Estimados lectores:
Una vez más tengo el privilegio de presentar a ustedes un número de la Revista Chilena de la Administración del Estado, que en esta oportunidad cuenta con un especial énfasis en temáticas relacionadas con la contratación pública. En efecto, en esta decimoquinta publicación, se incorporan las actas del Primer Seminario Internacional de Contratación Pública ---Santiago, enero de 2026---, organizado por universidades nacionales y extranjeras, con la colaboración de la Contraloría General de la República.
Al respecto, conviene recordar que, cada año, la Administración adquiere bienes y servicios por montos que ascienden a miles de millones de pesos. De acuerdo con los datos entregados por el portal Mercado Público, la suma total de compras a través de dicha plataforma electrónica subió de $ 8.141.600.896.708 en 2019, a $ 18.430.546.563.769 en 2025, representando, por ende, varios puntos del producto interno bruto de nuestro país. Lo anterior conlleva riesgos si no se adoptan las medidas para contar con un sistema sano de contratación, que no solo garantice la adecuada protección de sus principios rectores ---como la libre concurrencia de los oferentes o la estricta sujeción a las bases---, sino que también aquellos que inspiran todo el derecho público chileno, como son la probidad y la transparencia.
Para ayudar en ese propósito, la Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica y de su Centro de Estudios de la Administración del Estado, está preparando diversas actividades ---el referido seminario internacional sirve de precedente--- que buscan instruir a la Administración y a la comunidad en general en el correcto entendimiento de la normativa y de los principios que informan la contratación pública, además de abordar ciertas materias de especial importancia práctica.
Junto con otros interesantes y atingentes artículos, entre los trabajos publicados encontrarán una reflexión sobre los límites y alcances de la obligación funcionaria de observar una vida social acorde a la dignidad del cargo, la cual resulta cada vez más crucial en la función pública, pues cada cierto tiempo se ventilan casos ---en medios de comunicación y redes sociales--- que ponen en entredicho su cumplimiento.
Asimismo, desde México nos llegó un artículo sobre gobernanza digital especialmente valioso, tema de alta contingencia relacionado con la eficacia de los procesos de modernización gubernamental como estrategia para reducir las desigualdades urbanas, particularmente en estos tiempos en que el acelerado avance experimentado por la inteligencia artificial nos ha hecho cuestionarnos la forma de abordar muchas materias.
Esta última cuestión me permite abordar los fines de la Revista Chilena de la Administración del Estado. Ella es un producto de las ciencias sociales y su especialidad son los temas de la Administración, que se nutre del conocimiento tanto teórico como empírico de los autores en las áreas que constituyen su objeto de estudio, lo cual la vuelve única dentro de la comunidad científica nacional. Por ello, sin desmerecer la importancia creciente de las herramientas de inteligencia artificial, creo firmemente que la reflexión humanista pausada y la observación atenta de la realidad, plasmadas en los artículos que publicamos semestre a semestre en nuestra revista, constituyen un valioso aporte de la Contraloría General de la República al estado del arte de la gestión pública, en los aspectos que le son consustanciales.
Por último, quiero agradecer a los autores que han colaborado en la presente edición, pues su inestimable ayuda mantiene a nuestra revista en el nivel de excelencia que la ha caracterizado durante estos ya ocho años de vida.
Con sincera y genuina consideración,
Cristian Oliver Gómez
Jefe de la División Jurídica
Contraloría General de la República de Chile