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E D I T O R I A L

 

 

 

 

 

La Revista Chilena de la Administración del Estado ha llegado a su décima publicación. Desde sus comienzos en 2019, junto a los artículos jurídicos característicos de este tipo de publicaciones, ha dado cabida a autores de otras ramas de las ciencias sociales que se animaron a enviar sus trabajos. Esta decisión ha traído como consecuencia la acumulación de un conocimiento multidisciplinario que nos ha permitido ofrecer enfoques más amplios para nuestros lectores.

Los nuevos problemas que afectan la convivencia social surgen a tal velocidad que es evidente que los cambios legislativos y reglamentarios serán incapaces de producirse oportunamente para resolverlos. Por esta razón, la labor de los tratadistas consiste en identificarlos, analizarlos y, cuando es posible, plantear soluciones creativas que incluso podrían inspirar adecuaciones normativas. Sin duda, ello genera gran provecho para la comunidad. En ese contexto nuestra revista se complace en haber contribuido, en alguna medida, a la difusión de tales planteamientos.

A lo largo de este ciclo de cinco años que esperamos se multiplique y siga por muchos años más, hemos publicado reflexiones clásicas sobre ciertas materias, cuya vigencia perdura, toda vez que tales razonamientos se aplican a situaciones contemporáneas o permiten soluciones novedosas a problemas antiguos. No obstante, también hemos dedicado espacio a áreas más recientes del conocimiento y su aplicación a las complejidades de la vida actual. Asimismo, hemos explorado las consecuencias que el uso de nuevas tecnologías provoca en el trabajo de la Administración del Estado y cómo esta puede beneficiarse de ellas.

Sobre este número en particular, observamos que uno de los temas frecuentes que ha despertado el interés de quienes nos envían sus monografías a la revista es el municipal, por lo que no es extraño que hayamos incluido dos artículos relativos a la materia: tendencias del empleo municipal y responsabilidad civil médica de las municipalidades.


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Asimismo, en materia docente, presentamos un trabajo sobre el rol del catálogo de sanciones en el derecho administrativo disciplinario a propósito del Estatuto de los Profesionales de la Educación, que indudablemente será de utilidad para quienes estudian o están involucrados con esta área.

En estos tiempos, no podía faltar un artículo ambiental, así la autora de los principales desafíos que enfrenta la ley sobre protección de humedales urbanos trata sobre un tema contingente que requiere la adecuada discusión.

Por otra parte, el combate contra la corrupción es un tema trascendental en toda democracia sana y esto ha llevado a que haya sido recurrente en nuestra revista, por lo que nos complace publicar el artículo ganador del Congreso Estudiantil, el que se enfocó en la transparencia, ética y gobernanza estrategias de prevención para la corrupción.

Relacionado con la materia anterior, estimamos conveniente difundir lo expuesto en coloquio sobre prevención de la corrupción en las compras públicas, que fue organizado por nuestro Centro de Estudios de la Administración del Estado, el cual tuvo una amplia convocatoria, interés y participación de quienes asistieron.

Como siempre divulgamos los dictámenes más relevantes emitidos durante el año, que compilamos mensualmente en nuestro boletín jurídico y en el boletín financiero-contable, los que, sin duda serán de utilidad para los usuarios y estudiosos de la jurisprudencia de la Contraloría General.

Finalmente agradecemos los aportes de quienes envían sus artículos y se someten a los procedimientos propios de este tipo de publicaciones —los que muchas veces nos llevan a descartar interesantes aportes—, así como la buena voluntad de los pares que se encargan de que lo divulgado en esta revista se ajuste a rigurosas reglas académicas que aseguran la calidad de lo publicado, y que esperamos nos permita una próxima indexación en el prestigioso sitial de las revistas científicas de nuestro país.

 

Paula Vera Robles

Jefa de la Unidad de Publicaciones y Bases de Jurisprudencia de la Contraloría General de la República