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CHARLA MAGISTRAL SOBRE PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y DERECHO
ADMINISTRATIVO
Organizador:
Contraloría General de la República
Expositor:
Riccardo Ursi
Fecha:
1 de junio de 2023
Lugar:
Contraloría General de la República con transmisión virtual simultánea
La perspectiva jurídica de la eficiencia de la Administración pública
Exposición de Riccardo Ursi1
El
filósofo estadounidense John Rawls dijo que la eficiencia de la organización social es una de las condiciones previas para
conseguir una comunidad humana aceptable. Si eso es cierto, puede decirse que la
eficiencia de la organización de la
colectividad es uno de los requisitos previos para satisfacer los intereses colectivos
y, por lo tanto, desde ese punto de vista resulta ser un problema jurídico.
Con
respecto a la Administración pública, eso se traduce en los momentos jurídicamente relevantes, con arreglo a los cuales el funcionamiento de aquella
1 Es doctor en Derecho de la Università degli Studi di Palermo, profesor
de Derecho Administrativo y de Derecho de la Seguridad Pública de la Università degli
Studi di Palermo.
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Ursi
interactúa,
mediante el derecho positivo, con las condiciones y exigencias consistentes y variables que están relacionadas, de
manera concreta y dinámica, con la realidad efectiva en su dimensión política
predominante.
Esa
introducción muy compleja conduce a una pregunta fundamental ¿de qué hablamos
cuando nos referimos a la eficiencia de la Administración pública?
Eficiencia
es un término muy complejo, ambiguo, indica un criterio de organización que limita los inputs dedicados a un determinado
objetivo en función de un modelo de asignación racional de
los recursos disponibles y de respuestas óptimas de acuerdo con los contextos
existentes (Waldo, 1948: 191).
Esta
es una definición que fue teorizada entre los años 40 y 50 por las doctrinas estadounidenses. La idea de eficiencia como criterio
organizativo dirigido a optimizar la
productividad, basado en la relación entre inputs y outputs, constituye
una especie de postulado para la doctrina jurídica, a partir de finales de los años sesenta.
Esta
idea de eficiencia productiva hoy en día se asume como una connotación etimológica de la eficiencia de la Administración pública. Pero, en su sentido técnico, es,
en su mayor parte, desconocida por el pensamiento liberal del siglo XIX, el
que, sin embargo, no ignora el significado de eficiencia administrativa.
El
filósofo inglés Jeremy Bentham decía que es fundamental, junto con la separación de los poderes, una distribución adecuada de estos y una
capacidad apropiada de los funcionarios que ejercen dichos poderes.
La
eficiencia se manifiesta en la adecuación a un fin, es decir, en la capacidad
potencial de alcanzar un objetivo. No es casualidad que, al menos hasta finales
del siglo XIX, las palabras «eficiencia» y «eficacia» se
consideraron prácticamente como sinónimos.
1. Eficiencia es funcionalidad
En
su dimensión de adecuación, capacidad e idoneidad, el concepto de eficiencia tiene un contenido que se centra en la funcionalidad y se
interpreta, en términos subjetivos, según el carácter y las habilidades del
funcionario y de sus funciones y, en términos objetivos, con referencia a la
capacidad de la estructura organizativa de responder al objetivo de la mejor
manera posible.
Esta
amplia concepción de la eficiencia se encuentra fácilmente en cada evolución del fenómeno jurídico relacionado con la Administración, como
La perspectiva jurídica
de la eficiencia de la Administración pública
expresión
de una evidente funcionalización de la entidad para el desempeño de una tarea de interés público.
2. Eficiencia = funcionalidad
Parece
acertado suponer que la axiomática noción técnica de eficiencia, tan de moda
hoy en día, no es más que una de las varias expresiones de la idea más
tradicional de funcionalidad que, según el contexto histórico, se ha traducido
en un paradigma jurídico correspondiente con las concepciones del rol del
Estado en la sociedad.
Las
escalas de la manifestación jurídica del concepto de eficiencia están marcadas por la evolución de la relevancia del fenómeno organizativo
que ha conocido el sistema administrativo.
3. El Estado liberal
En
el Estado liberal, la Administración es autoritaria, porque tiene que mantener el orden. En este modelo, el sistema es burocrático y su medida de la eficiencia
es la actuación de acuerdo con la ley, porque ella, en este sistema, es la
protección de la libertad individual frente al poder público.
La
Administración tiene la tarea fundamental de actuar de manera imparcial,
siguiendo las reglas abstractas y universales establecidas por la ley,
resolviendo de manera autoritativa los conflictos de intereses.
La
Administración es una máquina hábil, compuesta de engranajes múltiples y
complejos que es intérprete y ejecutora del interés general y objetivo.
Pretender
que la autoridad administrativa solo pueda garantizar la ejecución de la ley significa que
la Administración debe buscar, necesariamente, en un texto legislativo, la
legitimación y el fundamento de su actividad.
Para
el jurista y sociólogo alemán Max Weber, la burocracia es el
modelo eficiente por excelencia, de la cual destaca cinco características:
1)
Se califica por una estructura centrada en el
principio de jerarquía, pues la
Administración fue imaginada como expresión del Ejército.
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146 Exposición de Riccardo
Ursi
2)
Existe un sistema formal de reglas
y reglamentos estables destinados a garantizar
el logro de la uniformidad de las acciones y decisiones.
3)
Se
funda en una división del trabajo basada en las responsabilidades y obligaciones relacionadas con el cargo y en un
alto nivel de especialización.
4)
En
este modelo, la impersonalidad resulta necesaria para las relaciones externas e internas.
5)
Se
destaca una visión del trabajo como profesión y como carrera.
Este
modelo es una fotografía de lo que fue la burocracia alemana, un paradigma que piensa
que la burocracia es perfecta
y racional.
Después
de la Segunda Guerra Mundial, se reveló el fracaso de ese esquema weberiano de la eficiencia, como expresión de una racionalidad formal
de la organización. Ello, por su incapacidad de tener en
cuenta, de manera adecuada, la dinámica de las relaciones
entre medios y fines; así como la interrelación de la organización con el entorno externo.
En
la burocracia weberiana, la adhesión a las normas, concebida en principio como
un medio, se convierte en un fin en sí mismo: el formalismo y, en mayor medida, el ritualismo son el resultado de una insistencia indiscutible
en un sometimiento escrupuloso a las reglas formales.
La
conformidad con las normas, convertida en interés primario, dificulta el logro de los objetivos de la organización.
4. El Estado de bienestar
A
partir de los años treinta del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el paradigma individualista del Estado liberal decimonónico cede el paso a la colectivización progresiva de
las tareas públicas como resultado de la institucionalización de las instancias sociales.
En
Europa, la dimensión del Estado, basada principalmente en el orden y en
dinámicas del mercado dirigidas al desarrollo económico, se ve desafiada
progresivamente por las demandas generadas por la llegada de los grandes partidos de masas, que impulsan hacia un intervencionismo
público orientado a mejorar las
condiciones de vida y a otorgar garantías sociales a las clases menos
acomodadas.
La perspectiva jurídica
de la eficiencia de la Administración pública
El
Estado no solo está llamado a ofrecer servicios públicos tradicionales como el agua, el transporte, la energía o la enseñanza primaria —que existían ya
en el Estado liberal—, ahora, sobre
todo, está obligado a garantizar el derecho al trabajo, la asistencia, la
enseñanza secundaria, la formación profesional, la protección familiar, la maternidad, etcétera.
De
hecho, junto con los derechos civiles y los derechos políticos, los «derechos sociales» se afirman como elementos calificativos de la ciudadanía en
su dimensión de igualdad, no solo formal, sino sustancial.
Un
ejemplo de ello es la Constitución italiana de 1948, redactada después de la
experiencia fascista, en conjunto por marxistas y demócratas cristianos, los
que por el bien común decidieron sentarse y escribir un texto que es el
producto de la mezcla de esas dos ideologías políticas.
Lo
más importante en esa constitución son los trabajadores, de ello da cuenta su artículo 1º que
consigna que Italia es una república democrática fundada en el trabajo.
A continuación, señala que:
Corresponde
a la república suprimir los obstáculos de orden económico y social que,
limitando de hecho la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el
pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los
trabajadores en la organización política, económica y social del país (Costituzione della Repubblica Italiana, artículo 3º, inciso 2).
El
Estado de bienestar implica las garantías del Estado de derecho, pero pide algo más, incluso más que antes, instrumentos jurídicos y
especialmente administrativos que sean adecuados para alcanzar sus fines.
El
problema fundamental es lograr el mayor bienestar posible, mediante un sistema de aparatos y garantías que permitan la equidad
en la distribución de la riqueza, las inversiones más útiles socialmente y la
realización de programas, todo esto en las formas y tiempos más ventajosos para
la comunidad.
Todo ello da por resultado la transformación progresiva del papel del cuerpo
burocrático que, de ser representante de la autoridad y
guardián de las leyes, se convierte en gestor de las actividades programadas,
en una relación constante entre la estructura administrativa y los usuarios
sociales.
El
objetivo final de la Administración pública asienta sus raíces en la máxima satisfacción posible de las necesidades de la comunidad. Un sistema
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de
Administración pública es bueno, en la medida que los organismos administrativos muestran capacidad de respuesta y sensibilidad hacia
las necesidades colectivas.
Para
el Estado de bienestar, el cálculo económico, cuando está en contradicción con los objetivos generales de igualdad sustancial, debe ser revisado
con el menor sacrificio posible de la estabilidad
económica.
La
eficiencia organizativa se califica, entonces, en su dimensión concreta, como
efectividad. Ahora, la legalidad es la efectividad de los derechos, de manera
que la misma expresión «eficiencia» cambia su significado.
Sin
embargo, el cambio en los fines públicos y la relevancia de la organización no han
llevado al consiguiente abandono del modelo burocrático tradicional.
El
modelo burocrático de Administración, desarrollado a lo largo de más de dos siglos en los ordenamientos europeos continentales
—especialmente en Francia, Alemania y también en Italia—, se presenta, a
menudo, como un ejemplo de un sistema de gestión que, a pesar de las
turbulencias políticas que los países han vivido en su historia, ha demostrado ser
capaz de mantenerse estable en el
tiempo.
Este
esquema clásico muestra todas sus limitaciones a mediados de los años setenta, cuando la crisis financiera y la consecuente insostenibilidad
de los costes del aparato público hipertrófico construido
con el Estado de bienestar provoca una imprevista ola de
reformas.
Paralelamente
al desarrollo del Estado de bienestar en Europa, otro actor se mueve en el
escenario público: la Unión Europea o Comunidad Económica Europea, la que
cambia la historia.
5. La eficiencia «europea»
El Tratado de Roma (1957) instituye la
Comunidad Económica Europea, a la cual es asignada «la
misión de promover, mediante el establecimiento de un mercado
común y la aproximación gradual de las políticas económicas de los Estados
miembros, un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas
en el conjunto de la Comunidad» (artículo 2º), cuyo objetivo es «una unión cada
vez más estrecha entre los pueblos de Europa».
La
base teórica del sistema, que se conoce como «ordoliberalismo» —que es un pensamiento económico de la doctrina alemana de los años 30 que se
La perspectiva jurídica
de la eficiencia de la Administración pública
desarrolló
después de la Segunda Guerra Mundial—, señala que el mercado no es
exclusivamente un mecanismo utilitario orientado hacia la eficiencia o un fin en sí
mismo, sino que es un medio para garantizar efectos liberales, favoreciendo la descentralización en las esferas social, política y económica, lo que se denomina economía social de mercado, por la cual
se puede reservar al Estado solo intervenciones complementarias y subsidiarias con
respecto al sistema competitivo.
La
política ordoliberal europea se basa en una doble premisa. En el plano
supranacional, se compromete a garantizar la racionalidad económica y la competencia; en el plano nacional, se colocan las políticas
redistributivas que se pueden perseguir y desarrollar hasta que no afecten las
libertades económicas.
Este
sistema está inspirado en el dicho «Keynes at home, Smith abroad» (Gilpin,
1987: 355), que es un modelo de Europa en «dos niveles»:
1) el económico, enraizado en la idea de
integración y de la
armonización de los ordenamientos
jurídicos de los Estados miembros, en vista de garantizar el mercado único, la
estabilidad económica y el crecimiento; y
2) el social, que se atribuye totalmente a los Estados miembros y que, por
lo tanto, puede desarrollarse de manera diferenciada.
El
último programa económico keynesiano de Francia, del período denominado los «años dorados» del Estado de bienestar —1950-1980—, fue el de 1982,
porque la crisis económica de los años 70 mostró
el problema del Estado de bienestar: que
los recursos no son variables dependientes, sino que son variables
independientes.
Durante
esos años, en la mayoría de los países de Europa continental, se observaban dos políticas. En el ámbito nacional, se implementaban las prescripciones programáticas de las cartas constitucionales de
posguerra, con políticas redistributivas caracterizadas por un intervencionismo
público extremo y por la búsqueda de modelos de desarrollo fundada en el
principio de igualdad sustancial.
Por
su parte, en el ámbito europeo, la jurisprudencia del actualmente denominado Tribunal de Justicia de la Unión Europea emprendía un
fructífero proceso de constitucionalización de los tratados, al moldear las
características del sistema comunitario sobre la base de
la primacía de la competencia y la protección de las libertades económicas. La
constitución económica de los Estados miembros de la Comunidad Europea fue
cambiada, porque dicho tribunal determinó que la norma europea prevalecerá por sobre la norma interna.
Posteriormente, en los años 80, con la crisis financiera del Estado de bienestar
—antes con el Acta única europea en 1986 y después con el Tratado de
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150 Exposición de Riccardo Ursi
Maastricht
en 1992 con la creación de la «unión económica y monetaria»—, se produce un
cambio de rumbo, construyéndose un sistema diferente, un Estado de bienestar
limitado. Aparece la necesidad de armonizar el equilibrio financiero de todos los Estados miembros.
El Tratado de Maastricht
introduce, por primera vez, el vínculo financiero. Se creó el espacio jurídico
europeo que produjo la revisión de la «constitución económica» de los Estados
miembros, que perdieron su capacidad de determinar libremente las áreas de
intervención, lo que se denomina reducción de la esfera pública.
De esta manera, se termina con:
1)
el sistema basado en el endeudamiento del Estado y
su preferencia por el ahorro interno como medio de financiación;
2)
la
subvención
estatal,
directa e indirecta, del sistema productivo;
3)
el
uso generalizado de la Administración y de los entes públicos como amortiguadores sociales.
Con
el Tratado de Maastricht la relación
entre el Estado y el mercado se invierte. Antes de esa
convención, el Estado debía dirigir, en lugar del mercado, la prestación de servicios
de bienestar y la corrección política del mercado, cuando
este interfiriese con la satisfacción de las necesidades primarias de los ciudadanos y con las necesidades colectivas.
Después
del tratado, el mercado tiende a responder a cada instancia de bienestar social solo si se le atribuye el poder de desarrollar
plenamente la libre competencia. Por lo tanto, el Estado debe limitarse a
intervenir con el exclusivo propósito de eliminar todo tipo de obstáculos para
el despliegue completo de la competencia, es decir, se transforma en un «Estado
regulador».
El
propósito social y la justicia sustantiva, superpuestos jerárquicamente a la protección de las libertades económicas, pierden su carácter absoluto y
se colocan en una situación de igual estatus.
6. El advenimiento del gerencialismo administrativo
Junto
a ello surge una dificultad ¿cómo mantener los niveles de derechos sociales
previstos por la Constitución sin poder endeudarse libremente? El problema es la administración de los recursos dados y cómo la
Administración logra trabajar eficientemente.
La perspectiva jurídica
de la eficiencia de la Administración pública
Los
teóricos del New Public Management plantean una solución. Se debe
construir una Administración más eficiente, capaz de invertir bien y rápido los recursos que se le confían; una Administración empresarial que
centra su atención en los resultados y no solo en el respeto a las normas.
Este
punto de vista se convierte en un factor de cambio real, dado que las
organizaciones que miden los resultados de su actividad descubren que los datos
que obtienen son capaces de transformarlas. En el gerencialismo, la Administración tiene que dirigirse a la lógica de resultados y la
administración por objetivos; cuando esté previsto el uso de recursos
financieros, la eficiencia es ahora productividad.
El
principio de eficiencia, en su significado técnico de la relación entre coste y
resultado, se conforma, en el contexto de la Unión Europea, como un parámetro jurídico para evaluar la gestión de la Administración. Exige tanto el
empleo económico de los recursos como el mantenimiento de las intervenciones
realizadas entre coste y eficacia.
Se promueve
un modelo de management público de carácter racional
que, a diferencia del sistema burocrático tradicional, no se basa en la aplicación de las reglas, sino en la omnipresencia de
los supuestos de valor y en el interés por maximizar la eficiencia dentro de la
Administración pública.
La Administración debe alejarse del modelo burocrático weberiano para acercarse a formas racionales de gestión que proceden del sector
privado y que conducen a considerar el uso de recursos destinados al sector
público en aras de la productividad.
El paradigma neogerencial se identifica por siete puntos:
1) el reconocimiento del carácter profesional de la Administración
mediante la atribución de mayor responsabilidad y autonomía a los ejecutivos,
con una mejora de las habilidades gerenciales;
2) la adopción, por parte de la Administración pública, de parámetros e indicadores de valoración de la actividad en términos de calidad y
eficiencia;
3)
el
control de los outputs y de los servicios suministrados;
4) la descentralización de la estructura organizativa, funcionalmente
destinada a la creación de unidades manejables
caracterizadas por la separación entre provisión y producción;
5) un estilo de gestión típico de las empresas que favorece la competición
y la competencia con el sector privado;
6)
el
uso del ahorro en la asignación de recursos;
7)
un
fortalecimiento de
la autodisciplina por parte de los empleados públicos.
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152 Exposición de Riccardo Ursi
7. Resistencia de la tradición burocrática
En
Europa continental —en particular, en Francia, Alemania e Italia—,
gracias a un sistema jurídico superestructural basado en el derecho administrativo,
la adhesión a los cánones del New
Public Management tiene no solo un ritmo más lento que aquel propio del
mundo anglosajón, sino que es el resultado de un complejo proceso de
contaminación de un esquema organizativo extremadamente formalizado,
caracterizado por prácticas de gestión consolidadas y calificado por una cultura
administrativa fuertemente vinculada
a los dogmas tradicionales.
Las
recetas neogerenciales han experimentado una «mutación genética» fuertemente
vinculada a algunos parámetros del sistema burocrático. La primacía tradicional
del sistema jurídico como factor de racionalidad de la Administración ha
condicionado el nuevo rumbo gerencial en términos de hibridación.
El gerencialismo nació para flexibilizar la burocracia y el resultado es la
burocratización del gerencialismo.
Con
un nuevo lenguaje y parámetros de referencia actualizados, la primacía de la regulación
normativa del derecho administrativo sigue siendo, en virtud de su capacidad
predictiva, la principal herramienta para vehicular los cánones de la buena administración.
La
transcripción jurídica modifica tanto la naturaleza de los preceptos gerenciales, como su consistencia y su contenido. Los preceptos
gerenciales son esencialmente flexibles y cambiantes, y varían según el tipo de
organización y los diversos contextos. Una vez enmarcados en normas jurídicas,
pierden su plasticidad y adaptabilidad hasta el punto de que una codificación
parece ser incompatible con la racionalidad gerencial.
8. La lex fiscalis europea
El
mantenimiento de una política presupuestaria responsable, mediante un sistema rígido, se considera decisivo
para el funcionamiento de la unión
económica y monetaria, siendo menos indicativas las
variaciones de la tasa de cambio y de los tipos de interés
de los títulos de la deuda pública, según los cuales, los responsables de la política
fiscal de un país podrían
incurrir en un déficit mayor que el permitido.
La
razón por la que los países europeos aceptaron tales limitaciones financieras,
inéditas y de alguna manera heterodoxas, con respecto tanto
a las tradiciones
La perspectiva jurídica
de la eficiencia de la Administración pública
estatales como al sistema
trazado por la evolución de los tratados
antes del cambio de Maastricht, puede explicarse desde el punto de vista de la
reputación, en un sistema intergubernamental, la credibilidad y el poder de
negociación de cada gobierno pueden depender de la reputación entre sus pares.
8.1.
Los criterios de Maastricht
1) El déficit presupuestario de las administraciones públicas no puede representar una cantidad mayor que el 3 % del PIB
al final de año precedente. Excepcionalmente puede admitirse a un país con un
déficit mayor del 3 %, siempre y cuando se mantenga cercano a esa proporción y
se prevea que disminuya próximamente.
2)
La deuda pública no puede representar una cantidad
mayor que el 60 % del PIB. Si la deuda
es mayor que un 60 %, el país puede ser igualmente admitido dentro de la eurozona, siempre y cuando
la trayectoria de la ratio
sea convergente y cercana al límite. En la práctica, este criterio es
generalmente omitido a la hora de aceptar a un país dentro de la eurozona, pues
en el momento de crear el euro había muchos Estados que no lo cumplían.
Para
ejecutar este modelo, se creó el denominado «pacto de estabilidad y crecimiento», introducido en 1997 como aplicación de las normas del tratado y del protocolo sobre el déficit excesivo.
Se trata de un instrumento jurídico económico para
construir una especie de armadura para la moneda y su
gobierno, en formas diferentes a las de un gobierno político, quitando a los
Estados miembros aquellos niveles adicionales de libertad en conflicto
potencial con el proceso de unificación monetaria. Por ello, suele decirse que,
en el eurosistema regulado por el pacto de estabilidad, los que gobiernan son
los números (Supiot, 2015).
Los
parámetros de Maastricht, aunque se expresaron de manera más o menos estricta
en las dos primeras ediciones del pacto de estabilidad, se conectan con la
capacidad de endeudamiento de la Administración y la cantidad de recursos disponibles, lo que permite idealmente un financiamiento deficitario de
los niveles de efectividad de las prestaciones cuando es
sostenible, dado el marco económico general.
8.2.
La
crisis financiera de 2009
Con
la crisis financiera de 2009, la gobernanza económica europea reveló no solo su
insuficiencia para enfrentar situaciones de impago sistémico complejas e imprevistas, sino
que, sobre todo, la diversidad estructural de las finanzas públicas de los Estados miembros y las diferencias en el desempeño
económico, fiscal y financiero, que se vuelven
insostenibles para el mantenimiento del sistema concebido en Maastricht.
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154 Exposición de Riccardo Ursi
El
increíble aumento del gasto público en países ya afectados
por déficits cíclicos estructurales llevó a la posibilidad concreta de impago y
a la consiguiente exposición de toda la Eurozona. La escasa sostenibilidad de las
políticas públicas, administradas sin el respeto de los vínculos financieros y
el funcionamiento imperfecto de los mecanismos económico-jurídicos establecidos
para proteger la Unión Económica y Monetaria derivó en la necesidad, ante la
emergencia, de establecer una nueva gobernanza económica europea.
8.3.
Nueva gobernanza económica
Esta
nueva gobernanza económica construida —apresurada y repentinamente— en el trienio 2010-2012, sigue
dos líneas o directrices que se resumen
en los principios de
condicionalidad y de estricta sostenibilidad en relación con los parámetros
preestablecidos:
1) El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, de 2012.
El
llamado flscal compact requiere el compromiso de las partes contratantes
de introducir la regla del equilibrio presupuestario en sus constituciones o en
la normativa del mismo rango.
2) El parámetro de la deuda pública adquiere un valor prominente en comparación con el déficit y establece la necesidad automática de
volver dentro de un límite fijado a través de una
reducción del nivel de deuda a un ritmo promedio de una veinteava
parte al año. Así, la relación entre la
adecuación de los recursos y el nivel de los servicios prestados por el sistema
administrativo se altera definitivamente.
8.4.
La
eficiencia
como ahorro
La
lex flscalis ya no es solo la guardiana de la austeridad económica, sino
que se
convierte en la portadora de la eficiencia, en la medida en que coincide,
precisamente, con la legalidad económica que se sustancia en parámetros numéricos y está protegida por órganos que no responden políticamente.
En efecto, ni la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
ni el Parlamento Europeo responden políticamente.
Ya
no se modela la capacidad de responder a las necesidades colectivas a través de
recursos abstractamente necesarios, sino más bien se modela la efectividad del sistema organizativo a través de la capacidad de
contener los recursos, de manera que la dimensión de los
intereses a cuidar y las tareas públicas relacionadas
tienen el valor de variable dependiente.
El paradigma jurídico de la productividad cede el paso a la economicidad, es decir, a la capacidad prioritaria de contener el gasto público. La eficacia y el
La perspectiva jurídica
de la eficiencia de la Administración pública
resultado
de la gestión quedan degradados a mera variable dependiente de la función de coste sostenible.
El
criterio de la economicidad, unido a la sostenibilidad del endeudamiento, implica inevitablemente una conformación de la eficiencia posible que, de hecho, es desgajada de la funcionalidad y ligada principalmente al ahorro en la gestión.
Con el advenimiento de la economicidad y la deriva
neoweberiana de las reformas
administrativas, el espíritu legalista —que siempre ha inspirado la Administración— parece haber recobrado vida e incluso
legitimidad constitucional en las
limitaciones financieras de matriz europea.
La
primacía de la economicidad denota una forma de legalismo de la eficiencia
entendida como exquisito cumplimiento de las normas de ahorro y reducción de la deuda pública.
Para
el funcionario, lo importante es no sobrepasar los límites legales de gasto y no tanto prestar
un servicio o desarrollar una función.
Este
modelo operó hasta 2020, pero, con la llegada de la pandemia por COVID-19, Europa decidió suspender el pacto de estabilidad social por
seis años e instituir un sistema de gasto público europeo.
Ahora la Administración tiene que gastar, hacer un
esfuerzo ante una economía muy impactada por el COVID-19; sin embargo, después
de 20 años bajo un sistema de restricción de gastos, hay recursos, pero no la
capacidad de las personas de cómo gastar. Actualmente se trabaja en una reforma para fortalecer la «capacidad administrativa», que incluye el reclutamiento de nuevo personal, ¿habrá éxito? Por ahora no se
puede saber.
Referencias
• Assemblea Costituente. (1948). Costituzione della Repubblica Italiana. Normattiva,
il portale della legge vigente. https://www.normattiva.it/uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27!vig=
• Gilpin, R. (1987). The
Political Economy of International Relations. Princeton
University Press.
•
Supiot, A. (2015). La gouvernance par les nombres. Fayard.
• Tratado de Roma (1957). Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/oj
•
Waldo, C. D. (1948). The Administrative State. Ronald Press Company.
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