y el aparato público venían demostrando desde antes de 2020. Grandes escándalos de corrupción, instituciones debilitadas y bajos niveles de confianza ciudadana deberían ser reconocidos como el escenario político con el que se enfrentó esta pandemia.

       La crisis del coronavirus ha estresado a las organizaciones, al aparato público y también a la institucionalidad anticorrupción. La emergencia sanitaria ha sido una justificación para rehusar la utilización de licitaciones como regla general de contratación, abusando del trato directo, lo que ha dado origen a importantes problemas en los procesos de compras públicas.

       El mal uso de recursos públicos durante la pandemia pone en tela de juicio el funcionamiento de la institucionalidad, daña la confianza pública y, lo que es más grave, tiene un impacto directo en la salud y en la vida de las personas.

       El costo de la corrupción es muy alto para la democracia y para la economía. Sin embargo, el principal costo de la democracia lo paga la ciudadanía en su conjunto.

       El 90 % de los participantes del seminario considera que la corrupción ha sido un obstáculo para enfrentar el COVID-19. A raíz de esto, es necesario comenzar a identificar las lecciones que esta enorme crisis nos deja.

 

Buenas prácticas


 

       En el ámbito público se ha reconocido la importancia de dotar de más eficiencia y eficacia a los instrumentos de control social, como lo son las normas de acceso a la información.

       En el ámbito privado es indispensable avanzar en elevar los estándares de integridad y ética pública. En este sentido, se debe promover que empresas


 

privadas se comprometan activamente para garantizar un comportamiento probo en todas sus actuaciones.

       Desde la sociedad civil se ha reconocido la importancia que cumplen las organizaciones no gubernamentales como actores clave para involucrar a toda la comunidad en el combate contra la corrupción. No se debe esperar que el Estado haga todo, sino que, por el contrario, se debe promover que otro tipo de instituciones y actores promuevan activamente la integridad.

       Se reconoce que la fortaleza institucional, la legitimidad del sistema político y la capacidad de la burocracia son claves para disminuir los espacios a través de los que se generan actos deshonestos.

       El compromiso con la integridad debe trascender cualquier nivel e ideología política. En tiempos de polarización, el compromiso permanente de todos los actores por rechazar la corrupción es indispensable para el fortalecimiento y consolidación de la democracia.

 

 

Recomendaciones


 

       Fortalecer la institucionalidad pública, con especial foco en aquellas instituciones que cumplen un rol de protección de los derechos fundamentales. Estas entidades cumplen una labor central de mediación entre los Estados y la ciudadanía, por lo que su buen funcionamiento es indispensable en cualquier sistema democrático.

       Incorporar con mayor fuerza al sector privado en el combate contra la corrupción. En esto se reconoce la importancia de elevar los estándares normativos en los cuales estas compañías ejercen su labor, pero sin que el exceso de regulación desincentive su actuación. Y, en segundo lugar, se destaca la necesidad de promover el rol de este sector en el fortalecimiento de la integridad en todo el sistema democrático.

       Para disminuir los espacios a través de los cuales la corrupción puede surgir, se debe trabajar en distintas iniciativas complementarias como, por ejemplo: más tecnología, más participación ciudadana, más capacitaciones, mejor regulación y mayor integridad. Todas estas herramientas deben ser incorporadas en todo nivel y en todos los sectores para elevar los estándares éticos más allá de la esfera pública.

       El ecosistema de integridad es dinámico por lo que es central evaluarlo constantemente para hacerlo más robusto y una base indispensable en el fortalecimiento de la democracia.


 

Panel 2: ECONOMÍA SOSTENIBLE Y LIBRE DE CORRUPCIÓN


 

 

Introducción


 

       La corrupción obstaculiza las inversiones y el progreso social, es por ello que, tanto el sector público como el privado deben asegurar el uso eficiente de los fondos y garantizar que estos lleguen a quienes realmente los necesitan.

       Las crisis económicas y sociales fomentan la pobreza, la desigualdad y disminuyen las oportunidades.

       El sector salud ha sido uno de los más golpeados, no solo en Chile sino a nivel mundial, lo que se ha manifestado en: desviación de recursos, sobornos, falta de transparencia en la compra de suministros, entre otros.

       El contexto actual ha impulsado a las empresas a reaccionar y modificar sus estructuras económicas para mantenerse activas en medio de la crisis del COVID-19.

       La reactivación económica es una tarea conjunta de los empresarios, los colaboradores, los compradores, los proveedores, el sector público, la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación.

       La coyuntura de la pandemia ha causado que muchos de los procesos regulares y controles internos se hayan dejado de lado, por el afán de implementar la operatividad y el teletrabajo.

       Las empresas consideran que el COVID-19 ha traído también la oportunidad de revisar e implementar estándares de integridad y transparencia en sus procesos. Esto es una manera de subrayar la premisa de tolerancia cero ante cualquier acto de corrupción.

       El impacto económico seguirá presente, ya que es uno de los efectos del COVID-19. Del mismo modo, es relevante tener en cuenta la inestabilidad política en algunos países de la región, por lo que diversos sectores deben trabajar en conjunto pensando en un bienestar general más que en uno individual.


Buenas prácticas


 

       Generar una cultura de integridad al interior de la compañía, donde, al hacer las cosas bien, se transmita confianza desde los altos ejecutivos hacia abajo.

       Analizar, elevar y fortalecer los valores de la compañía como una manera de procurar su cumplimiento en todas las áreas, incluida su cadena de valor.

       Tener un código de ética que se ajuste a la compañía y que guíe a los colaboradores, proveedores y clientes.

       Crear regulaciones claras que minimicen los riesgos y ayuden a delinear sanciones claras.

       Actuar de manera transparente e íntegra, es decir, hacer lo correcto y no lo conveniente.

       Las compañías que tengan planes de integridad pueden incorporarlas a sus cadenas de valor, de manera de crear una cultura de probidad en conjunto.

       Alinear todos los procesos organizacionales a la legislación actual en materia de integridad, lavado de activos, cohecho y soborno.

 

 

Recomendaciones


 

       Ser vigilantes en todos y cada uno de los procesos internos, además de visualizar los nuevos peligros que están surgiendo a causa del COVID-19 y generar acciones determinantes para minimizar la mayor cantidad de riesgos.

       Incorporar y desarrollar una buena gestión de datos y herramientas digitales, ya que estas aportan un óptimo monitoreo de las transacciones y procesos, además de incrementar el acceso a la información, al disponer de información de calidad con lenguaje comprensible para que la ciudadanía pueda conocerlo y las entidades interesadas puedan utilizarlo.

       Generar sistemas de complianceo integridad para todas las empresas públicas y entidades del Estado será una herramienta importante para mejorar la confianza en las instituciones.

       Focalizarse en un plan de tolerancia cero para cualquier acto de corrupción es un instrumento que lleva a las economías a ser más sostenibles y equitativas.


 

       Los gobiernos corporativos deben comprometerse con las mejores prácticas en temas de integridad, estar alineados y conocer las acciones que realiza la empresa.

       Utilizar de la mejor manera los recursos legales que se han desarrollado y actualizado en los últimos años y, a partir de ello, generar acciones concretas que lleven a una real cultura de la integridad.

       Participar en acciones colectivas y generar actividades en conjunto entre sector público, privado y la sociedad civil. Esta articulación ayudará a enfrentar los riesgos de mejor manera, lo que conlleva el fortalecimiento de la economía.

       Las grandes empresas pueden guiar y apoyar a su cadena de valor en temas de integridad, compartiendo códigos de ética, capacitando y acompañándola en el proceso. Esto genera aumenta el sentimiento de confianza y la igualdad de oportunidades en la relación entre las distintas organizaciones.

       Una confianza de integridad e igualdad de oportunidades.

       Generar pactos de integridad en el sector salud será un aporte para evitar el desvío de fondos y actos de corrupción y será una acción concreta que motive los negocios justos y transparentes.


Panel 3: LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO


 

 

Introducción


 

       La corrupción no es neutra, impacta más y de manera diferente a la población más vulnerable, la que incluye a las mujeres.

       El sector público incorpora ocasionalmente la perspectiva de género en iniciativas y políticas públicas anticorrupción.

       La integridad, como antídoto contra la corrupción, solo es efectiva si se considera el contexto, lo que significa comprender cómo impacta a diferentes grupos. Un ejemplo es la sextorsión, donde favores sexuales son requeridos para acceder a servicios públicos, derechos o cualquier otro beneficio, lo que desproporcionadamente afecta más a las mujeres.

       Para todas las pymes, es difícil convencer a los socios de la necesidad de la integridad y también tener la organización de cumplimiento necesaria para vigilar a toda la compañía, ya que muchas veces no cuentan con estructura o recursos idóneos para disponer de una persona con dedicación exclusiva a este propósito.

       Reaccionar y prevenir la corrupción es todavía más difícil para mujeres emprendedoras que dependen de su ingreso para subsistir. Tener sus negocios cerrados por mucho tiempo es algo que no pueden permitirse. Además, la ridiculización a la hora de denunciar es un factor que impide en muchos casos la formalización de las quejas correspondientes.

 

 

Buenas prácticas


 

       Organizar espacios para que mujeres tomadoras de decisiones en el ambiente de negocios compartan sus experiencias, como el «Integrity Coffee» de Alliance for Integrity, empodera a las emprendedoras al promover el intercambio de buenas prácticas de integridad empresarial entre ellas.


 

       Nuestro país es un buen ejemplo del posicionamiento de la materia en la agenda pública y en la privada. Actualmente existe un proyecto de ley sobre la sextorsión y una campaña de sensibilización organizada por la Asesoría Legal Anticorrupción —ALAC— y Transparencia Internacional, sobre cómo la corrupción afecta diferentemente a las mujeres, con el objetivo de empoderar a los denunciantes. Además, Chile también lidera la inclusión de la temática en el foro internacional de la APEC.

       Para garantizar que las vacantes sean atractivas tanto para mujeres como para hombres, es importante que se utilicen descripciones neutras y que el proceso de reclutamiento sea inclusivo, por ejemplo, eliminando preguntas que parecieran estar dirigidas exclusivamente a mujeres, tales como el conciliar el trabajo con el cuidado de la casa.

       Tener un comité de diversidad e inclusión en las empresas, que debata la temática de integridad y también de género, y que organice campañas de sensibilización en conjunto, es una buena herramienta para empezar una discusión holística de ambos temas.

       Los entrenamientos de anticorrupción pueden fortalecerse incluyendo temas como integridad más amplios, con perspectiva de género, e incluso estimular habilidades de liderazgo inclusivo.

       Generar encuestas frecuentemente es una buena manera de conocer la opinión de las mujeres, pero también es importante incluirlas en la solución.

 

 

Recomendaciones


 

       Considerar el nexo entre género y corrupción ayuda a diseñar soluciones más eficientes contra esta.

       Momentos críticos, como es la pandemia actual, representan oportunidades de reflexión interesantes para discutir este nexo.

       El nexo entre corrupción y género no es un tema solo para el sector público o privado, es necesario que toda la sociedad se incluya en ello.

       Los hombres también deben involucrarse con el tema tomando una perspectiva de respeto, apertura y corresponsabilidad.

       El primer paso para hacer frente a este tema puede ser el reconocer que esta relación existe y que hay un problema que debe ser resuelto.

       Los mecanismos de protección de denunciantes también deben considerar las diferencias de género, puesto que las represalias, la naturaleza de las


 

ofensas y las medidas de protección necesarias son distintas y pueden llegar a afectar desproporcionalmente a las mujeres.

       Las cuotas de género son un mecanismo efectivo para acelerar la llegada al objetivo final de igualdad de género. Sin embargo, las mismas deben contar con una estrategia específica de implementación, en caso contrario, pueden tener el resultado opuesto al deseado, generando la percepción falsa de que contratar mujeres es solamente un medio para cumplir la cuota y no por su capacidad.