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IMPLEMENTANDO LOS SISTEMAS
DE INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO CHILENO: REFLEXIONES A PARTIR DEL MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN
PARA
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA
IMPLEMENTING INTEGRITY
SYSTEMS IN THE CHILEAN
PUBLIC SECTOR: REFLECTIONS FROM OECD PUBLIC
INTEGRITY HANDBOOK
Nicolás Lagos Machuca1 Cristián Pliscoff Varas2
Resumen
El presente artículo
aborda la temática
de la implementación de sistemas
de integridad en el sector público chileno, a la
luz de los avances efectuados respecto
de la materia y de las recomendaciones que entrega la Organización para la Cooperación del Desarrollo en su
manual sobre integridad pública. Chile ha avanzado en la materia, particularmente producto de la
implementación de las recomendaciones
que en 2015 entregó la Comisión Engel. El presente documento busca indagar en cómo
esas recomendaciones se han institucionalizado a partir de verificar la implementación, o no, de sistemas de integridad,
que buscan intervenir en materias de
corrupción, desde una perspectiva más holística. En el artículo se presentan las recomendaciones que entrega en general
la Organización
para la Cooperación del Desarrollo en esta materia, y se cuestiona el grado de avance de la materia en Chile.
Se cierra el capítulo con reflexiones y propuestas
para seguir consolidando estos sistemas de integridad, de forma de generar las condiciones para tener
entidades públicas íntegras, con funcionarios
públicos que cumplan día a día el mandato de velar por el interés
general por sobre el particular.
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1
Analista de la Unidad de Estudios
del Gabinete del Contralor. Administrador público, magister en Gobierno y Gerencia Pública
de la Universidad de Chile.
2
Profesor
asociado de la Universidad de Chile. Doctor en Administración Pública,
Universidad de Southern California;
Magíster en Administración y Políticas Públicas, London School of Economics and Political Science;
Magíster Ciencia Política, Universidad de Chile.
Administrador público de la Universidad de Chile.
Palabras clave: sistemas de integridad – Manual OCDE – corrupción
Abstract
This article addresses the issue of the implementation of integrity systems
in the Chilean public sector,
in light of the progress of this area and the recommen- dations of the OECD Public Integrity Handbook. Chile has moved
forward in this area, particularly as
a result of the implementation of the recommendations de- livered in 2015 by the Engel Commission.
This document inquires how far these recommendations have been institutionalized by verifying the implementation, or not, of integrity systems,
which seek to intervene in corruption affairs,
from a more holistic
perspective. The article presents the general recommendations provided
by the Organization for Economic
Cooperation and Development for this matter, and questions the degree of
progress in the matter in Chile. The chapter closes with reflections and proposals
to continue consolidating these integrity
systems, in order to create the conditions to have trustworthy public en- tities, with civil servants who, daily,
fulfill the mandate of making that the general
interest prevail
over particular interests.
Keywords: integrity systems
- OECD handbook - corruption
1.
Contexto
El 29 de julio de 2014, la portada del diario La Segunda dio a conocer
la denuncia del Servicio
de Impuestos Internos
contra Hugo Bravo López por devoluciones de impuestos indebidas
a través de la empresa
Penta. Este hecho fue el inicio de un efecto dominó, en que rápidamente se
destaparon hechos de corrupción que involucraban a políticos de diferentes sectores y que terminaría
con la conformación de la «Comisión
Asesora Presidencial contra
los conflictos de interés, el
tráfico de influencias y la corrupción», también conocida como Comisión Engel.
Luego de 45 días de trabajo, la comisión entregó
un informe que contenía más de 200 recomendaciones
agrupadas en cinco capítulos. Se destaca dentro de esas propuestas, el capítulo V denominado «Integridad, ética y derechos ciudadanos», que propuso la
creación de sistemas de integridad para el sector público y privado. Es así como
la posterior «Agenda para la probidad y la transparencia» presentada el 11 de mayo de 2015 (Vargas
Morales, 2015) incorporó como una de
sus acciones la creación de códigos de ética en instituciones del Gobierno central, proceso que estuvo a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Para dar cumplimiento a este compromiso, se diseña e implementa una metodología a cargo de la Dirección Nacional del
Servicio Civil y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
destinada a elaborar
participativamente los
primeros
códigos de ética del sector público chileno (Carrizo Santiago & Silva Durán, 2017).
El resultado de este proceso
fue que, en junio de 2017, la Dirección Nacional
del Servicio Civil anuncia la aprobación de los primeros códigos de
ética de 256 instituciones públicas
(Dirección Nacional del Servicio Civil, 2016). En palabras de la presidenta Bachelet, «los códigos
reflejan los valores y conductas que requieren
la cultura y los objetivos estratégicos de cada institución y, además, establecen un marco
de referencia para las acciones que se espera de sus funcionarios» (Bachelet Jeria, 2017). Para avanzar en la misma
línea, este organismo,
a través del oficio Nº 1.316, de 2017, del Ministerio de Hacienda, emite pautas para la
implementación de sistemas de integridad pública mediante la designación de un coordinador de integridad, de asesores técnicos
y el establecimiento de un comité
de integridad.
El proceso de elaboración participativa de códigos de ética y la
posterior instalación de sistemas de
integridad institucional es un hito relevante que significó un cambio en la estrategia a
través de la cual el sector público chileno había
enfrentado el fenómeno de la corrupción. Esto queda de manifiesto al analizar las propuestas originadas al
alero de la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994, el acuerdo político legislativo de 2003 y la Comisión
de Probidad del año 2006. Todas estas
instancias optaron por el establecimiento de cambios legales y modificaciones institucionales para fortalecer la ética en las instituciones públicas (Lagos Machuca, 2019; Silva, 2018) por sobre la promoción de
políticas que apuntaran a alinear el comportamiento de autoridades, servidoras y servidores
públicos a los valores que la función pública
exige. Es así como la instalación de sistemas de
integridad propuesta por la Comisión
Engel significa el primer esfuerzo a nivel gubernamental por enfrentar el fenómeno de la corrupción, a través de
lo que la teoría denomina un «enfoque de
integridad» por sobre un «enfoque de cumplimiento» (Jiménez Asensio, 2017; Rohr, 1989).
Pero, ¿es el camino por el cual ha avanzado nuestro país, el correcto?,
¿cuáles son los
ámbitos en los que se ha avanzado poco, como para hablar de verdaderos sistemas de
integridad pública en nuestro sector público? Con la reciente publicación del
Manual de la Organización para la Cooperación del Desarrollo sobre integridad pública (2020) surge una
serie de dudas sobre cómo nuestra institucionalidad está enfrentando el fenómeno de la corrupción. ¿Cuáles son las mejores
prácticas de integridad que este manual
propone?, ¿cumplen las entidades públicas
chilenas con estas buenas prácticas?, ¿cómo estas pautas se alinean a las medidas
anticorrupción que actualmente se debaten? El presente artículo espera ser un aporte
a la manera en que el sector público avanza
hacia la consolidación de una cultura de la integridad y espera identificar los principales desafíos que las entidades
enfrentan para alinearse de manera ágil a las mejores prácticas
internacionales.
2. Definiciones teóricas sobre integridad
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El tema de la integridad en el debate ético se incorpora a partir de la
necesidad de superar el enfoque normativo
o legal, respecto de las conductas aceptadas
o no en un determinado contexto. Esto porque
incorpora nuevas dimensiones respecto de lo que se espera sea la conducta
efectuada en un determinado ámbito
de acción. Una persona íntegra
es aquella cuyo proceder no merece críticas, porque resulta consistente con las expectativas generadas. Llevando esta cualidad al ámbito de la función
pública, podemos decir que «la integridad consiste
precisamente en esa virtud que
permite al servidor público actuar cotidianamente de forma coherente
con el principio del servicio
público y con los valores
congruentes con el mismo, como
la imparcialidad, la eficacia, la transparencia, la legalidad, etcétera.
Eso sí, buscando ante el ineludible conflicto
de valores el justo medio, el
prudente compromiso entre valores deseables» (Villoria Mendieta, 2011, pág. 109). Este concepto nos lleva a una
discusión superior sobre el comportamiento ético
de las personas, particularmente en el sector público, donde se espera que quien ejerce un cargo de estas
características no solo piense, sino que obre en consonancia con esos valores
y principios que posee.
Al enfocar el problema de la corrupción y de la falta de ética, desde una perspectiva de la integridad, se supera la discusión meramente formal y se
incorpora un nivel superior que lleva a la necesidad de consistencia entre prácticas,
principios y comportamientos. De esta
manera, tal como ocurre con muchas normas, si las regulaciones vigentes no incorporan todos los elementos, o no se
han adecuado a la realidad
contemporánea, se deja sin efecto, la excusa de «la norma no lo prohíbe»,
toda vez que quien actúa
bajo esa lógica,
no estaría siendo
íntegro en su modo de
comportarse. A modo de ejemplo, si una norma no especifica explícitamente que no se pueden recibir
regalos por parte de un funcionario, desde
el punto de vista de la integridad, eso no sería excusa para que alguien pudiese recibir esa dádiva. Esto porque,
al hacerlo pone en entredicho su futuro actuar para con quien entregó el presente. Esto nos lleva a entender
que los sistemas de integridad deben
abordar el marco que delimite el actuar del funcionario, de forma de reforzar el modo correcto
de acción.
Dentro de sus primeras páginas,
el Manual de la Organización para la Cooperación del Desarrollo establece
que en la lucha contra la corrupción «los enfoques tradicionales basados en la creación de más reglas,
un cumplimiento más estricto
y una aplicación más rigurosa de la ley han tenido una eficacia limitada» (OECD, 2020). Esta idea es compartida por las principales discusiones teóricas de la actualidad, que como se dijo anteriormente, han enfocado su trabajo en el
concepto de integridad por sobre el de cumplimiento (Diego Bautista, 2015; Huberts & Hoekstra, 2016;
Jiménez Asensio, 2017).
Siguiendo con la definición de integridad, desde un punto de vista
teórico este término
ha sido abordado desde variadas
perspectivas; ya sea desde su
vinculación
con la gobernanza, la ética pública o las implicancias valóricas del concepto (Heywood
et al., 2017). La Organización para la Cooperación del Desarrollo la define como: «la aplicación de valores y normas generalmente aceptadas a la vida diaria» (OECD, 2009, pág. 9). En este mismo
sentido, Huberts (2018) plantea ocho perspectivas teóricas para comprender el concepto, concluyendo que todas
ellas apuntan a entender la integridad como «la cualidad de actuar en concordancia y armonía con
valores, normas y reglas de aceptación general» (pág. 3). Más recientemente, la Organización para la Cooperación del Desarrollo propone de manera más
sencilla que la integridad «es hacer lo correcto, incluso cuando no haya nadie mirando» (OECD, 2020, pág. 17).
Esta conceptualización adquiere
especial relevancia al comprender que las políticas públicas de
vanguardia en materia anticorrupción han puesto su foco en fortalecer la integridad de los individuos por sobre eliminar
los actos de corrupción
(Heywood et al., 2017) y el camino para llevarlo a la práctica ha sido el diseño e implementación de
políticas de gestión de la integridad. Esta
tendencia, en la que se enmarca el Manual de la Organización para la Cooperación del Desarrollo, es entendida como «el conjunto
de intenciones, elecciones y acciones diseñadas
para promover y proteger la integridad dentro de
las organizaciones» (van Tankeren & Montfort, 2012, citado en Huberts & Hoekstra, 2016, pág. 15). Este conjunto de
iniciativas debiese considerar una combinación de normas formales
con elementos de motivación estructurados en un «sistema de reglas, valores, lineamientos y mecanismos de
socialización» (Heywood 2012,
citado en Heywood
et al., 2017, pág. 23).
3. Implementación de los sistemas de integridad
en Chile, a la luz de las recomendaciones de la OCDE
A diferencia de lo que generalmente se piensa, la integridad no apunta exclusivamente a funcionarios públicos o
entidades
gubernamentales. Por el
contrario, y tal como se anunció en el punto anterior, el concepto engloba elementos que impactan en la confianza
pública, la «buena administración» y la eficacia
gubernamental. En este sentido, es relevante considerar a la integridad como un elemento clave no solo de las
organizaciones públicas, sino que de la sociedad en su conjunto.
Considerando lo anterior,
durante los últimos
años ha existido un creciente
compromiso de parte de múltiples organismos internacionales por promover herramientas efectivas de gestión de la
integridad (INTOSAI, 2016; OECD, 2017; PNUD, 2017). En este contexto surge el Manual de la Organización para
la Cooperación
del Desarrollo sobre integridad pública, documento que busca hacer operativa y apoyar la implementación de la Recomendación de la Organización
para
la Cooperación del Desarrollo sobre integridad pública publicado el 2017. El manual presenta en trece capítulos cada
una de las recomendaciones, entrega una definición práctica con una base teórica
y señala los principales desafíos
que la sociedad en su conjunto debiese
enfrentar en su implementación.
Las herramientas mencionadas apuntan a ser recomendaciones a
los respon- sables políticos a nivel
gubernamental, pero, como veremos a continuación, sus propuestas y buenas prácticas son también aplicables a la manera
en que cada organización aporta en la
construcción de un Estado más íntegro. Por esta ra- zón, debiesen ser consideradas como un lineamiento y un estándar
para compa- rar los esfuerzos anticorrupción realizados en cada país.
El primer grupo de herramientas que describe el manual se refiere a la articulación de un sistema de integridad coherente y
completo, para lo cual, se identifican cuatro elementos principales.
Tabla 1
Primer grupo de herramientas: un sistema coherente
y completo
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Compromiso
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Las autoridades y la alta dirección de las organizaciones asumen
un compromiso sistemático y
activo con la integridad a través de reformas profundas y de largo plazo.
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Responsabilidades
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Existencia de organismos, equipos o actores anticorrupción con
compe- tencias claras y bien
definidas que trabajan de manera coordinada en la lucha contra la corrupción.
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Estrategia
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Implementación de un enfoque estratégico para la gestión de la
inte- gridad, a partir del diseño y
puesta en marcha de planes de acción con
objetivos bien definidos que guían el trabajo anticorrupción.
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Normas
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Establecimiento de regulaciones y pautas de comportamiento que pro- mueven altos estándares de conducta anteponiendo el interés general
y la adhesión a los valores de la función
pública.
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Fuente: elaboración propia (a partir de OECD, 2020)
Las reformas políticas y administrativas implementadas en
Chile durante los últimos treinta
años han permitido estructurar un sistema alineado a las buenas prácticas internacionales, a través del
fortalecimiento de la autonomía de los órganos anticorrupción, el perfeccionamiento de normas de transparencia y probidad
y la articulación de sistemas de integridad en el Gobierno central (Arís Alonso et al., 2020; Lagos Machuca,
2019; Silva, 2018). Al mismo tiempo, durante
los últimos años se han impulsado instancias de colaboración
interinstitucional como la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile o la Mesa de Gobierno
Abierto que han permitido
coordinar el fortalecimiento de los sistemas de integridad institucional. En el anexo 1 se mencionan
las principales acciones y medidas anticorrupción
impulsadas durante los últimos treinta años en el país, las que evidencian el enfoque principalmente
normativo de las medidas aplicadas al sector público chileno.
Complementario a lo anterior, aún existen importantes desafíos para consolidar la articulación de sistemas
anticorrupción en el sector público chileno. Si bien el Servicio
Civil ha impulsado desde 2015 la implementación de sistemas homogéneos en todo el Gobierno
central y con responsabilidades bien
definidas, estas iniciativas han estado focalizadas exclusivamente en las instituciones centralizadas, excluyendo a:
otros poderes del Estado, organismos constitucionalmente
autónomos y los 345 municipios del país. Tampoco existe certeza de la existencia de instancias de
coordinación entre los encargados de integridad de las distintas
instituciones, lo que permitiría un intercambio fructífero de experiencias y buenas prácticas. Por último, resulta
necesario alinear la implementación de las medidas
anticorrupción a las definiciones estratégicas e
indicadores de gestión institucional, lo que aliente a que el propio sistema de
integridad organizacional se encuentre en coherencia con las prioridades de la entidad
y cuente con el compromiso formal
de la alta dirección.
Un segundo grupo de herramientas se refiere a la construcción de una cultura
de integridad pública.
Tabla 2
Segundo grupo de herramientas: una cultura de integridad pública
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Sociedad
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Promoción de una cultura ciudadana que defienda y valore la
integridad pública a través de un entorno jurídico favorable, educación cívica
y ac- ciones para erradicar malas prácticas ciudadanas.
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Liderazgo
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Fortalecimiento de estructuras de gestión de recursos humanos
que re- cluten, perfeccionen, promuevan y valoren
un liderazgo ético
que inspire a los equipos y promueva altos
estándares de integridad.
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Mérito
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Establecimiento de procesos de reclutamiento, selección y promoción basados
en la cualificación de los funcionarios.
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Desarrollo de capacidades
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Realización de acciones de formación periódicas y adaptadas a la rea-
lidad organizacional que fomenten el compromiso de los funcionarios con la integridad.
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Apertura
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Desarrollo de una cultura organizativa abierta en que se
promueva la discusión de dilemas
éticos y se proteja a aquellos individuos que de- nuncian inobservancias éticas.
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Fuente: elaboración propia (a partir de OECD, 2020)
En los últimos veinte años, Chile se ha destacado
por la adopción de prácticas
de vanguardia en la búsqueda de una cultura del mérito y en la gestión
de altos directivos públicos
(Fraile Galilea, 2018;
Pliscoff Varas, 2016).
Por otro lado,
de
manera reciente una serie de instituciones han desarrollado instancias de formación a las y los servidores públicos,
las que se han coordinado en una red de academias
a cargo de la Dirección
Nacional del Servicio
Civil. Por otro lado, y en relación a las recomendaciones
referidas a sociedad y apertura, se destaca que
las instituciones del Gobierno central cuentan con canales de consulta y denuncia promovidos por la metodología de
la Dirección Nacional del Servicio Civil, lo que sin lugar a dudas es un factor clave en el
fortalecimiento de una cultura organizativa abierta en que se promueve la asesoría y
acompañamiento en la resolución de dilemas éticos.
Siguiendo la línea planteada en el párrafo anterior, se debe reconocer
que aún es necesario avanzar en cómo las políticas de integridad organizacional promueven la construcción de una cultura de la integridad. En este
sentido, se identifican tres tópicos prioritarios:
1)
En referencia al principio de apertura, no existe información consolidada respecto a
cómo están operando los mecanismos de consultas y denuncias promovidos por la Dirección Nacional del
Servicio Civil en su oficio Nº 1.316, de 2017, lo que no permite conocer el impacto de su implementación y cómo estos conversan
con los cambios normativos que el Gobierno está impulsando.
2)
Tampoco existe información agregada respecto a cómo las instituciones públicas están promoviendo actividades de
capacitación y desarrollo de un liderazgo
ético entre sus funcionarios, lo que dificulta comprender si hay una estrategia centralizada en este sentido.
3)
Si bien
se reconoce que el esfuerzo realizado durante los últimos años en la creación de
códigos de ética y sistemas de integridad, este se focalizó en los dilemas
éticos que los miembros de las entidades
enfrentaban. En la actualidad
es un desafío avanzar en la incorporación de usuarios, beneficiarios, proveedores y ciudadanía en general a estos mecanismos anticorrupción.
Tal como el Manual de la Organización para la Cooperación del
Desarrollo establece, estos tres tópicos
son un punto de partida
indispensable para la consolidación de una cultura de la integridad.
Luego el manual presenta un tercer grupo de herramientas, bajo el
título Rendición de cuentas.
Tabla 3
Tercer grupo de herramientas: rendición
de cuentas eficaz
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Gestión de riesgos
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Instalación de políticas de gestión de riesgos de integridad
como una manera de establecer
mecanismos de control y protocolos que salva- guarden la integridad organizacional.
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Aplicación y sanción
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Promoción de conductas éticas
a través de mecanismos de sanción que disuadan la ocurrencia de violaciones a la integridad.
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Supervisión
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Fortalecimiento
de las instancias y acciones de control externo como una manera de perfeccionar el rol de asesoramiento y fiscalización que
ejercen en la aplicación imparcial de normas y el seguimiento de de- nuncias.
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Participación
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Realización de acciones de formación periódicas y adaptadas a la rea-
lidad organizacional que fomenten el compromiso de los funcionarios con la integridad.
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Apertura
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Instalación de buenas prácticas de Gobierno abierto y
transparencia para facilitar y
promover el involucramiento de partes externas en los procesos de diseño
e implementación de políticas anticorrupción.
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Fuente: elaboración propia (a partir de OECD, 2020)
Una de las principales características de los códigos de ética que
dieron origen a
los actuales sistemas de integridad del sector público chileno, fue su carácter sancionatorio. Así, en la
actualidad todos los códigos tienen definidas
las sanciones a las que se enfrentan aquellos miembros de la organización que vulneren las normas ahí contenidas.
Este elemento, ejemplifica al mismo tiempo el rol de supervisión que ejerció la Dirección Nacional
del Servicio Civil en
el proceso, lo que, sin lugar a dudas, permitió promover el cumplimiento y avance de los hitos planificados en la
metodología. De igual modo, se destaca que
la implementación de la estructura de integridad promovida por el Servicio Civil tuvo en cuenta el rol que ejercen
los encargados de reportar operaciones sospechosas
a la Unidad de Análisis Financiero, lo que facilita la coordinación que ambas iniciativas deben
demostrar en la práctica.
A partir de las recomendaciones planteadas por la OECD, existen algunos desafíos
a los cuales las entidades públicas debiesen hacer
frente para consolidar la rendición
de cuentas de las iniciativas de integridad pública. En primer lugar, si bien los códigos de ética fueron
concebidos como instrumentos sancionatorios de
las inobservancias éticas, en la actualidad las instituciones no publican los resultados de las investigaciones, lo que impide
conocer de manera
particular y agregada el
efecto que estos instrumentos están teniendo en la práctica. En segundo lugar, la implementación de los
sistemas de integridad no tiene una vinculación explícita
con las áreas de control
y auditoría; esto evidencia que en la actualidad no existe una gestión de riesgos específica para las materias
de integridad, lo que podría
ser perfeccionado fortaleciendo la vinculación de los coordinadores de integridad con partes interesadas de control tanto interno
como
externo. Finalmente, y tal como se dijo en párrafos anteriores, resultaría conveniente evaluar de qué manera la actual estructura de los sistemas
de integridad
institucional se hace cargo de permitir, promover y aumentar la participación de las
personas externas a la institución a través de canales ya existentes como los consejos
de la sociedad civil u otros ad hoc a cada sistema.
En esta sección
se han presentado las trece herramientas que el Manual de la Organización para la Cooperación del Desarrollo sobre integridad pública
propone para fortalecer la manera en que las organizaciones enfrentan en
la práctica la lucha contra
la corrupción. Asimismo, se han identificado los avances que ha tenido el país
en la materia, identificando el rol central que ha tenido la Dirección Nacional del Servicio Civil
en la construcción de sistemas de integridad institucional. Esto ha permitido identificar algunas áreas
prioritarias que permitirían
perfeccionar la manera en que las instituciones promueven el comportamiento ético de sus funcionarias y funcionarios y los protegen,
al mismo tiempo,
de violaciones a la integridad.
Conclusiones
La
agenda de probidad y transparencia de 2015 fue el impulso detonante que permitió modernizar y
cambiar la forma en que la Administración pública enfrentaba el fenómeno de la corrupción.
Con la construcción participativa de 256
códigos de ética y la posterior implementación de sistemas de integridad, se reemplazó una estrategia principalmente normativa y de compliance por una estrategia de
integridad, enfocada en fortalecer cómo los miembros de las organizaciones alinean su comportamiento a
los valores que la función pública implica.
Este
cambio de estrategia fue posible en gran medida debido al rol promotor, articulador y supervisor que
la Dirección Nacional del Servicio Civil ejerció en las entidades del Gobierno central. Sin embargo, en la
actualidad existe limitada información
respecto a cómo esta entidad ha continuado trabajando en esta estrategia, lo que dificulta realizar un
análisis general y consolidado sobre la aplicación de los sistemas de integridad
en el país y la posterior consolidación de los mismos.
Esto es al mismo tiempo
una oportunidad para evaluar en detalle esta política pública
e identificar mecanismos para fortalecer esta importante iniciativa
gubernamental.
En
este contexto, el Manual de la Organización para la Cooperación del Desarrollo debiese
ser una carta de navegación que señale el norte al que debiesen
apuntar los
Gobiernos para perfeccionar la manera a través de la cual fortalecen la probidad y luchan contra
la corrupción. Este artículo, no ha pretendido ser una revisión detallada, exhaustiva y analítica de este documento.
Por el contrario, busca presentarlo de manera introductoria, descriptiva y resumida,
como un
modo
de invitar a reflexionar sobre las recomendaciones que plantea y, por consiguiente, la forma en que la
Administración pública chilena ha avanzado en
estas temáticas.
Luego de este ejercicio, ha sido posible identificar algunas áreas prioritarias a las que habría
que prestar atención. En primer lugar, es indiscutible el rol central de la Dirección
Nacional del Servicio
Civil en la articulación de sistemas de integridad en el sector público chileno;
sin embargo, es relevante fortalecer su rol como entidad rectora del principio de integridad en las
instituciones del Gobierno central.
Un punto de partida en este sentido, es realizar una evaluación respecto
a la implementación de esta iniciativa en el sector público chileno.
Esto permitiría identificar claramente y de manera comparativa con lo
señalado en el
manual, aquellos elementos de éxito presentes y aquellas lecciones aprendidas
resultantes del proceso. De este modo, la experiencia chilena podría ser de utilidad para otros países de la
región que se comienzan a embarcar en la implementación de políticas de integridad de estas características.
A
partir de la revisión realizada, fue posible identificar que las principales fortalezas de la institucionalidad pública chilena en materia de integridad se encuentran en la presencia de un
sistema coherente y coordinado, con responsabilidades definidas tanto a nivel estatal como organizacional y
normas que son
el resultado de las agendas de probidad que ha tenido Chile en los últimos treinta años.
Teniendo esto en consideración, es relevante avanzar en aquellas herramientas orientadas a fortalecer la
rendición de cuentas y a promover una cultura de integridad en la sociedad
en su conjunto. Una adecuada
protección de las personas que denuncian actos
de corrupción, el perfeccionamiento de las
capacitaciones anticorrupción, la implementación una gestión de riesgos de integridad y la participación activa de la sociedad civil en estas iniciativas son las materias
en que se encuentran las principales brechas identificadas.
Finalmente,
y en línea con todo lo anteriormente expuesto, el Manual de la Organización para la Cooperación del Desarrollo sobre Integridad Pública permite reconocer que la presencia en la
institucionalidad chilena de múltiples organismos
encargados de promover la integridad y luchar contra la corrupción va en la senda
correcta. Sin embargo, es necesario fortalecer el trabajo coordinado y conjunto entre las múltiples
entidades involucradas en este sistema de integridad. La conciencia de sistema, por parte de cada una
de las instituciones, es prioritaria para promover instancias
de cooperación eficientes
y demostrar el impacto que el trabajo interinstitucional tiene en la
detección, investigación y sanción de
casos de corrupción. Las recomendaciones que el manual entrega son un buen punto de partida para consolidar un
sistema de integridad que apunte a recuperar la confianza ciudadana
y a construir una cultura pública
de integridad.
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Penaglia (Eds.), Manual de administración pública, 383-401. Ril Editores.
• PNUD. (2017). Sistemas
de integridad y códigos de ética. Obtenido de: https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_ gobernabilidad_brochure-cod-etica.pdf
• Rohr, J. A. (1989). Ethics for bureaucrats: An essay on law and virtue (2ª ed.). Marcel Dekker, Inc.
• Silva, P. (2018).
La república virtuosa. Ediciones UDP.
• Villoria Mendieta, M. (2014). Integridad. Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 107-113.
• Vargas Morales, F. (11 de mayo de 2015). Bachelet presenta agenda para transparencia y probidad y establece meta de 30 medidas. Emol.
Obtenido de: https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/11/716400/bachelet- presenta-agenda-de-probidad-y-transparencia-en-medio-de-crisis-politica. html
Normativa
• Ministerio de Hacienda (2017). Oflcio Nº 1.316, de 2017, que informa acciones vinculadas a implementación del sistema de
integridad en cada institución pública.
Anexos
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Año
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Medida
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1998
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Ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción
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1999
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Ley de probidad y declaración de intereses a altos cargos
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1999
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Modificación al Código Penal
sobre delitos de corrupción
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2003
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Ley de Bases de Procedimiento Administrativo
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2003
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Creación del Sistema de Alta Dirección Pública
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2003
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Creación Unidad
de Análisis Financiero
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2003
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Ley de Compras Públicas
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2003
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Ley de gastos reservados y nuevas asignaciones a autoridades
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2003
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Ley de financiamiento electoral
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2005
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Reforma constitucional que consagra el principio de probi- dad y publicidad
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2006
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Declaración de intereses y patrimonio a autoridades y altos funcionarios
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2007
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Ratificación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción
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2008
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Ley de transparencia y acceso a la información de la Administración del Estado
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2014
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Fortalecimiento de la transparencia a nivel municipal, ley Nº 20.742
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2014
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Ley de Lobby
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2015
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Sistemas antilavado y
anticorrupción en los servicios públicos a cargo de la Unidad de Análisis Financiero
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2015
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Creación de códigos
de ética y sistemas de integridad a cargo del Servicio Civil
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2016
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Ley de probidad pública que regula
los conflictos de intere- ses
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2016
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Fortalecimiento de las competencias municipales, ley Nº 20.922
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2016
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Perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil
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