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DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS DE
COMPRAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE COVID-19
CHALLENGES OF PUBLIC PROCUREMENT SYSTEMS IN TIMES OF COVID-19
María Trinidad Inostroza Castro1
Resumen
Los sistemas de compras públicas a nivel global se han visto
fuertemente tensionados por la crisis sanitaria actual.
El presente artículo
revisa las experiencias de distintos países y sus dificultades, recomendaciones de organismos internacionales y la fiscalización de la contratación
pública en el contexto de la
emergencia por COVID-19. Revela las dificultades que enfrentan los sistemas de contratación pública,
tales como aumentos
repentinos de precios, escasez, restricciones del
mercado y corrupción. Concluye proponiendo como solución avanzar hacia una mayor transparencia y una mejor
coordinación.
Palabras clave: compras
públicas – COVID-19
– transparencia datos
abiertos
– corrupción – desafíos sistemas contratación pública
Abstract
Around the world, public procurement systems
are severely strained under the current health crisis. This article examines the experiences and challenges faced by different, recommendations of international organizations and the supervision of public countries procurement, within
the context of the COVID-19 pandemic. It reveals
that public procurement systems are undergoing hardships such as price surges,
shortages, market restrictions and corruption. It concludes, suggesting
as a solution to progress
towards greater transparency and better coordination.
Keywords: public procurement –
COVID-19 – transparency open data – corrup- tion – public procurement’s challenges
1 Abogada
y magíster en LLM mención Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomados en Gestión de Empresas en la misma universidad y de Gerencia
Pública en la Universidad de Chile.
•
Agradezco
especialmente a Maximiliano Riveros Inostroza que realizó un arduo trabajo de investigación y recopilación de la
información necesaria para la elaboración de este artículo y a María Fernanda Riveros
Inostroza, que asistió
en la corrección final.
Introducción
No cabe duda de que nos enfrentamos a uno de los mayores
desafíos sanitarios a escala
planetaria desde hace décadas. La rapidez y facilidad con la que se transmite el COVID-19 en un mundo
hiperglobalizado ha llevado a los países a adoptar
medidas, algunas de ellas extremas, para proteger a su población y a la economía.
Este escenario, con graves efectos
en la salud de las personas, cientos
de miles de fallecidos y graves pérdidas económicas, tensiona el
presupuesto fiscal
y a los organismos públicos, los que deben responder oportunamente a las múltiples necesidades
sociales y de salud, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Estado, en un contexto en el que el sector privado ve
dificultado su actuar por la magnitud
del problema y por las restricciones que debe enfrentar, cobra una renovada importancia como actor fundamental para enfrentar la crisis, liderando las respuestas mediante el gasto
público.
Al momento de escribir este artículo, América es el
epicentro de la pandemia y nuestro país cuenta
ya, según datos de la Universidad John Hopkins2, con más de
280.000
contagios y más de 5.500 muertes confirmadas. Ciertas proyecciones estiman
que el peak de contagios podría producirse dentro
de los próximos 30 días3, dependiendo de la efectividad de las intervenciones que realice la autoridad sanitaria
para reducir las tasas de contacto entre la población
y, por lo tanto, bajar la transmisión del virus (Ferguson
Landon et al.,
2020, pág. 3)4.
En un ambiente
en constante transformación, resulta difícil vislumbrar una vuelta a la normalidad en el corto plazo
(Organización Mundial de la Salud, 2020, pág. 2)5. Las medidas que se
adopten, por lo tanto, no pueden emanar de un
permanente «estado de crisis», sino que es
necesario diseñar políticas públicas sostenibles en el tiempo, asumiendo que no existe
todavía una vacuna
totalmente
2
Datos disponibles en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Consultados a las 16:10 del 24/6/2020.
3
Datos disponibles en: https://covid19-projections.com/chile. Consultado a las 16:10 del 24/6/2020.
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Dos estrategias fundamentales son posibles:
a) mitigación, que se enfoca en la disminución, pero no necesariamente en detener la propagación de la epidemia- reduciendo la demanda de
atención médica mientras se protegen a los que están en mayor riesgo de contraer una infección grave y
b) supresión, que
tiene
como objetivo revertir el
crecimiento
de la epidemia, reduciendo los casos a niveles bajos y manteniendo la situación indefinidamente.
5
En Europa los países vienen saliendo de la denominada «primera ola» del virus e iniciaron el desconfinamiento, sin embargo, se ven rebrotes
y transmisión continua
de baja intensidad. De acuerdo
a la OMS: aunque se desconoce cuál será la evolución de la pandemia,
cabe prever tres resultados posibles:
i. completa interrupción de la transmisión entre seres humanos;
ii. oleadas epidémicas recurrentes (de mayor o menor intensidad);
iii. y transmisión continua de baja intensidad.
Con
arreglo a los datos de que se dispone actualmente, el supuesto más probable es
el de oleadas epidémicas recurrentes
alternadas con períodos de transmisión de baja intensidad. Las presentes orientaciones se han elaborado en el
contexto de estos supuestos y se irán actualizando a medida que avance
el conocimiento sobre la dinámica
de la pandemia
efectiva
y que persisten las dudas respecto a la posibilidad de reinfección (Van de Pas, 2020, pág. 1)6.
Abundan las lecciones
útiles para las entidades públicas
sobre cómo enfrentar
la crisis múltiple provocada por el COVID-19. Es de suma importancia
entonces, analizar las primeras experiencias en materia de contratación pública,
conocer y entender las
dificultades acaecidas para no cometer los mismos errores, y comenzar prontamente a diseñar las
políticas que nos permitirán abordar de mejor manera las futuras emergencias.
En este contexto de pandemia, el presente artículo abordará, en primer
lugar, el funcionamiento
de la contratación pública, la cual ha debido enfrentar dificultades tanto a nivel local
como internacional en las cadenas de abastecimiento, con énfasis en los desafíos para los distintos
gobiernos. En segundo lugar, se analizarán los casos de Argentina, Colombia, Perú, Brasil,
España y Chile en la regulación de las compras públicas. En
el tercer apartado se dará un breve repaso
a las recomendaciones de organizaciones no gubernamentales para el manejo de los procesos de adquisiciones
públicas. Finalmente, se describen los desafíos para la fiscalización de los referidos
procesos de contratación.
1. Contratación pública en tiempos de COVID
Durante la emergencia, una actividad estatal muy relevante
es la contratación pública, pues
permite poner a disposición de los órganos estatales los bienes y servicios con que
atienden las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, esta función pública se ha
visto enfrentada a una serie de problemas y obstáculos, tales como la
creciente demanda de insumos y equipos médicos altamente especializados y la urgencia
con que deben resolverse las compras. A su vez, por el lado de la oferta,
los mercados y las cadenas de suministro internacionales se han visto alterados por prohibiciones o
limitaciones a las exportaciones o export
curbs (Evenett, 2020, pág. 5)7, y también por la eliminación de los impuestos
a la importación de estos.
Para enfrentar la emergencia y responder ágilmente a los variados
requerimientos que provoca,
la mayor parte
de los gobiernos han modificado sus procedimientos en materia de adquisiciones públicas,
dictando decretos y resoluciones que
6
There
is neither a vaccine nor a population immunity foreseen in the period ahead. It
is to be expected that Covid-19
outbreaks, perhaps less severe and more localized, will happen over the coming years. We need to learn how to live
with this virus and cannot continue carrying on in a crisis mode. Moreover, this is just one pathogen and it is quite
possible that there will be more (re)- emerging infectious disease outbreaks with global reach
over the coming
years.
7
As
of 21 March 2020, a total of 54 governments have implemented some type of
export curb on medical supplies
and medicines associated with the COVID-19
pandemic.
amplían facultades y poderes. Estos cambios persiguen, principalmente, simplificar los procedimientos de contratación y eliminar requisitos,
en pos de una mayor
rapidez.
Los organismos públicos, además, se ven enfrentados a una
serie de dificultades derivadas o causadas indirectamente por la crisis sanitaria que
impactan en el cumplimiento de sus
funciones, como la falta de personal o la celeridad con la que se deben tramitar los procesos
específicos destinados a combatir el virus, debilitando los procesos
de control internos.
Junto a la necesaria celeridad, la transparencia y el acceso
a los datos juegan un rol fundamental, pues proporcionan información al mercado sobre las solicitudes de compra
de las entidades estatales, lo que posibilita una mejor gestión
de las cadenas de suministro y el control
de los recursos con que se adquieren
los materiales e insumos que los servidores públicos en terreno
requieren para cumplir adecuadamente con su función.
Sobre el particular, las auditorías a los fondos
utilizados durante la crisis del Ébola en África (INTOSAI, 2020), indican que la
falta de sistemas de control de calidad de
los productos y un sistema de compras públicas poco preparado pueden llevar a que los receptores finales
reciban bienes de una calidad inferior o no adecuados
para sus propósitos. Un ejemplo actual es lo que sucedió en España con unas mascarillas adquiridas por el Estado, las cuales tenían un porcentaje
de filtrado menor al exigido —92 % versus 70 %— y que fueron
distribuidas en el territorio del
país (Lamet, 2020), provocando el contagio y posterior aislamiento de varios funcionarios de salud, el retiro
de dichos insumos y la ralentización grave
de la respuesta estatal frente a la pandemia con el consiguiente riesgo para la salud de las personas.
En este contexto, los sistemas de contratación pública
juegan un rol central en la calidad y oportunidad de la respuesta
del Estado frente
a la emergencia sanitaria y la crisis social.
Estos sistemas pueden ser entendidos como el proceso a través del cual el Estado adquiere y
contrata los bienes, servicios y obras que requiere
para cumplir con su función pública y responder a las necesidades de los ciudadanos de una manera transparente, eficiente, íntegra, sustentable y con el mayor
resguardo del dinero
público, mediante procedimientos abiertos y competitivos, por regla general accesibles a los proveedores, a los
entes fiscalizadores y a la sociedad civil.
La transparencia y eficiencia en el uso de los recursos
públicos deben ser claves para enfrentar la crisis. En la práctica, la eficiencia se ve mermada
por la opacidad en la información, que inclina la
relación de poder de manera desproporcionada hacia los proveedores y afecta la publicidad de esos
procesos. Resulta importante
entonces, encontrar un equilibrio entre una respuesta
rápida y eficiente de los
sistemas de compras públicas y la necesidad de procesos transparentes que aporten al uso eficiente y adecuado del presupuesto público,
a partir de la información entregada por los diversos actores, tanto
estatales como privados.
Como señala el Banco de Desarrollo de América Latina,
la materialización de los riesgos de corrupción en el
contexto actual se torna intuitiva, pues la estructura gubernamental tiene la necesidad
urgente de reasignar recursos para transformarlos en insumos médicos
y alimentos (Cetina,
2020, pág. 4)8. Los procedimientos y prácticas regulares
de las licitaciones públicas ceden ante mecanismos más expeditos como los
tratos directos, ya que en una crisis se prioriza
la urgencia y la celeridad
por sobre la transparencia y publicidad de las
contrataciones. Para enfrentar estos riesgos, los medios electrónicos y los avances tecnológicos se convierten en
aliados importantes, pues permiten el acceso en tiempo real, tanto a proveedores y organismos gubernamentales como a la población en general,
a la información más relevante
sobre las compras.
Por otra parte, las entidades públicas pueden estar en una posición
pasiva frente al mercado, enfrentadas
al poder excesivo de los proveedores que controlan las cadenas de suministro, lo que puede provocar una distorsión en la información y eventuales sobreprecios. La única forma
de aminorar este efecto es la coordinación entre órganos
gubernamentales, para evitar que compitan
entre sí por los insumos
médicos, así como una mayor coordinación a nivel regional (Miranzo, 2020)9.
Para monitorear el precio de los insumos,
es clave que las entidades
gubernamentales cuenten con información útil para
la toma de decisiones. En este
sentido, se destaca como una buena iniciativa el «Observatorio de Precios para Insumos de la Emergencia»10 en Honduras, creado
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que consiste
en una herramienta electrónica que incorpora datos de distintos países,
así como del catálogo de precios de la Organización Mundial de la Salud.
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La
materialización del riesgo de corrupción es bien intuitiva en este caso: puesto
que estamos ante una emergencia, los
gobiernos necesitan reasignar recursos para abastecerse de bienes urgentemente requeridos como camas,
medicinas, adecuación de hospitales y materiales médicos, entre otros. Utilizar mecanismos de compra
regulares, que adoptan procedimientos de transparencia y selección objetiva como la licitación pública, implicaría
desatender la emergencia dada la demora inherente a dichos mecanismos competitivos.
9
Se están llevando a cabo importantes procesos de aprovisionamiento, pero en muchas de las ocasiones de forma des escalonada y
aparentemente descoordinada. Las iniciativas de compra pública se han ido sucediendo a los diferentes niveles administrativos del Estado, de las comunidades autónomas, e incluso en
municipios de pequeño y gran tamaño, lo cual provoca una competencia entre compradores públicos y favorece la
manipulación del mercado por parte de los proveedores.
10 Disponible en: http://oncae.gob.hn/observatorio
2. Algunas experiencias internacionales: Regulación de
compras públicas para la emergencia
Las agencias de compras de América Latina y el Caribe
identifican como principales problemas y desafíos para enfrentar la actual crisis, según
mapeo de capacidades efectuado
por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG, 2020), la oferta limitada de
insumos, las dificultades para monitorear las
compras directas, la falta de comunicación entre los agentes del sistema
de compras y la necesidad de
coordinación entre las entidades de gobierno a cargo de enfrentar la emergencia.
Para atender los apremiantes requerimientos, la mayoría de
los países utilizan procedimientos simplificados, recurriendo a tratos directos o al uso de
convenios marco,
cuando tienen contemplado este mecanismo en los rubros de bienes demandados. De esta forma, han adecuado
sus marcos normativos o han recurrido
a la normativa excepcional contemplada en la legislación permanente.
A continuación, se revisa la experiencia de Argentina,
Colombia, Perú, Brasil, España y Chile.
2.1. Argentina
El ministro de Salud de la Nación informó oficialmente el
primer caso de COVID-19
en territorio argentino el 3 de marzo del presente año11. Mediante el decreto Nº
260/2020, de 12 de marzo, se amplió la emergencia pública en mate- ria sanitaria establecida por la ley Nº
27.541 por el lapso de 1 año. Dicho decreto en su artículo 2º se refiere a las facultades otorgadas al Ministerio
de Salud, permitiendo
los tratos directos12. Un decreto posterior13 se encargó de
estable- cer el procedimiento de
contratación de emergencia, poniendo como principal requisito una invitación por correo electrónico a por lo menos 3
proveedores. Cada organismo
se encuentra obligado
a publicar solo el acto administrativo en la plataforma de la Oficina Nacional de
Contrataciones y en el Boletín Oficial por 1 día dentro
de un plazo de 10 días desde que concluye
el procedimiento,
11 Ver en https://www.argentina.gob.ar/
12 Artículo 2º. Facultades de la autoridad sanitaria: Facúltese al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a:
6. Efectuar la adquisición
directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia
científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones
de la administración nacional. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior.
13 Decisión administrativa 409/2020, 18 de marzo 2020. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob. ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335676
según lo regulado por el anexo de la disposición Nº 48/2020, del 19 de marzo del presente
año14.
Cabe destacar que el país trasandino cuenta
con una plataforma electrónica de
contratación pública para documentar y gestionar sus procesos de compras públicas denominada COMPR.AR «Portal de
Compras Públicas de la República Argentina»15, sin embargo, su utilización es facultativa para los organismos gu- bernamentales.
El sistema excepcional de contratación se ha ido modificando tras
críticas y un escándalo asociado
a sobreprecios en compras de alimentos por el Ministerio de Desarrollo Social (Cabot, 2020). Una reciente modificación16 facultó a la Ofi- cina Nacional de Contrataciones para poner
a disposición de los organismos públicos
y de las provincias los acuerdos que se celebren con proveedores para el suministro directo de bienes y
servicios a los organismos contratantes, sin
sujeción al Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional.
También el gobierno argentino recurrió a la fijación de precios en sus
procedi- mientos de compras públicas,
estableciendo precios máximos a pagar mediante una resolución de la
Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo17.
Los procedimientos excepcionales han sido cuestionados por insuficiente publi- cidad, déficit de control e inexistencia de un sitio con información
abierta para esta clase
de contrataciones (Cabot,
2020).
2.2.
Colombia
Colombia confirmó al primer contagiado de Coronavirus el 6 de
marzo pasa- do18, y 11 días después, el 17 de marzo, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional mediante el decreto Nº 417, que dota de mayores poderes al Poder Ejecutivo. En dicho instrumento se faculta expresamente a los sectores de salud, prosperidad
social, defensa y todos aquellos sectores que requieran prestar atención a la población, para uti-
14
8) Publicidad posterior. En todos los casos deberá procederse a la publicación del acto administrativo de conclusión del procedimiento en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial
por el término de un (1) día, dentro de los diez (10) días de notificado.
15 Disponible en: https://comprar.gob.ar/
16 Decisión administrativa 812/2020, 15 de mayo de 2020.
17 Decisión administrativa 472/2020, 7 de abril de 2020:
Artículo 1º. Establécese que
en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, establecido por la decisión
administrativa Nº 409/20,
no podrá en ningún caso abonarse montos
superiores a los precios
máximos establecidos por la resolución de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20 o aquellos
que se dispongan en el futuro.
18 Disponible en: https://covid19.minsalud.gov.co/
lizar
procedimientos de contratación directa, siguiendo los principios de trans- parencia y legalidad.
En materia de contratación pública, el gobierno colombiano dictó el decreto Nº 440, de 20 de marzo de 2020, a través
del cual se adoptan medidas de urgen- cia en materia de contratación estatal,
con ocasión del estado de emergencia. En ese acto administrativo se contemplan
una serie de normas que regulan as- pectos de licitaciones tanto en curso como futuras,
y se establece adicionalmen- te, en su artículo
4º, la aplicación preferencial de los acuerdos marco para las compras de emergencia.
El decreto también contempla la contratación directa de
suministro de bienes, prestación de
servicios o ejecución de obras, con el objetivo de prevenir, conte- ner y mitigar los efectos de la pandemia
del COVID-19 (decreto Nº 440, 2020, artículo 7º)19.
Además, mediante los decretos Nºs. 537 y 544, de 2020, se
regulan las audien- cias públicas
electrónicas, los procedimientos sancionatorios por medios elec- trónicos, el procedimiento de pago a
contratistas por medios electrónicos, la adquisición
en el mercado internacional por el régimen privado para algunos equipos biomédicos, mobiliario,
medicamentos, dispositivos médicos y equipos
de protección personal.
En la repuesta
del aparato estatal
colombiano se destaca
la puesta en marcha de una plataforma20 para que tanto los
actores privados como el público en ge- neral,
puedan acceder en tiempo real a la información de cada compra que se realiza por parte de los organismos
públicos para combatir la pandemia. Esta plataforma
fue proporcionada por el organismo de compras públicas de dicho país «Colombia Compra Eficiente», a fin de
identificar y clasificar las diversas compras
que se efectúan en el contexto del COVID-19, entregando datos actua- lizados respecto de los precios de los
productos. Para su implementación se emitió
una Guía de Transparencia en la Contratación Estatal durante la Pande- mia del COVID-19,
que dispone el uso obligatorio del Sistema Electrónico para la Contratación
Pública –SECOP– independiente del régimen aplicable, y la in- clusión de la palabra «COVID-19» con el
objeto para facilitar la búsqueda y el seguimiento ciudadano.
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19
Contratación
de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la ley 80 de 1993,
se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar
la urgencia manifiesta por parte de las entidades
estatales, para la contratación directa
del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo
de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19, así como para
realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones
contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia
manifiesta se regirán
por la normatividad vigente.
20
Disponible aquí: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ5YTkwNzItZWVhMC00ZTgxLWJmYzgtODE1NWE0ZGZmNDVkIi- widCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
La plataforma no permite descargar directamente la
información, pues esta se encuentra
en otra plataforma de datos abiertos del gobierno. Tampoco es posi- ble revisar las adiciones y modificaciones
al contrato hasta una vez finalizado este
(Galvis, 2020), lo que podría considerarse en futuras mejoras de ese medio tecnológico.
2.3.
Perú
El primer caso de coronavirus se confirmó en el territorio
peruano con fecha 6 de marzo de 202021, y mediante el
decreto supremo Nº 44, complementado por los
decretos supremos Nºs. 45 y 46, se declaró el Estado de Emergencia Nacional.
La ley Nº 30.225, de Contrataciones del Estado, por su parte, se refiere
al caso de una emergencia sanitaria22 y permite actuar
sobre la base de una excepción previamente
contemplada en la señalada ley, la que, dado el contexto, se torna plenamente aplicable. Conforme a ella, las
agencias y entidades nacionales es- tán habilitadas para contratar directamente con proveedores privados.
Además, se han emitido otras normas por el poder ejecutivo en el contexto
de la emergencia, tales como
el decreto de urgencia Nº 28, sobre medidas extraor- dinarias en materia económica y financiera para la adquisición
de pruebas de diagnóstico para la
prevención y control del COVID-19; el decreto de urgencia Nº 29, sobre medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa
y otras medidas
para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía
peruana; el decreto de urgencia Nº 43, que dicta medidas ex- traordinarias con la finalidad de adquirir
bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazar- se dentro del país, y el decreto de urgencia Nº 50, sobre medidas
extraordinarias en materia económica
y financiera para la adquisición de equipos de protección personal.
Similar a lo que sucede en Colombia,
el organismo de Contrataciones Públicas
de ese país —Perú Compras— habilitó una plataforma dónde se puede tener acceso a los datos de los proveedores,
cantidades y montos de los productos adquiridos
mediante los procedimientos de contratación de emergencia por el Instituto Nacional
de Salud (INS)23.
En ella se presenta de una manera transparente los distintos contratos
que ha suscrito el Estado para
enfrentar la crisis, lo que favorece el control y la colabo- ración ciudadana.
21
Disponible en: https://www.gob.pe/minsa/
22
Artículo 27. Contrataciones directas
Excepcionalmente, las
entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los
siguientes supuestos:
b) Ante una situación de emergencia
derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional,
situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia
sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional
de salud.
23 Disponible en: https://www.perucompras.gob.pe/contrataciones/contrataciones-emergencia-covid19.php
El Ministerio Público del Perú desarrolla actualmente una
serie de investigacio- nes asociadas
a posibles casos de corrupción en compras públicas, por pagos con sobreprecios24.
2.4.
Brasil
Brasil se encuentra
actuando bajo la regulación contemplada en la ley Nº 13.979,
de 2020, creada específicamente para enfrentar la
pandemia del coronavirus. Dicha ley,
complementada por las medidas provisorias Nºs. 926 y 951, de 2020, contempla la simplificación de los
procesos de compra pública, eliminando, por ejemplo, la necesidad de estudios preliminares para la adquisición de bienes y servicios, además de permitir el trato
directo (medida provisória Nº 926, de 2020, artigo 4º)25.
Cabe indicar que existe preocupación respecto de ciertas
medidas que ha inten- tado adoptar el
poder ejecutivo de Brasil, y que podrían llegar a afectar grave- mente la transparencia de los procesos de
compra, aumentando los riesgos de corrupción.
En efecto, el 23 de marzo de 2020, el presidente brasileño Jair Bol- sonaro emitió la medida provisional Nº
928, que suspendía el plazo de respuesta a
las solicitudes de acceso a la información, obligación establecida en la ley federal Nº 12.527, sobre Acceso a la
Información, y prohibía las apelaciones en casos
de solicitudes denegadas. Dicha medida fue revocada por la Corte Supre- ma Federal de Brasil.
Posteriormente, el 13 de mayo pasado, mediante la medida provisional Nº 966/2020, estableció un
nuevo requisito para la responsabilidad civil
y administrativa por acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el marco del trabajo para contener el
COVID-19, exigiendo intención o que se trate
de un error grave. Lo anterior fue revisado por la Corte Suprema, que
limitó el ámbito de aplicación de esa
medida, estableciendo que los funcionarios podrán ser responsables tanto civil como administrativamente si es que
sus actuacio- nes van en contra de
criterios técnicos y científicos emanados de autoridades reconocidas nacional e internacionalmente como la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
(Schreiber, 2020).
2.5.
España
El estado español
actuó sobre la base de la regulación preexistente contenida en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público26. La aplicación de esta
24 Ver: https://www.mpfn.gob.pe/
25
É
dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta lei.
26 Artículo
120. Tramitación de emergencia. 1. Cuando la Administración tenga que actuar de
manera inmediata a
causa
de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen
excepcional:
a) El órgano de
contratación,
sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido
o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su
objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales
establecidos en la presente ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito
adecuado y suficiente, una vez adoptado
el acuerdo, se procederá a su
dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
normativa
responde a lo establecido en el real decreto Nº 463/2020, el cual de- clara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria oca- sionada
por el COVID-19. La antedicha regulación ha sido complementada por diversos instrumentos, entre los cuales
podemos mencionar el real decreto-ley Nº
7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. En el capítulo V
de ese instrumento se puede apreciar lo siguiente en materia de contratación pública:
Artículo 16. Contratación.
1. La adopción de cualquier tipo de
medida directa o indirecta por parte de las entidades
del sector público para hacer frente al COVID-19 justiflcará la necesi- dad de actuar de
manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transpo- nen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
No obstante, las reglas descritas precedentemente, la Junta Consultiva
de Con- tratación Pública del Estado,
del Ministerio de Hacienda Español, ha sido clara respecto a que la aplicación de esta normativa no exime a los
organismos pú- blicos de publicar en
las plataformas y medios correspondientes los contratos celebrados para combatir
la crisis sanitaria.
El artículo 120 de la Ley Española
de Contratos del Sector Público no excluye los procedimientos de contratación de emergencia del principio de transparencia (Miranzo,
2020)27.
A pesar de contar con los medios electrónicos, España no
tiene una plataforma que presente de
manera dinámica y ordenada la información respecto de los procesos de contratación pública para
enfrentar la crisis sanitaria. Existe una iniciativa
de la Comisión Europea –SIMAP–, que consiste en una página web en la que se publican los procesos de compra
de más de 20 países, sin embargo, la publicación no es obligatoria (Escudero, 2020)28-29.
2.6.
Chile
El 5 de enero de 2020, el gobierno chileno por medio del decreto supremo Nº 4, de 2020, del
Ministerio de Salud, declaró el estado de «alerta sanitaria» por un año para enfrentar la amenaza a la salud pública de la pandemia
COVID-19.
27
Debemos
recordar en este sentido que en España los procedimientos en los que se emplee
la tramitación de emergencia están
sujetos a las normas de publicidad del artículo 154 LCSP y del artículo 50 de la directiva 2014/24/UE,
que exigen la publicación de la formalización del contrato y del anuncio de adjudicación, sentando
una base mínima.
28 A diferencia del Gobierno español,
20 países sí publican
licitaciones relacionadas con el coronavirus en un portal
especial habilitado en la plataforma de contratación de Europa. «El propósito de esta página es facilitar el acceso a
licitaciones relacionadas con la pandemia del Covid-19. En este contexto, la siguiente lista destaca la
contratación pública en el área de equipos médicos, reflejando así las necesidades de las autoridades y servicios sanitarios».
29 Dicha iniciativa se encuentra disponible en: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid- related-tenders
En
dicho decreto se faculta a los organismos del sector salud a utilizar la con- tratación
directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta
urgencia, simplificando los procesos de compra pública. Pos- teriormente, con fecha 18 de marzo,
mediante el decreto supremo Nº 104, del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, se declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe
por calamidad pública.
Tales actos administrativos habilitan a los organismos
públicos a recurrir a los procedimientos
excepcionales de contratación, esto es la licitación privada y, particularmente, el trato o contratación directa.
No obstante, se debe seguir cumpliendo
con las formalidades correspondientes y con la publicación en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Las compras de emergencia se encuentran contempladas en el
artículo 8º, letra c), de la ley Nº 19.886:
Artículo 8º. Procederá la licitación
privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan:
c) En
casos de emergencia, urgencia o imprevisto, califlcados mediante reso- lución fundada del jefe superior de la
entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones
especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente.
En enero pasado se publicó el decreto Nº 821, de 2019, del Ministerio de Hacienda, que modifica el Reglamento de Compras Públicas (decre- to Nº 250, de 2004), incorporando un
procedimiento de contratación para montos
menores a 10 UTM ya instaurado en el año 2017, denominado microcompra30. Mediante el referido instrumento, se amplió el rango de cober- tura de esta clase de contrataciones hasta las 30 UTM,
permitiendo la compra de bienes y
servicios con 3 cotizaciones previas, a través del sistema de infor- mación electrónico, de conformidad a lo
establecido en el artículo 10 bis del re- glamento
de la ley de compras públicas. Si bien este mecanismo fue concebido antes de la emergencia sanitaria, se ha
convertido en una herramienta de fácil uso
para las entidades públicas y para los proveedores que participan de ella (decreto
Nº 250, de 2004, artículo 10 bis)31, además de una nueva oportunidad de negocios para las mipymes.
El sistema de información que administra la Dirección de
Compras y Contrata- ción Pública contiene toda la información de las adquisiciones que se hacen a
30 Dirección de Compras
y Contratación Pública (2017). Disponible en: https://www.chilecompra. cl/2017/08/chilecompra-lanza-la-microcompra-nuevo-canal-de-venta-directa-que-conecta-a- organismos-publicos-con-plataformas-de-e-commerce/
31 La compra
ágil: Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo
de tres cotizaciones, a
través del Sistema de Información, mediante la modalidad denominada compra ágil, si las contrataciones son iguales o
inferiores a 30 unidades tributarias mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá
únicamente al monto de la misma, por lo que no se requerirá la dictación de la resolución fundada que autoriza
la procedencia del trato o contratación directa,
bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden
de compra por
parte del proveedor.
través
de la plataforma electrónica, usando los procedimientos de licitación pú- blica, privada, tratos directos y
convenios marco. Además, la institución dispone de un sitio de datos abiertos32, que permite acceder a la información agregada del sistema electrónico.
Respecto a las falencias detectadas, se observa que la plataforma electrónica no muestra de manera separada
las compras destinadas a combatir la emergen- cia por COVID-19, de
manera de facilitar el acceso en tiempo real a las adquisi- ciones efectuadas exclusivamente para
enfrentar la crisis sanitaria, como si lo hacen
otros países de la región como Perú, Colombia, Ecuador33 o Paraguay34. Sin esta visibilización se
dificulta el monitoreo del gasto por parte de los entes fiscalizadores y de la sociedad civil, así como la
identificación del comporta- miento
de la cadena de suministro para controlar posibles situaciones de sobre- precio, como las que se han repetido
constantemente en el contexto de la crisis sanitaria
en varios países (Gestión, 2020; DePillis & Song, 2020; Potter, 2020). También se han reportado falencias en la
información disponible sobre las ca- racterísticas técnicas
de los productos requeridos para combatir la pandemia, así como la falta de una instancia que
coordine los esfuerzos de compra pública (Desormeaux et al.,
2020).
3. Recomendaciones de organismos no gubernamentales
Una serie de organismos internacionales que promueven la transparencia, la lucha contra la
corrupción y el comercio internacional, se encuentran monitoreando los procesos de compra pública
que se están llevando a cabo en los distintos
países para mitigar los efectos,
tanto directos como indirectos, de la presente crisis sanitaria, así como
la relación de las distintas entidades gubernamentales con los mercados.
Global Trade Alert y eliminación de las restricciones comerciales
Global Trade Alert, iniciativa que monitorea las políticas que afectan
el comercio, advierte sobre la necesidad
de adaptar rápida y efectivamente las políticas públicas de compra, considerando que las
distorsiones sufridas por el mercado global, entre
ellas las restricciones que han puesto
los gobiernos a la compra
de insumos médicos por parte de compradores extranjeros, no desaparecerían
32 Dirección de Compras y Contratación Pública (2020). Disponible
en: http://datosabiertos. chilecompra.cl/
33 Servicio Nacional
de Contratación Pública
de Ecuador (2020).
Disponible en: https://portal. compraspublicas.gob.ec/sercop/datos_abiertos/
34 Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas
de Paraguay (2020).
Disponible en: https://www. contrataciones.gov.py/dncp/covid-19.html#licitaciones-covid
totalmente
una vez controlada la pandemia (Evenett & Winters, 2020, pág. 3). En este contexto, pone el énfasis
en 5 ejes sobre los cuales articular
los sistemas de compra
pública para maximizar la actuación del Estado.
El primero es la coherencia, en el sentido de que las
compras realizadas deben aumentar la efectividad de las intervenciones en materia de salud
pública, teniendo en especial consideración la opinión de expertos para analizar las implicaciones comercio-salud de la actuación estatal.
La segunda directriz se individualiza como «no hacer daño» a
otros compradores en el contexto de
un mercado regional y global. Este principio cobra una especial relevancia en América Latina, considerando
que no hay grandes productores regionales
de artículos especializados para combatir el COVID-19 (Evenett & Winters, 2020, pág. 3)35. Ante la inestabilidad de los flujos de comercio internacional, ciertas voces plantean una necesidad de cambio de paradigma frente a
este ambiente de profunda
integración económica global (Van
de Pas, 2020, pág. 21).
El tercer eje se refiere
a la idea de hacer «lo que sea mejor» en el momento, y se traduce en que la compra pública no debe ser usada si es que existen
otras alternativas que puedan
satisfacer las necesidades del Estado de una manera más eficiente.
En cuarto lugar, se destaca la necesaria transparencia en
los procesos de compra
de emergencia, y que las decisiones que se tomen en estos contextos deben regirse por las mejores
prácticas que se han ido implantando al respecto.
Por último, plantean el escrutinio posterior de las acciones
llevadas a cabo, las cuales deberían ser revisadas mes a mes para eliminar las que no
cumplan estos principios y analizar futuros
cursos de acción
(Evenett, 2020).
Open Contracting y la alianza pública privada
Open Contracting —organización que promueve la contratación abierta
y transparente— señala que,
con el personal del gobierno ya reducido, la sociedad civil debería ser vista como un valioso
aliado analista, para rastrear la preparación y garantizar que los recursos
se asignen eficientemente (Open Contracting Partnership, pág. 2). En la misma línea,
sostiene que se necesitan asociaciones innovadoras entre el sector
privado y público
y la sociedad civil, considerando lo extensas y cambiantes que son las cadenas de suministro internacionales en estos momentos y la cantidad de compradores competitivos en
el mercado (Hayman, 2020).
La alianza entre la sociedad civil y el Estado puede tener
configuraciones muy distintas, y se
espera que, en tiempos de emergencia, las iniciativas sean de utilidad
en el corto plazo. Un ejemplo de esta colaboración se observa en Ucrania, con la creación
por parte de la sociedad
civil de la herramienta DoZorro,
que
35
Our
proposal recognises the international concentration in the production of these
goods before the pandemic, with many
nations relying on international trade to meet their needs. Such specialisation is valuable in allowing producers to
exploit economies of scale and take advantage of local eficiencies, both of which lower costs. Rejecting
specialisation has significant opportunity costs, whether
we like it or not.
identifica
en tiempo real las adquisiciones médicas y los gastos de emergencia, permitiendo comparar, por ejemplo,
diferencias de precios en las pruebas de COVID-19
o consultar el precio de suministros médicos críticos. En nuestro país nos encontramos con iniciativas como las
del Observatorio del Gasto Fiscal, que habilitó
una sección de su página web para presentar actualizaciones diarias de las compras
de COVID-19 (Observatorio Fiscal, 2020).
Banco de Desarrollo de América Latina y uso de tecnologías
El Banco de Desarrollo de América Latina,
a través de su publicación «Tecnología para la integridad en tiempos del COVID 19», pone el énfasis en dos
aspectos principales:
1) la
rendición de cuentas asociada a resultados, en el sentido de garantizar el
destino específico de los recursos que administra el Estado y los resultados de dicho gasto;
2) publicidad
de las contrataciones de emergencia, a pesar de las dificultades en cuanto al poco margen de tiempo con el que
se cuenta para dar una respuesta rápida
por parte del estado; la publicidad
de los procesos de compra permite mostrar
avances de cara a la ciudadanía y maximizar el nivel de respuesta por parte de los
oferentes frente a requerimientos de suministros por parte del Estado.
Por otro lado, el seguimiento en tiempo real de las compras de
emergencia permite
que tanto el sector privado como la opinión pública puedan monitorear tanto los precios
como la cadena de suministro (Cetina, 2020, pág. 7). Uno de los ejes importantes también es la
digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos, a través de un instrumento
conocido en las compras y contrataciones tanto por gobiernos como por los organismos
internacionales, como es el Acuerdo Marco de Precios o Convenios
Marco, contrato celebrado previa selección por licitación pública entre un comprador y uno o varios proveedores, el que se indica el bien o servicio, el precio máximo de
adquisición, las garantías
mínimas y plazo de entrega,
entre otras condiciones.
Transparencia Internacional: requisitos para la integridad
Transparencia Internacional publicó un documento con recomendaciones
para las compras públicas en estados
de emergencia, estableciendo ciertos criterios
mínimos a fin de asegurar la integridad de la
contratación en el contexto de la crisis sanitaria. El enfoque adoptado
asume que, en situaciones como esta, se dan oportunidades para la manipulación de la información y condiciones que favorecen el uso impropio de los fondos de emergencia y los
recursos adicionales destinados a combatir la pandemia. Este mal uso de los recursos se traduce en
afectaciones a los derechos de las personas, por lo que es necesario establecer
requisitos mínimos para los procesos de compra pública (Transparency International, 2020, pág. 2).
Con dicho propósito, la publicación destaca
el importante papel que juega el open
data, que exige contar con información completa,
continua, oportuna, verdadera, verificable, expresada y presentada de
manera que todos puedan entenderla, en formato de datos abiertos
(Transparency International, 2020, pág. 2)36.
36 Se entregan
además diez elementos que deben ser cubiertos por dicha información para que sea un aporte real al manejo de la crisis,
entre los que se cuentan, la necesidad de incorporar justificación técnica y económica de la contratación,
información respecto al desarrollo del contrato —plazos,
condiciones de entrega—,
población o necesidad
que está cubriendo
la contratación, mecanismos de verificación y cumplimiento, entre otros.
En materia de gasto de los recursos fiscales, señala la
importancia de su ejecución respetando los principios de eficiencia, efectividad, economía,
transparencia e imparcialidad. En
dicha línea, para cada proceso de contratación pública debiera quedar claramente fijada la duración del
período de emergencia, el origen de los fondos, las necesidades que buscan cubrirse
con ellos, la autoridad encargada
de supervisar el cumplimiento de las regulaciones antes mencionadas y
contar con auditorías en tiempo
real para asegurar
el cumplimiento de los principios que deben regir las compras públicas en
tiempos de crisis (Transparency International, 2020, pág. 3).
Asimismo,
se entregan recomendaciones de reportar los resultados de la movilización de los
recursos fiscales, una vez superada la emergencia. Transparencia Internacional señala que el
respectivo informe debería contar con datos
como la cantidad de recursos invertidos efectivamente en comparación con los recursos que
fueron autorizados para su uso, las acciones efectivamente implementadas con
dichos recursos, número y locación de beneficiarios, estado de avance de los contratos celebrados, evaluación respecto
a la eficiencia de los contratos y, si resulta posible, las
acciones adicionales que se pueden tomar con
el presupuesto restante o no ocupado (Transparency
International, 2020, pág. 3).
Respecto al control y monitoreo de los procesos de
contratación pública en el marco de la crisis sanitaria, Transparencia Internacional plantea la
necesidad de generar
nuevas instancias de monitoreo y auditoría en tiempo real, manteniendo una constante coordinación entre las
entidades a cargo de dicho control y las entidades gubernamentales que actúan en el mercado,
para lo cual deben contar con
acceso a todos los documentos asociados a dichas compras (Transparency International, 2020, pág. 3). Paralelamente, es preciso establecer
mecanismos que permitan a los ciudadanos denunciar
o reportar las irregularidades que observen, asegurando su anonimato y seguridad, así como el seguimiento
de las denuncias (Transparency International, 2020, pág. 4).
Finalmente, Transparencia Internacional pone énfasis en el
rol que los Estados deben asumir para evitar la concentración de los procedimientos de contratación por parte de
proveedores únicos (Transparency International, 2020, pág. 4). En este sentido, debieran
implementarse medidas para asegurar que las micro,
pequeña y medianas
empresas puedan participar del abastecimiento de bienes y servicios para responder a la crisis
sanitaria.
Fiscalización de compras públicas
en tiempos de emergencia
El rol de las entidades fiscalizadoras superiores en momentos de
tensión del aparataje estatal se
torna esencial para lograr un sistema de compras eficiente, eficaz y que facilite la coordinación entre los distintos
actores que participan en el mercado (INTOSAI, 2020, pág. 7)37. La premura con la que se debe actuar, los altos montos involucrados, la tendencia al mayor uso de las
contrataciones directas, la falta de
transparencia y de trazabilidad, la insuficiente capacidad técnica de los
compradores, son elementos que generan altos riesgos de corrupción en las compras públicas y
también falta de capacidad de respuesta oportuna por parte de los organismos públicos frente a las apremiantes necesidades sanitarias y sociales, en el contexto
de la pandemia.
La envergadura de la emergencia sanitaria y de las medidas adoptadas
para contenerla provocan
que muchas de las actuaciones y
auditorías
a realizar por las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) se vean obstaculizadas por la alteración de las condiciones normales de funcionamiento, por lo que
se debe
priorizar acciones. En dicho sentido, la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ha señalado que para tomar esas decisiones concretas
se deben considerar, principalmente, la utilidad de esas fiscalizaciones en el corto plazo, la posibilidad de realizarlas
con la información disponible y la
capacidad de los órganos públicos de responder a las solicitudes de información efectuadas sin afectar su
funcionamiento (INTOSAI, 2020, pág. 7).
En Perú, la Contraloría General de la República, adecuándose al
contexto de emergencia, comenzó un
plan llamado «Mega Operativo de Control: Emergencia Sanitaria 2020» que cuenta con una página web donde se publica
información respecto
de las acciones de control llevadas a cabo por dicho organismo a entidades públicas
como gobiernos locales
y regionales, hospitales, policía, entre otros (Contraloría General de la
República de Perú, 2020). De igual manera, se
dispuso la creación de un comité permanente encargado de auditorías en el sector de la salud (Contraloría General de la República de Perú, pág. 3).
En nuestro país, la Contraloría General de la República de Chile
(2020), habilitó una interfaz en su página web que facilita el control ciudadano y que
persigue, en palabras
de la propia entidad, dar acceso a «toda aquella información relevante que pasa por CGR o a la que tiene acceso
nuestra institución y que se relaciona con la actuación del Estado en la lucha contra esta enfermedad (2020)».
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37 SAIs can
play a key role in the different stages of a crisis like Covid-19. They can
provide advice on critical
rules and regulations, and can conduct
audits on whether
funds are being used for the right purposes. This can have a
deterrent effect and contribute to safeguarding government and donor funds. SAIs can also audit the implementation of new regulations and programmes —such
as for infection control or economic stimulus—, and thereby contribute
to effective government actions. In the aftermath of a crisis,
the SAI can provide assurance
on the use of funds and assess
the economy, eficiency and effectiveness of the national
responses. Reports can be used both for accountability and for identifying lessons for the future.
Conclusiones
1.
La grave crisis
sanitaria y social
que enfrenta el mundo a raíz de la pandemia
por COVID-19, con miles de fallecidos y grandes
pérdidas económicas, ha tensionado a los Estados,
poniendo en jaque su capacidad
para responder a las múltiples necesidades de la
ciudadanía. En este contexto, muchos países
han modificado sus marcos regulatorios optando por la contratación directa, como un procedimiento ágil ante las urgentes necesidades públicas.
2.
Los sistemas de compras públicas
han debido responder
desde el comienzo
a una creciente demanda de insumos médicos
altamente especializados en medio de un escenario complejo,
en el que muchos países y bloques económicos impusieron restricciones o incluso prohibiciones a la exportación ante
el temor a una escasez de dichos productos. Tal como señala Global Trade Alert (Evenett, 2020, pág. 6), nuestra
región se encuentra en desventaja, dado que cuenta con pocos productores de insumos médicos especializados como ventiladores, medicamentos y vacunas, lo cual dificulta que los países de la
región puedan controlar sus cadenas de suministro críticas.
3.
Dicha situación, sumada a la escasa información
sobre los flujos de bienes, se puede traducir en sobreprecios si es que no se tiene claridad
respecto del comportamiento de
los mercados, por lo que se hace necesaria una
adecuada coordinación entre las entidades
compradoras tanto a nivel nacional, de manera de no competir por los
mismos insumos, como a nivel internacional,
para promover acuerdos y nuevas formas de relacionarse en los mercados
internacionales.
4.
En tiempos de crisis la transparencia juega un rol
clave, tanto para legitimar el actuar público como para facilitar el monitoreo y el control de las
decisiones gubernamentales, de las compras
públicas y, finalmente, del correcto uso de
los fondos públicos, a fin de preservar la confianza ciudadana durante esta crisis. Dado el uso de procedimientos excepcionales de contratación y la urgencia
con la que se requiere
resolver las necesidades de insumos y equipamientos médicos,
muchos de ellos altamente especializados, surge un espacio real
de riesgo para la corrupción, por lo que la mayor transparencia y acceso a la información de
las compras y contrataciones públicas,
se posiciona como un imperativo necesario. En nuestro país se hace aún más apremiante adoptar
todas aquellas acciones
que fomenten la integridad y probidad pública, para
recuperar la confianza en nuestras instituciones públicas por parte de la ciudadanía, la que se ha venido deteriorando progresivamente.
5.
Entre las iniciativas desarrolladas por los países de la región
se destaca la creación de
plataformas electrónicas de acceso público, en tiempo real, que facilitan el monitoreo, el control ciudadano y la fiscalización por
parte de las entidades
fiscalizadoras superiores de las contrataciones públicas efectuadas en el contexto de la
emergencia sanitaria por el COVID-19. Experiencias como las de Perú, Colombia, Ecuador y Paraguay pueden ser fácilmente replicadas por
países que cuentan con sistemas de contratación electrónica. Asimismo, la iniciativa desarrollada por Honduras
«Observatorio
de Precios para Insumos de la Emergencia» se constituye en una necesaria herramienta para la mejor
toma de decisiones y evitar el pago de sobreprecios.
6.
Una de las soluciones propuesta
para enfrentar esta problemática es la centralización y coordinación de las
contrataciones públicas de emergencia (INTOSAI,
pág. 12). La existencia de una entidad que emita directrices claras, que pueda brindar
recomendaciones respecto de las especificaciones técnicas de los productos a adquirir ha demostrado utilidad en
un contexto donde los recursos son
limitados y la gran demanda de insumos médicos
entrega mucho poder a los proveedores. Lo anterior se ejemplifica con
las compras de test rápidos por
organismos de salud, los cuales no contaban con autorización o mascarillas que no cumplían
las características requeridas, dificultando la labor de los funcionarios que reciben dichos bienes y perdiendo
tiempo valioso en nuevos procesos
de compra.
7.
Son muchas las lecciones para los Estados en los
distintos ámbitos de su accionar, particularmente en los sistemas
de contratación pública
y en las cadenas de abastecimiento. Es tiempo de analizar esas experiencias para no cometer los mismos errores y
comenzar desde ya a diseñar las políticas
públicas que nos permitirán enfrentar de mejor manera las futuras emergencias. El presente documento
pretende motivar otros análisis y recomendaciones
que permitan ofrecer en un futuro, ojalá no tan lejano, mejores soluciones para los ciudadanos.
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Decreto supremo Nº 46. Decreto supremo que precisa el decreto
supremo Nº 044-2020-PCM, que declara
el estado de emergencia nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del brote del COVID-19. Diario Oficial de la República del Perú, Lima, Perú, 18 de marzo de 2020.
•
Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). Decreto supremo Nº 082-2019- EF. Publican el
texto único ordenado de la ley
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Diario Oficial de la
República del Perú, Lima, Perú, 13 de marzo de
2019.
•
Ministerio de
Economía y Finanzas. (2020). Decreto de urgencia Nº
28. Dictan medidas extraordinarias en materia económica y flnanciera para la adquisición de pruebas de diagnóstico para
la prevención y control del COVID-19.
Diario Oficial de la República del Perú, Lima, Perú,
19 de marzo de 2020.
•
Ministerio de
Economía y Finanzas. (2020). Decreto de urgencia Nº
29. Dictan medidas complementarias
destinadas al flnanciamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Diario Oficial de la República
del Perú, Lima, Perú, 20 de marzo de 2020.
•
Ministerio de
Economía y Finanzas. (2020). Decreto de urgencia Nº
43. Decreto de urgencia que dicta
medidas extraordinarias con la flnalidad de adquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban
desplazarse dentro del país a consecuencia
de la declaración del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Diario
Oficial de la República del Perú, Lima, Perú, 20 de abril de 2020.
•
Ministerio de
Economía y Finanzas. (2020). Decreto de urgencia Nº
50. Decreto de urgencia que dicta medidas
extraordinarias en materia
económica y flnanciera para la adquisición de equipos de protección personal -
EPP que permitan reforzar la
respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida
por el COVID-19. Diario Oficial de la República del Perú, Lima, Perú, 29 de abril de 2020.
Brasil:
•
Atos do Poder
Legislativo. (2011). Lei Nº 12.527. Regula o acesso
a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal; altera a lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a lei Nº
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da lei Nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasilia,
Brasil, 18 de noviembre de 2011.
•
Atos do Poder
Legislativo. (2020). Lei Nº 13.979. Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Diário Oficial da União, Brasilia,
Brasil, 7 de febrero de 2020.
•
Atos do Poder Executivo. (2020). Medida provisória Nº 926. Altera
a lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre
procedimentos para aquisição de bens, serviços
e insumos destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Diário Oficial da União, Brasilia,
Brasil, 20 de marzo de 2020.
•
Atos do Poder Executivo. (2020). Medida provisória Nº 928. Altera a lei Nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019, e revoga o art. 18 da medida provisória Nº 927, de 22 de março de 2020. Diário Oficial da União, Brasilia, Brasil, 23 de marzo de 2020.
•
Atos do Poder Executivo. (2020). Medida provisória Nº 951. Estabelece normas sobre compras
públicas, sanções em matéria de licitação e certiflcação digital e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasilia, Brasil, 15 de abril de 2020.
•
Atos do Poder Executivo. (2020). Medida provisória Nº 966. Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos
por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da COVID-19. Diário Oficial da União, Brasilia, Brasil, 14 de mayo de 2020.
España:
•
Jefatura del Estado. (2017).
Ley Nº 9. De Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 9 de noviembre de 2017.
•
Jefatura del
Estado. (2020). Real decreto-ley Nº 7. Por el que
se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico
del COVID-19. Boletín Oficial
del Estado, Madrid, España, 12 de marzo de 2020.
•
Ministerio de la
Presidencia. (2020). Real decreto Nº 463. Por el
que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 14 de marzo de 2020.
Chile:
•
Ley Nº 19.886. Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 30 de julio de 2003. Última modificación del 7 de abril de 2017.
•
Ministerio de Hacienda. (2020).
Decreto supremo Nº 821, de 2020, que modiflca
Decreto Nº 250, de 2004, que aprueba
Reglamento de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios. Diario Oficial de la República de Chile,
Santiago, Chile, 21 de enero de 2020.
•
Ministerio de
Hacienda (2004). Decreto con fuerza de ley Nº 250,
de 2004, aprueba
reglamento de la ley Nº 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Diario Oficial de la República de
Chile, Santiago, Chile, 24 de septiembre de 2004. Última modificación 21 de enero
de 2020.
•
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2020). Decreto supremo Nº 104, de 2020, que declara
estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de
Chile. Diario Oflcial de la República de Chile, Santiago, Chile, 18 de marzo de 2020. Última modificación del 16 de junio
de 2020.
•
Ministerio de Salud. (2020).
Decreto Nº 4, de 2020, que decreta
alerta sanitaria
por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV).
Diario Oficial de la República de
Chile, Santiago, Chile, 8 de febrero de 2020. Última modificación del 6 de junio de 2020.
