SEMINARIO WEB: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Organizador:

Alianza Anticorrupción UNCAC Chile

Moderador:

Osvaldo Rudloff Pulgar, jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales en la Contraloría General de la República

Panelistas:

Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, y Camilo Cetina, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación del Estado, Banco de Desarrollo de América Latina —CAF—

Fecha:

23 de julio de 2020

Lugar:

Seminario web

Presentación

La crisis ocasionada por el COVID-19 supone un enorme reto para la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Estos desafíos —transversales a todas las naciones y sociedades— deben ser abordados eficaz, eficiente y ágilmente para prevenir consecuencias que puedan afectar la confianza en las instituciones públicas y el desarrollo económico y social de los países.

En un esfuerzo por abrir un espacio que pusiera en perspectiva estos desafíos, se llevó a cabo el ciclo de webinarios «En tiempos de pandemia la integridad no se descuida»1, con expositores de la esfera pública, privada, internacional y de la sociedad civil.

La experiencia contó con más de cuatro mil personas de audiencia, tanto nacional como internacional, y fue abierta para todo público.

Y en el marco de este ciclo se desarrolló este séptimo seminario web titulado

1 Para mayor detalle, véase: http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/ repositorio-webinarios-2020/

«Gestión de la información en la lucha contra la corrupción», cuyo objetivo es mostrar cómo los datos abiertos, el big data, el blockchain y otras herramientas son útiles para la lucha contra la corrupción. Hoy, gracias a la tecnología, muchas entidades públicas y privadas cuentan con una mayor disponibilidad de datos e información clave, cuya gestión y análisis constituye una oportunidad para disminuir la incertidumbre y agilizar el proceso de toma de decisiones.

«Uso de datos y control público»

Exposición de Jorge Bermúdez Soto2

Es insoslayable hablar de datos y ponerlos en relación con el COVID-19 que ha azotado fuertemente a Sudamérica. La calamidad ha demostrado la relevancia que tiene el buen uso de los datos para enfrentar los efectos de la enfermedad. Una primera conclusión es que los países con mejor uso de los datos han manejado de forma más eficiente la pandemia. De hecho, la trazabilidad de los enfermos actuales o recuperados y de sus contactos directos se incrementa con el empleo adecuado de los datos y, por eso, muchas naciones han desarrollado aplicaciones para prevenir mayores contagios.

Durante este tiempo, ha crecido exponencialmente el uso de internet, con el consiguiente flujo de los datos. La descarga y el uso que se da a esos datos han generado controversia, pues no solo se está frente a un problema tecnológico o económico, sino a uno geopolítico entre Estados Unidos y China, además de implicar a otros países.

Sin un marco regulatorio que se refiera manipulación y el uso de los datos, la privacidad se ve amenazada con algoritmos que al analizar datos podrían permitir usos contrarios a la ética, afectando incluso la propia democracia, por ejemplo, al conocer las preferencias de determinado grupo de personas podría incidirse en las elecciones.

En el contexto anterior, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ángel Gurría, dice que: «El mundo hoy está cambiando increíblemente rápido y, por supuesto, todos esperamos que los auditores, también trabajen de manera más eficiente, aceleren constantemente y desarrollen la tecnología», de manera que tendrán que incorporar este uso de datos en su actividad.

2 Contralor General de la República, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, posdoctorado en Derecho Ambiental de la Universidad de Giessen y de la Universidad de Heidelberg.

La misma organización ha afirmado que: «las tecnologías digitales en Latinoamérica no están totalmente capitalizadas por las instituciones del sector público para transformar el funcionamiento de las administraciones y su interacción con la sociedad, por el contrario, los esfuerzos se centran en digitalizar las formalidades y procesos internos existentes en lugar de rediseñarlos».

Esta frase implica que de nada sirve digitalizar las ineficiencias del proceso administrativo, sino que se requiere un rediseño para que sea más ágil y oportuno. Así, en el caso chileno, se presentan brechas en el uso de la tecnología como: el pago del impuesto de los vehículos motorizados, donde el trámite en ocasiones tiene que realizarse presencialmente; la tramitación de la clave única

—que permite acceder a diversas prestaciones— que requería asistir al Servicio de Registro Civil; o la baja bancarización en buena parte de los ciudadanos que obliga a efectuar muchos trámites presencialmente en el banco.

No obstante, también hay experiencias positivas, en las que se ha avanzado en la incorporación de los datos y en el acceso a las bases de datos del Estado chileno, por ejemplo:

1) Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio —formulario digital que accede a las bases de datos conectadas para el registro esos datos—;

2) Mercado Público y ChileCompra —sistema de adquisiciones de bienes y servicios del Estado de Chile—;

3) Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), —dice relación con los gastos en que incurre la Administración—; y

4) Sistema de Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER) de la Contraloría General.

Con la excusa de la urgencia de la pandemia, se producen muchísimos casos de mal uso de recursos públicos. Por ello, la Contraloría no está en cuarentena y para continuar su labor de fiscalización han sido fundamentales el uso y el acceso a las bases de datos.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indicó en el informe de 2015 que: «La Contraloría General de la República de Chile deberá invertir en el desarrollo de su propia sensibilidad estratégica a las tendencias y los riesgos emergentes que afectan a la gobernanza pública y al cambio de expectativas de los ciudadanos, utilizando sus propios datos y los del Gobierno».

En los últimos cuatro años, las denuncias ciudadanas han aumentado un 250 %. Si en 2015 se recibieron alrededor de 4.000 denuncias, en 2019 se recibieron más de 20.000 y este año la cifra es similar a la fecha. Para enfrentar esa situación, no se puede pensar el crecimiento del organismo, sino que corresponde volverlo más inteligente y eso se basa en el uso de datos. Para ello, se utiliza un enfoque que se funda en tres pilares:

1) es institucionalizado, es un sistema integrado de información e incorporado dentro de la propia gestión. Forma parte del día a día y del trabajo que realiza el control externo que hace la Contraloría;

2) está consciente de las capacidades, no es posible hacerlo todo y menos en una situación de pandemia, hay que enfocarse en aquello que efectivamente se puede hacer;

3) tiene que ser oportuno, en el sentido de mostrar resultados y ser eficaz.

En cuanto al primer pilar, a través del Sistema Integrado de Información de la Contraloría se accede a distintas bases de datos integradas dentro de la propia institución. Por ejemplo, el proceso de compras públicas en materia de COVID-19 ha sido analizado según cuántas contrataciones se han realizado por trato directo, licitación pública o privada; además de incluir la información de las órdenes de compra que se han despachado. Lo anterior solamente se puede lograr si se tienen integradas las bases de datos, como las de Mercado Público.

En segundo lugar, se debe tener conciencia de las capacidades institucionales. Como la ley orgánica de Contraloría es antigua, previó el acceso a información documental en formato papel. Sin embargo, muchas entidades, que ya tienen sus registros y documentos digitales, han suscrito convenios administrativos con la Contraloría para otorgarle acceso a esas bases. Esto demuestra, por un lado, la capacidad de hacerlo, pero también las limitaciones legales que se han suplido vía acuerdo con los usuarios.

Con la finalidad de mostrar resultados, se han invertido recursos públicos para elaborar estos sistemas y generar estas integraciones de datos. Por ejemplo, las declaraciones de intereses y patrimonio de este año mostraron eventuales conflictos de intereses de algunas autoridades y eso implicó, en uno de los casos, la renuncia de la presidenta del directorio de una empresa pública.

Otro ejemplo es el de los permisos de circulación. Hasta el año pasado, la Contraloría solicitaba los registros a la municipalidad y revisaba algunos manualmente, tomando una muestra que abarcaba cien o doscientos. Actualmente toma la totalidad de la base de los permisos de circulación, revisa cada permiso y lo contrasta con el registro de multas impagas; luego, compara con vehículos sin permiso de circulación al día desde el año anterior y así sucesivamente. Tras revisar cerca de 50.000 permisos de circulación de la Municipalidad de Calera de Tango se detectaran casi 4.000 multas impagas y que no podían haber obtenido el permiso para circular durante 2020. Adicionalmente, se pudo constatar que algunos de esos vehículos correspondían a la esposa del alcalde o a concejales del mismo municipio. Manualmente ese análisis habría sido imposible de realizar.

Otro ejemplo fue contrastar los datos del Ministerio de Salud en el sistema EPIVIGILA —donde se registran los enfermos— con las bases de datos de los exámenes de COVID-19 y las del Registro Civil, para determinar el número de contagiados y las cifras de personas fallecidas. Respecto al informe del número

de contagiados, se instruyó un sumario por deficiencias en el conteo, que alcanzó 30.000 contagios, los estaban subreportados en la información que estaba entregando el ministerio en su momento.

Uno de los grandes problemas del Estado en la actualidad es el de las expectativas frustradas de la ciudadanía, que merma la confianza en las instituciones y socava cualquier política pública. De esta manera, cualquier decisión que intente bajar el número de contagios fracasará, porque una buena parte de la población desconfía de sus autoridades y no va a seguir sus instrucciones. ¿Cómo se soluciona eso? Desde mi punto de vista, generando confianza, pero esta exige una coincidencia mayor entre las acciones que se comprometen y las que se realizan, de no ser así, ese espacio provoca una cultura tóxica que es el caldo de cultivo para la desconfianza y, al final del día, para el debilitamiento de nuestras instituciones y de la democracia.

«Gestión de la información en la lucha contra la corrupción: hacia su

transformación digital»3

Exposición de Camilo Cetina4

Con la creciente disponibilidad de información y de los estados de información pública y de datos abiertos, se han abierto oportunidades para su reutilización, también en materia de integridad. Bajo condiciones donde hay una calidad del dato y una estructura del dato, la aplicación de ciencias de datos entrega técnicas predictivas para identificar riesgos que posibilitan actuar antes que se materialice la corrupción —permiten prevenirla— e ir más allá de detectar irregularidades.

Sin embargo, la aplicación de la ciencia de datos en la lucha contra la corrupción en América exige superar tres retos importantes:

1) mejorar la calidad de los datos;

2) acelerar una transformación institucional frente a la formación del capital humano en tecnologías digitales, pero también en materia de ambientes colaborativos;

3) invertir dinero, inversión pública en el poder de computación de todos esos datos y el desarrollo de los algoritmos que se requieren.

3 Las opiniones expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las posiciones de CAF en la materia ni la de sus socios.

4 Ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado en el Banco de Desarrollo de América Latina —CAF—, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, máster en Economía de la Universidad de Copenhague.

En CAF-Banco de Desarrollo de América Latina se están promoviendo iniciativas para ayudar a superar estos retos, organizando la agenda en esos tres frentes y habilitando a los Gobiernos para que puedan utilizar la ciencia de datos en materia de lucha contra la corrupción.

El caso de Cybersyn en Chile en los años 70 es primer caso documentado en América Latina de un país que habilita y que cree en la ciencia de datos, para tomar decisiones desde el punto de vista público. Si bien la intención de Cybersyn era dirigir el aparato productivo, la filosofía era la misma que hoy: tomar una gran cantidad de información y generar una infraestructura de datos para tomar decisiones públicas y en particular para la integridad pública.

¿Por qué debemos utilizar la ciencia de datos para luchar contra la corrupción?

Primero, porque los Gobiernos pasarían de un enfoque reactivo

—actualmente reciben denuncias, los medios de comunicación exponen ciertas irregularidades, destapan los escándalos cuando el robo ya ha ocurrido y recién se inicia la investigación— a uno proactivo y preventivo, de anticipación a los hechos delictivos y de irregularidades, por medio del uso de los datos. En ese sentido, es muchísimo más eficiente para el Gobierno —en su trabajo de lucha contra la corrupción— no esperar el robo del dinero o el soborno de sus funcionarios públicos.

La segunda razón es que incrementa la efectividad y la rapidez de las investigaciones, tanto judiciales como administrativas. Aquellas tendrán mayores probabilidades de llegar a una sanción y de obtener alguna reparación para el patrimonio público o para las víctimas, en este caso la sociedad civil cuando algún proyecto no se materializa. Cuando se dispone de una gran cantidad de datos que es posible cruzarlos para reunir las pruebas y adelantar los procesos investigativos.

El tercer motivo es que la ciencia datos es una técnica probada en materia de políticas anticorrupción que puede mejorar las medidas tradicionales.

¿Cómo visualizamos la infraestructura digital en materia de integridad? Hay cuatro grandes ejes:

1) Los datos deben ser abiertos, de uso libre, para que los Estados y la sociedad civil puedan tomar decisiones rápidas frente a la información que se les presenta. Se requiere una infraestructura de datos y parámetros uniformes, en los cuales la información que se digita siempre sea la misma, para facilitar su contrastación.

2) Simplificar los procesos a través de medios digitales, por ejemplo, no hacer que las personas asistan a las oficinas a hacer una denuncia, facilitar los medios de comparecencia de los particulares frente a las autoridades. En otras palabras, digitalizar los mecanismos con los cuales el Estado actúa frente a la ciudadanía.

3) Interoperar los sistemas de información del Estado. Lo habitual en América es que cada entidad guarde con recelo su información, administre sus propios servidores y genere una cantidad de datos que no comparte de no exigirlo una ley o un convenio. Por lo tanto, hay que habilitar de entrada el desarrollo del sistema para el intercambio y traspaso de datos de un sistema a otro, para el funcionamiento regular de las agencias del Estado.

4) Los sistemas de compras públicas electrónicos tienen que avanzar hacia lo transaccional: proponer en línea, adjudicar el contrato en línea, registrar toda esa información desde el momento en que se abre una necesidad, hasta que se liquida y se paga finalmente un contrato.

Al dejar abierta la información y sujetarla a la verificación del público, la infraestructura digital favorece la integridad.

Hay ejemplos exitosos en este tema, el primer ejemplo es un indicador que analiza los mecanismos de colusión en las contrataciones públicas en Sudcorea. Este mecanismo recoge la información del sistema para identificar a través del estudio de los datos, cómo se comportan los proponentes dentro del sistema, es decir, con qué usuario entran, qué ofertas han realizado al Estado, a qué precios, sobre qué bienes, en qué tiempos, cuál proveedor propone a última hora o dentro de los plazos o con suficiente anticipación, cómo puja el proveedor cuando hay necesidad de pujar por los contratos en línea, etcétera. Al registrarse en el sistema, se advierte al usuario que esa información va a ser considerada. Al sumar los datos del contrato, se generan algoritmos para identificar las eventuales colusiones entre los proponentes e irregularidades de adjudicación de los contratos. Después esto se le entrega a las autoridades judiciales y administrativas en Sudcorea para iniciar las investigaciones con mayor celeridad.

El otro ejemplo interesante es Océano, en la Contraloría General de la República de Colombia. La Contraloría almacena información de dos grandes fuentes: el sistema electrónico de contratación pública que administra la Agencia Colombia Compra Eficiente y el Registro Único Empresarial y Social, que agrupa a las empresas que por ley deben registrarse en las cámaras de comercio. Luego, cruza la información e identifica mallas de contratación —una especie de análisis de redes donde ciertos campos se convierten en nodos, que les permite a los algoritmos que desarrollaron identificar con qué otros contratos o qué otra empresa está relacionada—. Así ha identificado unas mallas sorprendentes de casi 150.000 millones de dólares en materia de contratación pública a lo largo de varios años.

La Contraloría colombiana ha detectado también irregularidades en gobiernos subnacionales, donde ganaron contratos para construir vías terciarias, empresas cuyo objeto social es la cría de gallinas ponedoras de

huevos. Asimismo ha identificado contratos con difuntos, irregularidades cometidas por alcaldes y gobernadores vinculados a empresas cuyo objeto social está relacionado con trabajo con comunidades o con temas ambientales y que terminan abasteciendo a hospitales.

Funes es una aplicación de Ojo Público —organización de la sociedad civil peruana— que recopila información de los sistemas electrónicos de contratación pública. Ha identificado numerosos conflictos de interés; incluso durante la emergencia del COVID-19 ha detectado colusiones entre algunos proponentes para el abastecimiento de respiradores en Perú.

Otro mecanismo interesante desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas es GoAML & GoINTEL, en el que se desarrolla análisis de redes para rastrear recursos y flujos de dinero en materia de lavado de activos. Presupone que las autoridades competentes suministren la información necesaria y que exista colaboración entre países para seguir esos capitales, porque esos capitales se mueven del país A al país B, al país C y luego termina en un paraíso fiscal y ahí empieza a perderse la información. Este sistema permite identificar el flujo e identificar los beneficiarios finales.

En América se requieren datos abiertos, pero solos no son suficientes, es imprescindible generar mecanismos colaborativos de control para luchar contra la corrupción. Los Gobiernos se caracterizan por el recelo frente a la información que maneja cada autoridad, cada rama del poder público; no puede continuar esa situación así, hace falta cambiar la cultura, situar la información en ambientes compartidos o en sistemas interoperables para que todos los involucrados estén en condiciones de consultar, intercambiar y actuar frente a las competencias que la ley les otorga para investigar y prevenir la corrupción.

Junto lo anterior, hay que invertir una gran cantidad de recursos en calidad del dato y en el poder de cómputo. Según los últimos reportes de The Economist, el negocio detrás de la preparación de los datos, sumados los sectores público y privado, valía más de 1.500 millones de dólares en 2019 y crecerá a 3.500 millones en 2024; el negocio de etiquetar los datos

—que implica poner a las máquinas a trabajarlos y a generar algoritmos predictivos— puede llegar también en 2024 a 4.000 millones de dólares; estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares que en 2024 va a generar el solo procedimiento de etiquetar, de estructurar y de depurar los datos.

Es importante que, desde el principio, el Estado garantice la calidad del dato y que después invierta en el poder para computar la información. En general, cuando se desarrollan técnicas de analítica predictiva

—inteligencia artificial—, el tiempo utilizado frente a toda la longitud de un proyecto es reducido, ocupa más o menos un 18 % de todo el proyecto; el

resto, es depurar los datos y la información, asegurarse de que esta última sea lo suficientemente verídica y útil para los algoritmos. Entonces se necesitan servidores, capital humano, analistas y personas que empiecen a suministrar esos resultados; si se cuenta con esos mecanismos de colaboración, con la calidad y poder de computación, ya es posible pasar a un nivel diferente, en donde la lucha contra la corrupción se vuelve una técnica preventiva y predictiva.

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina ha desarrollado una agenda de conocimiento que documenta las soluciones de política pública desde el punto de vista digital institucional. Una de ellas es sobre el uso de la tecnología en materia de integridad para atender la pandemia y otra, más estructural, explica sucintamente cómo deben manejarse los datos para la lucha contra la corrupción.

Se está trabajando con el Programa Interamericano de Datos Abiertos desarrollado por la Organización de Estados Americanos. Consta de 30 bases con un uso importante en la lucha contra la corrupción, para estructurar los datos, desarrollarlos y ponerlos en producción. Existe un proyecto de tecnología para la integridad en Colombia, que implica construir un data lake que permitirá a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cruzar los datos de distintas autoridades administrativas y judiciales e identificar riesgos de corrupción. Finalmente, hay un piloto de analítica predictiva con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG–OEA), para despejar y probar ciertos algoritmos de analítica que generen alertas en materia de contratación pública, a partir de la información actualmente publicada, en varias de las agencias de contratación pública en el continente. El objetivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina es una vez desarrollados los algoritmos ponerlos a disposición del resto de los Gobiernos —tras un piloto en dos o tres países—, para luego mejorar las intervenciones de política frente a este tema.

Etapa de Preguntas

¿Cuáles son las principales barreras que impiden avanzar oportunamente en una mejor gestión de datos e innovación en el Estado y cuáles serían los principales beneficios de avanzar en ese sentido?

Respuesta del Contralor Jorge Bermúdez: hay barreras desde el punto de vista de la formación de analistas de datos, por ejemplo, capital humano para realizar esa labor. En el caso de la Contraloría, ha sido difícil conformar ese equipo de trabajo debido a que es un equipo muy apetecido en el mundo privado, entonces tan pronto se forma, las ofertas desde el

mundo privado surgen y, por lo tanto, cuesta retener a los funcionarios, dadas las restricciones presupuestarias y, en segundo lugar, la tecnología, no basta con disponer de nuestros repositorios si no se interopera con otras bases de datos, como la de un municipio o del gobierno central y, en consecuencia, acceder a esas bases de datos en tiempo real.

¿Cuáles deberían ser los recuerdos mínimos que se deben tener en cuenta para garantizar que los datos, para la toma decisiones de los usuarios, sean verdaderos y confiables, cuál es la experiencia de ustedes en el CAF?

Respuesta de Camilo Cetina: el resguardo es la interoperabilidad y la estructura del dato, registrar los nombres las personas, con el nombre completo, con ciertos parámetros, con determinados criterios de identificación. Así será más fácil desarrollar esas técnicas y si, al cruzar la información, veo que esa misma persona aparece en otros registros haciendo algunas irregularidades, comienza el tema a cuajar. Por ejemplo, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación capturó una red de sobornos entre las autoridades aduaneras, gracias a que la hija del cabecilla publicaba fotos en Facebook de sus estudios en Harvard y se su estilo de vida opulento: manejaba un Lamborghini, usaba Louis Vuitton y Chanel, gracias a eso, la fiscalía comienza a tirar la pita, porque la joven se identifica en Facebook con su nombre y apellido; con ello se empiezan a recoger datos y resultó ser la hija del señor que trabaja en la aduana que está siendo investigado por lavado de dinero, entonces ahí comienza la idea a cuajar con el tema de los datos. La estructura y su facilidad para cruzarlos son fundamentales en este tema de la fiabilidad.

¿Cómo conciliar la transformación digital del Estado a propósito de la ley Nº 21.180, con el cuidado de los datos personales?

Respuesta del Contralor Jorge Bermúdez: el desafío en el uso de los datos está en compatibilizar el resguardo de los que son sensibles: una ficha médica, los datos personales como el rol único tributario —en el caso chileno—, la fecha de nacimiento, el domicilio, y para qué decir de los datos más sensibles, como familiares o patrimoniales. Siempre tiene que estar ese equilibrio, constantemente está la posibilidad de vulneración de esos resguardos y en eso tiene mucho que decir cómo se manejan los datos al interior de la institución: a través de códigos de ética, normas de seguridad, de ciberseguridad, normas de resguardo, de acceso, roles claramente definidos y previamente establecidos, respecto a quién puede acceder y a qué datos puede acceder para proveer esas garantías. De lo contrario, se podría caer en una situación de mayor desconfianza por parte de la ciudadanía y eso sería adverso para hacer este gobierno de datos desde las instituciones.

¿Cómo evalúa la implementación de la ley Nº 20.880, sobre declaraciones de intereses y patrimonio, como una herramienta de prevención de la corrupción, en qué materia o ítems piensa que debe mejorarse y cómo?

Respuesta del Contralor Jorge Bermúdez: esta ley hizo un cambio radical en materia de declaraciones de intereses y patrimonio, pasando de la mera declaración en papel a la declaración por medio de un formulario electrónico integrado con bases de datos que permiten el análisis de esas materias. Desde la perspectiva de la Contraloría, la implementación y utilización de la ley ha sido muy exitosa, aun cuando se han presentado problemas, pero desde el punto de vista de los resultados, ha sido muy eficaz, toda vez que se han detectado conflictos de intereses que se han hecho saber, se ha detectado falta de completitud de las declaraciones de intereses de patrimonio y, se ha avanzado en disponer de declaraciones fidedignas, completas, oportunas y que se condigan con la realidad patrimonial de las personas sujetas a declarar. Evidentemente se podrían incorporar más análisis de datos y acceder a otras bases de datos, que a lo mejor ni siquiera todavía existen —por ejemplo, los registros de propiedad que aún no están contenidos en bases de datos— o recurrir a aquella información que hoy no es obligatorio declarar —como los depósitos a plazos o los saldos de las cuentas corrientes, por dar un par de ejemplos—. Finalmente, hay que destacar lo relevante que ha sido esta ley y, que tal vez las autoridades no se han dado cuenta del cambio tremendo que ha significado, porque permite realizar un análisis muy exhaustivo de esas declaraciones.

¿Hay alguna forma de superar este recelo para compartir datos dentro de Administración Pública y entre Estados, como para generar una colaboración exitosa a favor de la integridad pública, cómo lo ven ustedes desde el CAF?

Respuesta de Camilo Cetina: el incentivo y el mecanismo ha sido contingente, casi por la fuerza, por ejemplo, el caso de Odebrecht, las autoridades no habrían colaborado de no ser porque las redes fueron delatadas y se mostró la estructura criminal —que estaba capturando al sector de la infraestructura y de la construcción—, además de la exposición pública que tuvo el caso. En ese proceso, se dieron cuenta de que la única manera de agilizarlo y generar los resultados que esperaban, tanto los medios de comunicación como la ciudadanía y otras autoridades externas, era mediante la colaboración. El segundo incentivo, es que no estamos ante un fenómeno de corrupción en América Latina, estamos ante un fenómeno de crimen organizado, es decir, son personas que de manera premeditada acuerdan cómo depredar al Estado y lo hacen de una manera elaborada, que incluso hace el cálculo sobre el castigo que podrían tener si son capturados, todo ese análisis entra en sus actuaciones y se organizan en red, los medios digitales les están facilitando esa posibilidad; de esa manera, la única forma de luchar contra eso es que el Estado funcione en

red, compartiendo información, coordinando las acciones que permitan de algún modo contrarrestar ese crimen organizado.

¿En qué consisten los convenios con entidades públicas, por qué son voluntarios, se trabaja en alguna plataforma compartida, o cada uno es independiente? Además, si trabajamos con el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué datos sacamos de ahí? Nos puede dar una mirada general sobre los convenios que tenemos actualmente en la Contraloría.

Respuesta del Contralor Jorge Bermúdez: en primer lugar hay que precisar que la Ley Orgánica de la Contraloría permite acceder a la información que tienen los organismos fiscalizados de la Administración del Estado, independientemente del formato donde ella estuviera. Entonces ¿para qué se necesita un convenio de colaboración?, básicamente para facilitar el trabajo, tanto para ellos como para este órgano de control. Con esta finalidad se llevará a cabo la captura de la información y, por eso, se le ha dado un carácter más bien voluntario, porque en el fondo da cuenta de la colaboración. De esta manera colaborativa se realiza el acceso a los datos, no de modo impositivo por medio de la norma o de la potestad de Contraloría, sino más bien ofrecemos apoyo a dichos organismos con la experiencia y la retroalimentación para mejorar sus procesos en las materias que maneja esta institución.

¿El sistema integrado de información que presentó, es de acceso público o un sistema interno de la Contraloría?

Respuesta del Contralor Jorge Bermúdez: es un sistema interno de la Contraloría, por cierto, es el repositorio de la Contraloría para poder realizar su labor, lo cual no significa que no pueda pedir cuenta la ciudadanía, no en el sentido de que cómo está conformado, qué bases de datos son, ¿cuánto nos estamos gastando en eso? Hay buena parte de información que ya está publicada, en todo caso, en el portal de transparencia proactiva.

¿Cómo se combate el manejo de datos de posibles riesgos asociados a la construcción de los algoritmos que sirven de base para el manejo de datos, hay un modelo, alguna política que estén usando en este ámbito?

Respuesta de Camilo Cetina: no, se están desarrollando generalmente los algoritmos se aprenden con base en la información que ya existe y que se ha generado a partir de transacciones. Un ejemplo, si el algoritmo busca detectar alguna persona natural involucrada en redes de corrupción, es muy probable que automáticamente elija hombres sobre mujeres, porque los datos históricos llevan a que son hombres quienes están más inmersos en este tipo de redes. Una manera de resolver esto, es generar datos sintéticos, es decir, crear datos artificiales para que el algoritmo aprenda, entonces dice una persona que se mete en una red criminal tiene este perfil, entonces normalmente está entre tal y tal edad, tiene este tipo de