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PLATAFORMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, MECANISMO EFECTIVO DE GOBERNANZA PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
NATIONAL
PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION, EFFECTIVE
GOVERNANCE MECHANISM FOR THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION
OF PUBLIC POLICY
Natalia Andrea Silva Bustos1
Resumen
La Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres, conformada en Chile en 2012, surge como un eficiente mecanismo
de coordinación multisectorial
en el país para abordar —formal e institucionalmente— la gestión del riesgo de desastres, dado su carácter
transdisciplinario y representativo de los diversos actores
que conforman el Sistema Nacional
de Protección Civil. Bajo su alero se han elaborado e implementado ya dos instrumentos de alcance nacional
y sus respectivos productos
derivados, alineados a los marcos internacionales referentes vigentes a los que Chile ha adherido. A partir de la
política y el plan estratégico nacional
se han establecido las directrices para que la aplicación de diferentes instrumentos estratégicos y
operativos, en los distintos niveles territoriales, genere
una adecuada sinergia
en el sistema. En el entendido de que
la reducción del riesgo debe ser abordada de manera holística y transversal, esta plataforma representa un caso de
estudio que evidencia la eficacia del compromiso
coordinado de múltiples organismos, esfuerzo necesario en países como Chile, de alta exposición a distintas
amenazas y con variedad de factores subyacentes del riesgo
de desastres.
Palabras clave: gestión del riesgo de desastres — gobernanza —
políticas públicas — gestión pública
— alianzas público-privadas
1 Jefa del Departamento de Gestión del
Sistema Nacional de Protección Civil, Subdirección Nacional, de la Oficina Nacional de Emergencia;
ingeniera civil, mención Estructuras y Construcción, magíster en Ciencias
mención Geofísica.
Abstract
The National Platform for Disaster
Risk Reduction, formed in Chile in 2012, emerges as an efficient multisectoral
coordination mechanism in the country to address —formally
and institutionally— disaster
risk management, considering its transdisciplinary and the representative nature of the various actors who form the National Civil Protection
System. Under its auspices, two instruments of national scope and their respective
derivative products have already been developed and implemented, aligned
with the current international frameworks to which Chile has adhered. Based on the Policy and the National Strategic
Plan, it has established
guidelines for the generation of suitable synergy in the system through
the application of different strategic and operational instruments, at diverse territorial levels. In the
understanding that risk reduction must be approached
in a holistic and transversal way, this platform represents a case study that demonstrates the effectiveness
of the coordinated commitment of multiple organizations, an effort necessary
in countries like Chile, with high exposure to numerous threats
and a variety of underlying factors of disaster
risk.
Keywords: Disaster risk management - management —
governance — public policy — public management
— public-private partnerships
Introducción
Por sus características geográficas y geológicas, el
territorio chileno está expuesto a diversas amenazas, cuyo origen puede
ser:
1)
natural:
terremotos, tsunamis, marejadas,
erupciones volcánicas y eventos hidrometeorológicos extremos
que provocan a su vez inundaciones y remociones en masa, por mencionar algunos;
2)
antrópico: incendios forestales, ciberataques, conflictos sociales, entre otros;
3)
biológico-sanitario:
la marea roja, que altera
ecosistemas y compromete medios y modos de vida de las comunidades expuestas, o la actual
pandemia por COVID-19, que ha alcanzado
afectaciones directas e indirectas sin precedentes.
Así también, Chile presenta un elevado grado de
vulnerabilidad ante los desastres. Lo
anterior, se puede observar, por ejemplo, en los resultados obtenidos
entre 2017 y 2019, tras aplicar la encuesta diseñada por la Plataforma Nacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres, que identifica y caracteriza
los factores subyacentes del riesgo a nivel local, donde
un 89 % de las comunas del país tiene
un rango moderado a alto de vulnerabilidad (Oficina Nacional de Emergencia, 2016). Adicionalmente, en la
encuesta CASEN 2017, se observa un estancamiento
en la pobreza multidimensional respecto de la medición de 2015, arrojando que un 20,7 % de los hogares
chilenos se encuentra en esta condición que refleja carencias o privaciones en 5 dimensiones:
1) educación,
2) salud,
3) trabajo y seguridad
social,
4) vivienda y
5) entorno, redes y cohesión social.
Lo anterior, da cuenta de lo sistémico y complejo que es
el riesgo de desastres, pues
compromete no solo el bienestar y seguridad de la población, sino también el desarrollo sostenible de la nación a
través del desempeño de los sectores productivos,
la infraestructura, servicios, modos y medios de vida, ecosistemas, por mencionar algunos.
Por tanto, las consecuencias de la condición de alta
recurrencia y diversidad de amenazas
en todo el territorio nacional, la elevada exposición de la población y bienes, variado espectro de vulnerabilidad
y de factores subyacentes del riesgo de desastres, confluyen en situaciones de riesgo que se manifiestan multiescalar y multidimensionalmente, impactando a
toda la sociedad y comprometiendo la
sostenibilidad del desarrollo del país. Por ello, el desafío y permanente oportunidad de mejora está en aprender
de las experiencias –nacionales e internacionales–
y propiciar que una gestión prospectiva del riesgo de desastres sea considerada como estrategia para el desarrollo sostenible.
Como antecedente, Chile registró entre 1980 y 2011
pérdidas promedio anuales cercanas al
1,2 % de su PIB debido a desastres de origen natural. La posibilidad de sufrir con frecuencia importantes daños y pérdidas,
tanto en términos
de vidas humanas como
económicas y financieras, es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país (Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, 2016).
Así también, en el Plan de Acción Nacional para el Cambio
Climático 2017-2022, se argumenta que
Chile es un país considerablemente vulnerable, cumpliendo con siete de los nueve criterios
enunciados por la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, a saber: posee áreas costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques;
territorio susceptible de desastres de origen natural;
áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de
contaminación atmosférica; y ecosistemas montañosos (Ministerio del Medio Ambiente, 2016).
De ese contexto,
se desprende que algunos eventos
en Chile serán cada vez más frecuentes, extremos e intensos, producto del
cambio climático que exacerba aquellos de origen meteorológico,
hidrometeorológico y climatológico, pudiendo transformarse esta situación en una
constante creciente en el país que reconfigure algunas actividades humanas en
búsqueda de la adaptación a esta nueva
realidad nacional, regional y global y que fuerce a un abordaje cada vez más sistémico para una gestión
integral del riesgo de desastres.
Como antecedente clave que contribuye a este artículo, es
relevante señalar también que el
índice de gobernabilidad y políticas públicas en gestión del riesgo de
desastres (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) arrojó para Chile un nivel incipiente en
términos de satisfacer condiciones habilitantes —presupuestarias, normativas e institucionales— para la
implementación efectiva de una política nacional en esta materia.
Las componentes mejor evaluadas resultaron ser: preparación para
la respuesta y la reducción del riesgo de desastres, mientras que las peores correspondieron a
protección financiera y planificación para la
recuperación posdesastre.
Antecedentes
Para conocer los orígenes de la plataforma
nacional, hay que remontarse diez años
atrás, cuando el terremoto de magnitud MW 8,8 y su consecuente
tsunami destructivo sacudieron la zona centro sur del país el 27
de febrero de 2010, significando un punto de inflexión para todo el
sistema nacional de protección civil, el que ha experimentado significativos y continuos
mejoramientos inmediatamente
después de la ocurrencia de esta catástrofe.
En 2010, cinco años después de que Chile adhiriera al
«Marco de acción de Hyōgo para la reducción del riesgo de desastres
2005-2015» y, por consiguiente, año que
corresponde a la mitad de su período de implementación, el país poco había avanzado
conscientemente respecto de lo que dicho referente
internacional establecía.
Destaca, sin embargo, la ejecución de algunas iniciativas aisladas, provenientes del ámbito científico, técnico-académico y de la cooperación internacional, sumadas
a incipientes esfuerzos
por entender y superar el fallo sistémico evidenciado tras el evento catastrófico, siendo aún lejana la apropiación y más aún, la cabal
comprensión en el quehacer nacional de la gestión del riesgo de desastres y de su fin: la reducción del riesgo de desastres.
Estos y otros antecedentes nacionales, servirían de
contexto para que el Gobierno solicitase al Sistema de Naciones Unidas una evaluación del estado de
la gestión del riesgo de desastres en el país. Se constituyó entonces una misión interagencial de expertos, de cuyo trabajo
de análisis, recopilación de
testimonios y antecedentes surgió el informe diagnóstico
titulado «La situación de la
reducción del riesgo de desastres en Chile» (Organización de las Naciones Unidas [ONU],
2010), el que propone 75 recomendaciones.
Dichas recomendaciones se fundamentaron en torno a las prioridades definidas en el
«Marco de acción de Hyōgo», ejes que se resumen como sigue: fortalecimiento institucional; fortalecimiento de los sistemas
de monitoreo y alerta
temprana; fomento de la cultura de la prevención y el autoaseguramiento; reducción de los factores subyacentes del
riesgo de desastres; y preparación ante los desastres
para lograr una respuesta eficaz.
El informe ubica en el primer lugar de las
recomendaciones la necesidad de formular una política nacional
para la gestión del riesgo de desastres
a través de un proceso multisectorial,
interinstitucional que involucre a todos los actores del sector público, privado y sociedad civil, invitando también
a su respectiva traducción mediante
un plan nacional que considere
las particularidades territoriales (ONU, 2010, p. 50).
Para la ejecución
de dicha tarea,
la Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública recurre a considerar con carácter prioritario la recomendación número 24 del mismo informe,
relacionada al «establecimiento de una plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres, a través de un mecanismo de coordinación
intersectorial e interinstitucional en el que
participen los principales actores relacionados con la reducción del
riesgo de desastres» (ONU, 2010,
p. 51).
Logros
a la fecha
La sugerencia de constituir un mecanismo que funja como
espacio fértil de gobernanza se
empieza a gestar en 2012, cuando se constituye la Plataforma Nacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres con alrededor de 30 organismos, cuyos
representantes en su mayoría provenían del sector público
y principalmente vinculados a
la prevención de riesgos laborales —salud y seguridad ocupacional—, pero no tanto a la gestión del riesgo de desastres.
En 2014, la Plataforma Nacional concreta su primer logro
atendiendo la prioridad recomendada por Naciones Unidas años atrás,
presentando la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para luego en 2015 formular
su respectivo Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Estos instrumentos estarían
vigentes en Chile hasta 2018 y, pese a estructurarse en torno a los principios de acción del Marco de Hyōgo, consideraron tangencialmente
algunos aspectos en los que el nuevo referente global pondrá acento hasta 2030. Así, esta primera
política pública preparará la transición a este nuevo compromiso internacional permitiendo, por un lado avanzar
en lo que Hyōgo invitaba
bajo el lema «aumento de la resiliencia de las naciones
y
las comunidades ante desastres» (ONU, 2005, p. 1) y, por
otro, iniciar el proceso de promoción
e instalación de diversas iniciativas a nivel intersectorial para ir asentando gradualmente la gestión del
riesgo de desastres y buscando mayor compromiso con esta estrategia de alcance nacional.
A partir de 2015, Chile
adhirió a una batería de compromisos impulsados por Naciones Unidas
cuyo abordaje acoplado apunta a alcanzar el desarrollo sostenible —en la integralidad de las dimensiones social, económica y ambiental— y, por ello, comparten
indicadores de logro que ponen de manifiesto que sus implementaciones deben ser sinérgicas.
De la mano entonces de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la Nueva Agenda Urbana
Hábitat III, el Acuerdo de París para la Adaptación al Cambio Climático,
Agenda de Acción Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo, el Marco de Sendai para la
reducción del riesgo de desastres 2015- 2030, entre otros referentes ratificados por el país —por mencionar algunos
complementarios, destacan aquellos relacionados a materias de promoción
y protección de derechos humanos, de eliminación de toda
forma de discriminación contra la mujer, entre otros enfoques
transversales—, Chile asume el desafío de plasmar
estas orientaciones internacionales en diferentes líneas de acción que promueven los instrumentos de gestión del
riesgo de desastres, sumados al interés
de reducir brechas evidenciadas en los procesos de implementación de políticas e iniciativas de gestión predecesores.
Mediante el mecanismo
de gobernanza que representa la plataforma y ya con la
experiencia de haber gestado la primera política nacional en la materia, en 2017 la Oficina Nacional de Emergencia
impulsó la formulación de una moderna Política Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres y el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2019-2030, los que apuntan
a fortalecer la
institucionalidad y a dar continuidad a los esfuerzos que vieron sustento
en sus homónimos nacionales vigentes
en el período 2015-2018.
A la fecha, la Plataforma Nacional sigue vigente,
reuniendo más de 180 organismos representantes del Sistema Nacional de Protección Civil
—convocando a cerca de 500 miembros activos—,
habiéndose validado como el
mecanismo de gobernanza en el país del cual ha surgido la política en esta temática2 y un sinfín de instrumentos de gestión, planificación y operativos. Los
representantes —designados o ratificados año a año por sus respectivas autoridades— responden a variados
perfiles, algunos de carácter estratégico
—para facilitar la toma de decisiones cuando corresponda— y otros de carácter
2 Política
Nacional y Plan Estratégico Nacional
para la Gestión
del Riesgo de Desastres 2015-2018, aprobados mediante decreto supremo Nº 1.512, de 2016, y
decreto exento Nº 3.453, de 2017, respectivamente, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;
y las versiones sucesoras correspondientes a la Política
Nacional y Plan Estratégico Nacional
para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2020-2030, aprobados mediante decreto
supremo Nº 434 y decreto
exento Nº 1392, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
año 2020.
técnico, siendo estos muchas veces los encargados de
áreas de gestión del riesgo de desastres/reducción del riesgo de desastres/emergencias en sus respectivos servicios, dependencias que
con el tiempo se han instalado en la orgánica de varios ministerios y servicios dependientes y relacionados.
En relación a su caracterización, se puede mencionar
que la conformación de la Plataforma Nacional a la fecha
corresponde a un 69 % proveniente del sector
público, 14 % de
organizaciones de la sociedad civil, 6 % academia-centros de investigación-universidades, 6 % organismos
técnicos y 5 % catalogables como
«otros», siendo estos últimos algunos organismos
autónomos, descentralizados y colegios
profesionales. Desde un enfoque de género, es posible observar
también una tendencia en el tiempo al alza de la paridad, dado que
actualmente la proporción hombres/mujeres es del 56 % y 44 % respectivamente.
La plataforma cuenta con reglamento de funcionamiento, en el que se describe
a lo menos: la existencia de
un comité directivo que define algunas líneas de trabajo prioritarias anuales
—actualmente integrado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Nacional de
Emergencia—, el rol de la secretaría ejecutiva de la Oficina Nacional de Emergencia en términos de su coordinación y las variantes
de trabajo, por mencionar algunos
aspectos que regulan
su operación. En lo que atañe a la modalidad
de funcionamiento, observamos básicamente dos formatos: el primero de ellos consiste en mesas
de trabajo, las que son espacios
intersectoriales temáticos que cuentan con un organismo
líder
—que actúa como jefe de proyecto— y varios organismos
colaboradores que, en conjunto, velan
por el desarrollo del objetivo, meta y plazo de la determinada acción
estratégica que los convoca. La segunda categoría corresponde a sesiones
plenarias, las que tienen un carácter informativo y de rendición de cuentas para ir presentando a los miembros
de la plataforma los avances en cuanto
a la implementación de los instrumentos de gestión nacionales u otros contenidos que se consideren pertinentes y
de interés de difundir en pleno, pues obedecen a algún impulso dado este mecanismo de gobernanza.
Recientemente la Plataforma Nacional recibió el
reconocimiento internacional, siendo destacada en la publicación «Words into
Action» de la Oficina de Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2020). Así también, un producto elaborado por la plataforma denominado «Metodología de identificación y caracterización de
los factores subyacentes del riesgo de desastres a nivel comunal»
(Oficina Nacional de Emergencia, 2016) ha sido objeto
de publicaciones extranjeras en las más importantes revistas afines y presentada en foros de alta calidad,
dada su rigurosidad científica y lo pionera
en la materia abordada.
En este sentido,
el trabajo actual
y por la próxima década
de la plataforma es la ejecución y seguimiento de más de un
centenar de acciones estratégicas plasmadas en la Política y Plan Estratégico Nacional vigentes, apelando
al principio de corresponsabilidad. Es decir, propiciando
que los diversos organismos miembros del Sistema Nacional
de Protección Civil contribuyan desde
su quehacer al logro de las metas propuestas para la construcción de una sociedad y territorio más resilientes.
Cabe mencionar que la actual Política Nacional
propone como pilares
estratégicos los siguientes principios de acción adaptados
del Marco de Sendai y adecuados
al contexto y prioridades nacionales:
1. Comprender el riesgo de desastres,
2. Fortalecer la gobernanza para la reducción
del riesgo de desastres,
3. Planificar e invertir
para la resiliencia,
4. Preparar una respuesta
eficiente y eficaz, y
5. Fomentar una recuperación sostenible.
A modo de resumen, la Plataforma Nacional
ha elaborado un sinfín de instrumentos para el sistema, destacando los siguientes productos
dada la relevancia que revisten:
1.
Incorporación de la variable
de riesgo en el Sistema Nacional de Inversiones, mediante una metodología de evaluación de riesgo de desastres en proyectos de infraestructura pública.
2.
Consideración de la gestión
del riesgo de desastres en el sector laboral
—alianza público-privada—, permitiendo avanzar hacia la fiscalización de medidas
que los propios centros de trabajo identificarán como prioritarias, según el contexto.
3.
Identificación y
caracterización de los factores subyacentes del riesgo de desastres en el nivel
comunal.
4.
Metodología que estandariza
el levantamiento de recursos y capacidades para la respuesta en el Sistema Nacional de Protección Civil.
5.
Estandarización de los planes de continuidad operacional —business continuity plan, BCP, por sus siglas en inglés—.
6.
Incidencia en capacitación de altos directivos públicos –ADP– junto al Servicio Civil.
Actualmente la plataforma se encuentra operando con
diversas mesas temáticas intersectoriales
tituladas: movilidad humana y cambio climático, patrimonio cultural —material
e inmaterial—, revisión
y actualización de normativa técnica y de ordenamiento territorial, recuperación sostenible posdesastre, acción fronteriza —considerando alcance insular
y antártico—, educación,
laboral, ecosistema de investigación, innovación, desarrollo y emprendimiento
—I+D+i+e— para la resiliencia, evaluación ambiental estratégica, vinculación público-privada —iniciativa Arise
Chile—, asistencia humanitaria, entre otras. Adicionalmente, avanza en otras materias que no necesariamente implican la conformación de mesas de trabajo, sino que se pueden concretar
a través de
gestiones y planes de acción entre Oficina Nacional de Emergencia y el organismo competente en el área.
Gracias a la consolidación y reconocimiento de la
plataforma, también se han propiciado diversos
instrumentos sectoriales de gestión del riesgo de desastres
—por mencionar algunos, destacan el Compromiso de
Desempeño Colectivo (CDC) 2020 en la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la elaboración del Plan Estratégico para la Gestión del Riesgo de
Desastres 2020-2030 en el Sector Sanitario
impulsado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS y la constitución oficial de la Mesa Gestión
del Riesgo de Desastres en el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos—.
De la misma manera se han generado
lineamientos para que varias políticas públicas sectoriales contemplen aspectos de
gestión y reducción del riesgo de desastres desde los ámbitos de acción que abarcan.
Así también, se ha fortalecido la línea comunicacional
con el objeto de que el quehacer de
la plataforma se difunda por varios canales y a distintos públicos objetivos, favoreciendo el conocimiento de esta instancia
y de sus productos. Ello incluso ha permitido que entidades internacionales pongan los ojos en las
actividades en desarrollo, como ha sido el caso reciente de la Platform on Disaster Displacement —Plataforma de Desplazamiento por Desastres— quienes
advirtieron que Chile ha iniciado los esfuerzos por caracterizar el fenómeno de movilidad humana por desastres y
cambio climático y han ofrecido apoyo técnico a la Mesa de la Plataforma que aborda esta temática.
Continuando con gestiones que apunten a su
fortalecimiento, es importante mencionar que, tanto el actual Programa
de Gobierno, la Política Nacional
para la Reducción del Riesgo
de Desastres, como el Plan Estratégico Institucional de Oficina Nacional
de Emergencia 2019-2023, proponen avanzar hacia la descentralización del modelo de gobernanza que representa la Plataforma Nacional, relevando las particularidades y
prioridades territoriales. Por ello, a partir
de 2020, la Oficina Nacional de Emergencia, a través de sus direcciones regionales, ha iniciado el proceso gradual
de conformación de las plataformas regionales para la reducción del riesgo de
desastres, de manera tal que propicien un espacio
sinérgico y fecundo para desarrollar iniciativas tendientes a la reducción
del riesgo de desastres en sus respectivos territorios. A la fecha de este artículo, ya se cuenta con
resoluciones que avalan la constitución de plataformas regionales en Tarapacá, Coquimbo,
Maule, Los Ríos y Magallanes. Se espera
que en los próximos años concluya el proceso gradual
de conformación de plataformas regionales, dejando instalado
el mecanismo y vínculo de
trabajo intersectorial que facilite la gestión del riesgo
de desastres en el nivel subnacional.
Al igual que la versión nacional, se espera que las
plataformas regionales contribuyan principalmente a:
1.
Establecer directrices que permitan la formulación e implementación de instrumentos de gestión y reducción del riesgo de
desastres, así como aquellas iniciativas que se desarrollen a su alero;
2.
Velar por la coherencia de
los instrumentos afines, cualquiera sea su naturaleza, y su integración en aquellos
sectoriales de alcance nacional y regional.
De esta manera se propicia sinergia entre las distintas instancias intersectoriales instaladas en la región, teniendo
presente lo que emane de la
Política Nacional, Plan Estratégico Nacional y Plan Regional de Reducción del
Riesgo de Desastres, entre otros referentes que se consideren relevantes, según el contexto.
3.
Constituir una red público-privada que permita el intercambio y diálogo permanente de experiencias y buenas
prácticas en gestión del riesgo de desastres, pudiendo ejercer como brazo operativo de aquellos requerimientos o prioridades que identifique el Comité Regional de Protección
Civil.
4.
Facilitar la vinculación
efectiva con la versión nacional, la que a su vez hace de columna vertebral en términos de seguimiento a los
acuerdos internacionales afines
a la materia a los que el país adhiere.
Futuros desafíos
No es casualidad que los marcos internacionales afines al
desarrollo sostenible, tengan al centro de sus propósitos el aumento de la resiliencia de las comunidades con un enfoque
inclusivo que explicita «que nadie se quede atrás».
Pese a los esfuerzos que el mundo, y por cierto Chile, ha
venido realizando en términos de
institucionalidad para gestionar el riesgo de desastres, los mecanismos y estructuras existentes parecen ser todavía
insuficientes para alcanzar una robusta gobernanza, que
permita planificar y enfrentar —de una manera
sistémica y versátil— la dinámica que representan los escenarios de riesgo cada vez más intensos y complejos.
Resiliencia «Da cuenta de un proceso dinámico asociado a
la capacidad de un sistema y de sus
componentes, tales como población, infraestructura, servicios, medios de vida o medio ambiente entre
otros, para anticipar, resistir, absorber, adaptar y recuperarse de los efectos
de un evento, de manera integral, oportuna
y eficaz, incluso garantizando la preservación, restauración o mejora de
sus estructuras y funciones básicas»
(Oficina Nacional de Emergencia, 2020), invita
a reflexionar acerca de cuán capaces somos para
sobreponernos a una situación disruptiva con un estatus mejor al que teníamos,
y cómo y cuánto tiempo puede tardar una recuperación integral posdesastre.
Esta es la apuesta que debemos asumir desde nuestros ámbitos
de acción, no solo restaurar
sino rehabilitar y reconstruir «mejor»,
planificando las inversiones e intervenciones para que consideren no generar nuevos riesgos y
reducir los existentes, de tal modo que los procesos de recuperación sean sostenibles.
En esa línea, el actual contexto de pandemia por COVID-19
ha remecido globalmente no solo a los organismos a cargo de la crisis
sanitaria, sino que está
forzando que sea objeto de análisis desde múltiples sectores, escalas y dimensiones. Se ha puesto de manifiesto
que las recuperaciones posdesastres no siempre obedecen
a un hito temporal como ocurre con eventos de manifestación súbita, sino que pueden ser
procesos lentos, largos, inciertos y complejos, en donde además
no siempre el ámbito físico
es el más afectado, sino que también ámbitos a veces intangibles, indirectos y complejos
de medir
—y más aún de cuantificar— como es el caso de la salud
mental. La reactivación económica de
los modos de vida, el repensar las dinámicas de las ciudades e individuos empujarán, sin duda, cambios en
numerosos aspectos del bienestar social, todo ello requerirá
de gobernanzas cohesionadas y fortalecidas, con capacidad adaptativa y de mejorar
sus procedimientos de manera continua,
sistémica y coordinada.
En ese sentido,
la Plataforma Nacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus incipientes homólogas
regionales seguirán contribuyendo a brindar espacios fructíferos de diálogo y de
trabajo concreto que aporten a impulsar iniciativas intersectoriales con el objeto
de que la reducción del riesgo de desastres se instale como prioridad, entendiéndola y asumiéndola como estrategia para el desarrollo sostenible del país, junto a otros enfoques
complementarios y transversales como la adaptación al cambio
climático y el armonioso desarrollo de ciudades.
Fortalecer la institucionalidad de la Plataforma Nacional es un dividendo
directo que tributa a una sólida gobernanza para la reducción del riesgo de desastres
en Chile, aspecto crucial para permear a todos los actores y sectores de la sociedad y transitar a
comunidades, instituciones y territorios menos vulnerables y, por ende, más resilientes.
Referencias
•
Banco Interamericano de Desarrollo. (2015). Índice de gobernabilidad y políticas
públicas en gestión
de riesgo de desastres (iGOPP):
informe nacional. https://publications.iadb.org/es/publicacion/15466/indice-de- gobernabilidad-y-politicas-publicas-en-gestion-de-riesgo-de-desastres
•
Consejo Nacional
de Innovación para el Desarrollo. (2016). Estrategia nacional
de investigación, desarrollo e innovación para un Chile resiliente frente a desastres
de origen natural.
http://www.cnid.cl/wp-content/ uploads/2016/12/INFORME-DESASTRES-NATURALES.pdf
•
Ministerio del Medio Ambiente. (2016). Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático
2017-2022. https://mma.gob.cl/wp-content/ uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf
•
Oficina Nacional
de Emergencia. (2016).
Identiflcación de los factores
subyacentes del riesgo de desastres. http://repositoriodigitalonemi.cl/ web/bitstream/handle/2012/1788/InstructivoEncuestaFSR_Comunal_2ed. pdf?sequence=1&isAllowed=y
•
Oficina Nacional
de Emergencia. (2020).
Política Nacional para la Reducción del Riesgo
de Desastres. Decreto
supremo Nº 434, de 2020,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (en
trámite de toma de razón en Contraloría General de la República).
•
Oficina
para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas. (2005). Marco de Acción de Hyōgo. https://www.eird.org/cdmah/contenido/ hyogo-framework-spanish.pdf
•
Oficina para la Reducción
del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas. (2020). Words into Action.
https://www.preventionweb.net/
files/65095_65095wianationaldrrstrategies100520.pdf
•
Organización de las Naciones
Unidas. (2010). Diagnóstico de la situación de la reducción
del riesgo de desastres en Chile. https://www.undrr.org/ publication/diagnostico-de-la-situacion-de-riesgo-de-desastres-en-chile
